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La firma

Yo sí te creo

"Justicia, hermana, yo sí te creo"

(Diseño: Laura Marín/E&J)

Director de Economist & Jurist

Tiempo de lectura: 4 min



La firma

Yo sí te creo

"Justicia, hermana, yo sí te creo"

(Diseño: Laura Marín/E&J)



Lo que antes era un atosigamiento quizás disimulado entre las bambalinas del Congreso, la hipérbole televisiva y el canutazo, ahora parece que a todos nos es descubierto: el Poder Ejecutivo está manoseando al Judicial. Y ni el periodismo de trinchera, acostumbrado a retorcer el argumento con la flema del politiqués, esto es, incorporando al gremio los códigos lingüísticos del acosador, parece convencer ni al doctrinario ni al bisoño.

El 23 de octubre de 2020 fue presentada ante la Cámara Baja una proposición de ley -finalmente aprobada en marzo del año siguiente-, que impidió que el Consejo General del Poder Judicial pudiera “participar en la selección de Jueces y Magistrados” cuando el órgano se encontrase en funciones, como era y es el caso. El pretexto del Gobierno era, entonces, que algo que incumbía a uno de los tres poderes del Estado, tan esencial como el turno del Poder Judicial, necesitaba un acuerdo de las fuerzas políticas -ellos le llaman consenso- que no había tenido lugar. La tesis, pese a generar recelo, podría incluso llegar a ser creíble. Si no fuese por lo que sabemos ahora.



Ahora, después de más de un año, el Ejecutivo pretende volver al estado anterior reestableciendo las funciones del Poder Judicial para que sí pueda elegir a dos de los miembros del Tribunal Constitucional. ¿El motivo? Justo el pasado 12 de junio, cuatro de sus 12 magistrados -el presidente, Pedro González-Trevijano; el vicepresidente, Juan Antonio Xiol Ríos; Antonio Narváez; y Santiago Martínez Vares– agotaron su mandato. La renovación le correspondería al citado CGPJ y al Gobierno, que también elegiría a dos nuevos magistrados. De los cuatro salientes, tres son de tendencia “conservadora” y uno “progresista” (Xiol-Ríos). La nueva elección por parte del Gobierno alteraría por completo el statu quo de nuestro tribunal de garantías, pues los entrantes serían, previsiblemente, tres de tendencia progresista y uno de tendencia conservadora (la elección del CGPJ no suele alterar el equilibrio del tribunal). Y la mayoría de magistrados, por lo tanto serían, si se consuma el plan del Gobierno, de tendencia progresista (siete a cinco).

Algunos medios de comunicación sostienen que Cándido Conde-Pumpido podría ser el próximo presidente del Tribunal Constitucional (Foto: EP)

Si las personas, al ser acosadas, acuden a una comisaría para interponer una denuncia, las instituciones maniobran. Y en un intento desesperado por evidenciar el tocamiento, el propio CGPJ ha convocado un pleno urgente el próximo lunes 11 de julio -adelantándose al pleno del día 21- para intentar frenar la hoja de ruta de Moncloa. El objetivo es presionar al Gobierno para que el Poder Judicial pueda valorar esta reforma exprés a través de un informe que, entienden desde el CGPJ, debería ser preceptivo. Esto permitiría señalar ante el foro que, aunque el Ejecutivo consume sus intenciones, no cuenta con el apoyo de los jueces. Y aunque de forma estética -pues no tiene capacidad para frenar la aprobación de la norma-, lograría al menos obstaculizar el avance del ardid y generar el marco conceptual de que “el Gobierno actúa solo” sin contar con el apoyo del poder del Estado que precisamente va a ser reformado. Además, esto desbarataría los planes del Ejecutivo, que pretendía valorar la reforma durante el debate del estado de la nación (12 al 14 de julio), en el que ahora se discutirá con la negativa de los jueces encima de la mesa.

Si las víctimas de acoso tienen a su disposición un teléfono para ser atendidas, el Poder Judicial tiene su particular vía de auxilio: Europa. Sabemos que nueve de los vocales del CGPJ pretenden trasladar a la Comisión Europea esta reforma, tildada por ellos mismos como “contradictoria e incoherente”. Ya en 2020, como consecuencia de la primera reforma de la LOPJ que el Gobierno quiere ahora revertir, el Ejecutivo comunitario liderado por Úrsula Von der Leyen reclamó al Gobierno de España que para tal modificación se debería consultar a todos los órganos implicados en el proceso, tanto domésticos – el propio CGPJ- como comunitarios –Comisión de Venecia, encargada de velar por el respeto a la ley en las reformas judiciales. “Las reformas de los sistemas judiciales en los Estados miembros deben hacerse siempre en consulta con todas las partes relevantes, incluida la Comisión de Venecia”, subrayaba Christian Wigand, portavoz del departamento de Justicia de la Comisión Europea. Estamos, por lo tanto, ante un proceso que, además de inmoral, podría contravenir la normativa comunitaria.

Christian Wigand, portavoz del departamento de Justicia de la Comisión Europea (Foto: Comisión Europea)

Las víctimas, en ocasiones, siguen mostrando algún tipo de vínculo emocional con su castigador. Y es que, según apunta La Razón, el CGPJ no trasladará a la Comisión Europea la nueva reforma que planea Moncloa, siendo Carlos Lesmes, actual presidente del Poder Judicial, reacio a elevar a una dimensión comunitaria un problema, a su juicio, netamente doméstico.

No obstante, y como posible corolario a tan ominoso proceso, el pleno del CGPJ podría, en caso de que el Gobierno logre turnar a los magistrados del TC, denegar su nombramiento, algo que parece ser la opción más viable en este momento. Algo así como si la víctima, en un claro alarde de valentía, decidiera cambiar la cerradura de la puerta.

Dos reformas. Ambas contradictorias, pero igualmente bastardas: una para presionar al partido de la oposición a que negocie la elección de magistrados; y otra para alterar el equilibrio de fuerzas del Tribunal Constitucional al socaire del Gobierno.

Y una magnifica ocasión para que la justicia, muda y rota, encuentre en nuestra voz la contundente derrota que merece el hostigador: que no queremos sus ramos de flores en sede parlamentaria. Y que hermana, «yo sí te creo».

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