A la espera de una posible reforma del registro horario, las horas extra sin pagar superaban los 2,8 millones a la semana

La vuelta a la actividad tras el periodo vacacional volverá a situar la reducción de la jornada laboral, fruto del pacto del Gobierno con los sindicatos en diciembre del 2024, como uno de los elementos claves de la actividad parlamentaria en los próximos. Para muchos expertos consultados por este medio, es la medida clave de la legislatura.

Ante la incertidumbre de su aprobación en el Congreso por el escaso apoyo que tiene la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se da por hecho un endurecimiento del registro de jornada horaria para controlar las horas extraordinarias. La propia Díaz hablaba de aprobar con rango reglamentario el pasado mes de julio en declaraciones a la cadena SER.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre de 2024, se realizaron un total de 2,8 millones de horas extra a la semana no pagadas, un aumento del 12,6% respecto al año anterior. En los últimos años, están aumentando las horas extra pagadas mientras que las no pagadas se mantienen algo estancadas desde 2017, en un contexto en el que en cualquier caso hay más personas trabajando.

En este contexto los datos del INE reflejan que  el número de horas extra ha disminuido desde que entró en vigor el registro horario en más de 553.300 horas semanales, aunque ha aumentado en cerca de 200.000 el número de trabajadores que dicen realizarlas. Se ha pasado de 6,43 millones a finales de 2018 hasta los 5,88 millones al término de 2024. Este recorte se ha dado tanto en las horas extra pagadas, con 157.000 menos, como en las no pagadas, con 397.000 menos.

Del millón de trabajadores que hacían horas extra, 389.600 personas, casi el 40%, no eran remunerados por ese tiempo de trabajo, una tasa ligeramente inferior a la que había en 2018 (42%). Por el contrario, 551.100 empleados, el 53% de los que hacían horas extra en 2024, sí percibían una compensación a cambio, y un 7% sólo a veces, frente al 52% que sí realizaban horas extra pagadas en 2018 y el 5%, a veces.

Casi al mismo tiempo, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios de la Organización Internacional del trabajo (OIT), señalaba en su último informe al gobierno español la necesidad de reducir la jornada laboral máxima al día en España, de 9 horas a 8 horas por ser excesiva, e incrementar al menos en un 125% del salario de la hora ordinaria, las extraordinarias que se hagan.

En marzo de 2019 fue aprobado el Real Decreto-ley de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, que incluyó, entre otros temas, la obligación de llevar un control efectivo del horario de trabajo. Al detectarse disfunciones en su aplicación, el Gobierno introdujo en la reducción de jornada una reforma del registro más ambiciosa.

Ahora, las empresas tendrán un plazo de seis meses para adaptarse al nuevo registro de jornada digital, según la normativa que regulará la reducción de la jornada laboral. Este plazo comenzará a contar desde la entrada en vigor de la ley. Se espera que ese periodo de adaptación lo mantenga Trabajo si la aprobación es mediante el decreto anunciado por Díaz.

Las empresas tendrán que adaptarse a un registro digital interoperable nuevo en el plazo de seis meses. (Imagen: E&J)

Récord de multas

El tiempo de trabajo es uno de los principales focos de abusos laborales. En 2024, la Inspección de Trabajo impuso un nuevo récord de multas por infracciones en el registro de jornada, el tiempo de trabajo y las horas extraordinarias, que alcanzó los 20,2 millones de euros, responden fuentes del Ministerio que dirige Yolanda Díaz.

En Trabajo destacan también que se superó un nuevo techo de empleados y empleadas afectados por las infracciones destapadas por la autoridad laboral: 200.105 personas.

Desde la inspección de trabajo se alerta de que hay muchas empresas que todavía no tienen registro de jornada. Hay casos en que no están los registros el día de la visita al centro de trabajo, pero luego los fabrican para la Inspección. O muchos registros en los que no se pone la hora real, sino la del contrato, de 9 a 14:00 todos los días, por ejemplo. Se hacen visitas a mitad de mes y ya tenían el registro rellenado del mes completo en algunas empresas.

Tanto Trabajo como los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) han defendido que la reforma del control horario es fundamental para evitar que la reducción de la jornada laboral quede en papel mojado. Y es así porque en muchas empresas no se cumple, denuncian, o se aplica de manera fraudulenta.

Desde CCOO consideran que el registro de jornada es una herramienta fundamental para garantizar los derechos laborales y la transparencia en el ámbito laboral.

Destacan que el registro permite a los trabajadores controlar su tiempo de trabajo, verificar el cumplimiento de la jornada y reclamar horas extraordinarias, además de facilitar la conciliación familiar y el derecho a la desconexión digital. CCOO también enfatiza la importancia de que el registro se realice de manera correcta y que las empresas cumplan con la obligación de almacenarlo durante cuatro años, según el Ministerio de Trabajo.

El sindicato también señala que el registro de jornada debe ser negociado con la representación de los trabajadores, y que existen medidas más moderadas para llevar a cabo este registro con igual eficacia y menor riesgo, según CCOO. Además, la organización sindical ha lanzado campañas de información para explicar a los trabajadores sus derechos en relación con el registro de jornada y las consecuencias de no cumplir con la normativa.

Por su parte el vicesecretario general de Política Sindical del sindicato UGT, Fernando Luján, ha incidido en la necesidad de tramitar el proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, porque «no es aceptable» que cada semana se hagan 6 millones de horas extraordinarias, 3 millones sin pagar.

«Tres millones de horas extraordinarias semanales ni se abonan, ni se cotizan, ni contribuyen a el sistema fiscal que nos tiene que proteger a todos», ha dicho Luján tras el primer comité confederal desde el congreso de noviembre, que se ha celebrado bajo el lema ‘Trabajar menos para vivir mejor’.

El sindicato ha puesto el foco en dos aspectos del proyecto de ley más allá de la reducción de horas de trabajo, como son la desconexión digital para respetar los periodos de descanso de los trabajadores y el registro efectivo del tiempo de trabajo.

Fernando Lujan y Pepe Álvarez, vicesecretario y secretario general de UGT, denuncian la situación de impago de tantas horas extraordinarias. (Imagen: UGT)

CEOE y CEPYME, rechazo frontal

Desde las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME mantienen su posición de rechazo  a la reducción de jornada laboral y al propio registro de jornada horaria, que ahora será digital e interoperable para que la Inspección de Trabajo tenga en tiempo real los datos de las empresas.

Desde estas entidades se muestra la preocupación por este nuevo registro aún más intervencionista que va a suponer un coste elevado para la mayoría de las empresas, muchas de ellas pymes, que lo quieran poner en marcha. Por el momento, el Gobierno negocia en el parlamento la reducción de jornada, pero no se ha llegado al extremo de ofrecer algún tipo de ayuda a las pymes para sufragar este nuevo registro de jornada.

Para Rosa Santos, directora de empleo, diversidad y protección social de CEOE, se ve la reducción de la jornada laboral como un factor que dificulta la negociación colectiva y podría generar problemas en la gestión de los recursos humanos.

Sobre el registro horario, la patronal empresarial considera que el sistema actual de registro horario da demasiado poder al trabajador para definir su  tiempo de trabajo, lo que podría llevar a malas interpretaciones y conflictos. Desde su punto de vista, considera que las empresas, especialmente las pymes, enfrentan un desafío importante para adaptarse a las nuevas exigencias del registro horario.

La CEOE advierte que las multas por incumplimiento del registro horario pueden ser elevadas, lo que aumenta la presión sobre las empresas. La diferencia con otras sanciones es que la multa se contabiliza por cada trabajador en caso de ausencia de fichaje, falta de visibilidad de horas extras o vacaciones y falsificación de datos.

En principio, en ese listado de sanciones, se habla de error de bajo impacto hasta 2.000 euros; medio impacto hasta 5.000 euros y de alto impacto o falta fichaje hasta 10.000 euros. Por esto es importante conseguir un buen sistema, ya que, cualquier fallo puede tener como consecuencia una multa de 10.000 euros.

El nuevo registro de jornada abre otro frente de debate entre patronal y sindicatos donde no será fácil encontrar una solución. (Imagen: E&J)

Mayor vigilancia a las empresas

En los últimos años, Trabajo ha intensificado mucho la vigilancia del cumplimiento del tiempo de trabajo, entre otras materias. “Casi la mayor parte de la actuación de la Inspección de Trabajo se centra en irregularidades sobre la jornada laboral”, apuntó la vicepresidenta Yolanda Díaz en una de sus últimas comparecencias.

En concreto, en 2024 se realizaron 9.097 actuaciones sobre el registro de jornada, que se desplegó en mayo de 2019. Ese año, las actuaciones fueron algo más de 2.600. Fruto de estas pesquisas, se detectaron 1.869 infracciones el año pasado, que derivaron en “2,99 millones de euros” en sanciones, señalan.

Además, en materia de “tiempo de trabajo y horas extraordinarias”, la Inspección de Trabajo realizó 38.686 actuaciones, que destaparon 13.681 infracciones, sancionadas con “17,2 millones de euros”.

En total, las sanciones por los abusos en la jornada sumaron así algo más de 20 millones de euros en 2024, un nuevo techo respecto a los 18,6 millones de euros en multas del año anterior, lo que supuso un aumento de casi el 9%.

Se quiere intensificar el control horario y las sanciones. El proyecto de ley para reducir la jornada máxima de trabajo a las 37 horas y media, ahora en negociaciones antes de llevarla al Parlamento, incluye precisamente una segunda derivada centrada en evitar las irregularidades y los incumplimientos de los horarios: el refuerzo del registro de la jornada y el endurecimiento de las sanciones por incumplirlo.