«El ruido mata y perjudica la salud»: distintas asociaciones protestan ante el incumplimiento de la ley

Con la advertencia de que «el ruido mata», más de 2.600 asociaciones y entidades nacionales han comenzado a movilizarse en una campaña de concienciación para exigir a las administraciones públicas el cumplimiento de las leyes y las sentencias contra la contaminación acústica, dado que la situación en España «continúa empeorando año tras año».

Entre estas asociaciones destacan Juristas contra el Ruido, entidad que agrupa a abogados especializados en estos temas; Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales; Federaciones de Asociaciones contra el Ruido; Sociedad Española Acústica y Federación de Asociaciones Contra la Contaminación Acústica y en Defensa del Patrimonio Histórico (Facuspat).

La idea, advierten estas entidades, es «informar debidamente a la población sobre los daños que la exposición al ruido puede ocasionar», puesto que «más allá de una simple molestia», reduce de forma considerable la calidad de vida, así como los derechos fundamentales de las personas expuestas, hasta el punto de que puede llegar a «matar».

Para Yomara Garcia, presidente de Juristas contra el Ruido y portavoz de esta Campaña contra el Ruido 2023, “el problema del ruido ha ido creciendo exponencialmente en nuestro país. Así lo demuestran los datos del Instituto de Salud Carlos III según los cuales, solo en la Comunidad de Madrid, el ruido del tráfico figura como «una variable relacionada con los ingresos hospitalarios de salud mental de urgencia en general para todos los grupos de edad» y se vincula con unos 6.000 ingresos urgentes y unas 500 muertes cada año”.

Yomara García, presidente de Juristas contra el Ruido y una de las portavoces de la campaña (Foto: Juristas contra el Ruido)

Desde esta asociación de abogados, creada en 2001 con especialistas en la materia para influir en la ley estatal que se crearía dos años después, “el ruido y la contaminación acústica es más que una molestia, es un tema de salud pública”.

“Las personas afectadas por el ruido en sus viviendas ven afectados sus derechos fundamentales como el derecho a la intimidad personal; el derecho a la inviolabilidad del domicilio, artículos 18.1 y 2 de la Constitución porque te impide realizar una vida tranquila. Y esos derechos fundamentales son de protección preferente. Están en la cúspide y en la base estarían otros como el derecho a la libertad de empresa o el ocio que no deben ponerse al mismo nivel”, aclara su presidenta.

El ruido y la contaminación acústica es más que una molestia, es un tema de salud pública

Para esta jurista es urgente exigir a las Administraciones Públicas competentes el cumplimiento de las leyes y las sentencias, que han sido dictadas con la finalidad de proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía, defender la salud y la inviolabilidad de sus domicilios: “No hacen nada, hacen la vista gorda. No es eficaz ni adopta medidas preventivas y correctoras”.

Eso genera que “se judicialicen muchos estos asuntos. No hay conciencia sobre la prevención que en derecho medioambiental es importante. Se actúa ante la resolución judicial o en situaciones graves como es el de las terrazas que de ser algo excepcional, es algo habitual en muchas de nuestras calles. Se ensanchan áreas para que las terrazas tengan mas espacio lo que perjudica a los vecinos afectados”.

El ciudadano, indefenso ante el ruido

Habitualmente cuando hay un problema de ruido “el vecino llama a la policía y esta no acude, presenta una denuncia en el ayuntamiento y se deja caducar el expediente, tampoco realiza inspecciones. Hay que insistir en reiterar la denuncia y se permite que la actividad siga abierta, pese a que supere los límites de decibelio y que en algunos casos no tiene licencia, pero no pasa nada. El ciudadano esta en una indefensión absoluta y acaba en la vía judicial”.

Sobre las resoluciones judiciales nuestra interlocutora señala que “cuando se presenta las pruebas y daños de los afectados suelen tener la consideración de fallar a favor en sus sentencias. Es importante que se hagan mediciones, que la policía haga ese trabajo, pero el problema es que las distintas administraciones no hacen cumplir la norma”.

Panorámica de una calle del casco histórico del barrio Triana de San Telmo en Las Palmas donde las terrazas impiden (Foto: Pepa Sanchez)

La no actuación de la Administración “se puede considerar un delito de prevaricación por omisión que suele ir junto a otro delito contra el medio ambiente si se reclama por vía penal. Puede haber penas de prisión o de inhabilitación para esos cargos públicos, así como prohibición que se hagan esas actividades junto a alguna indemnización”.

Junto a ello se puede ir por vía civil y por la contenciosa administrativa si es contra ese Ayuntamiento que no hace su trabajo de supervisar y frenar los problemas del ruido. En ambas jurisdicciones se reclaman indemnizaciones y en el contencioso se le pide a esa Administración que adopte medidas correctoras. También podrían revocar las licencias de loe establecimientos.

Se puede considerar un delito de prevaricación por omisión que suele ir junto a otro delito contra el medio ambiente si se reclama por vía penal

Respecto a las indemnizaciones recuerda que se pueden reclamar daños morales, personales y materiales: “Materiales tiene que ver con las medidas que hemos introducido en casa para frenar el ruido, como cambiar ventanas u otras reformas, al mismo tiempo estos inmuebles pueden llegar a perder valor por el ruido que soportan”.

En cuanto a los daños personales, “ese problema de contaminación acústica me ha generado problemas de salud física o psíquica que se puede cuantificar o reclamar. Y los morales es en cuanto a la vulneración de los derechos fundamentales que se ha producido durante ese tiempo”.

Al final es el juez quien hace el cómputo de esos daños en la sentencia “por desgracias las indemnizaciones son escasas. Todo depende de cada caso concreto, en función de la prueba y de la intensidad del problema. Contamina en este país sale barato. Al ciudadano lo que sobre todo quiere es que cese ese ruido.  En muchos casos a estas empresas les compensa pagar la multa por trabajar de forma fraudulenta en fin de semana”

Se pueden reclamar daños morales, personales y materiales

Campaña contra el ruido

La Organización Mundial de la Salud indica que más de mil millones de jóvenes están en riesgo de padecer pérdida auditiva. El ruido se relaciona con la demencia, ictus, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, depresión, ansiedad, absentismo laboral y escolar, ingresos hospitalarios, depreciación de viviendas, y un largo etcétera.

En el marco de la campaña se han programado diversas actividades. Entre ellas se solicitará a los grupos políticos de los Ayuntamientos que aprueben declaraciones institucionales sobre esta problemática.

La Organización Mundial de la Salud indica que más de mil millones de jóvenes están en riesgo de padecer pérdida auditiva

Son los Ayuntamientos los que tienen las competencias en esta materia a través de la Ley de Bases de Régimen Local: “En principio seria a través de ordenanzas como regulan esa práctica. Al mismo tiempo hay alguna legislación autonómica y otra normativa estatal. Esta Ley estatal es del 2003 y todavía hay municipios que no han adaptado su ordenanza sobre esta cuestión”, resalta Yomara García.

Se propone como actividad central del día 26 de abril, Día Internacional de Concienciación contra el Ruido  a las 12:00 horas, en todas las ciudades, que se guarden 60 segundos de silencio en un lugar público significativo, a fin de escuchar el ruido ambiental para tomar conciencia del mismo.

Seguidamente, se dará lectura al manifiesto de la campaña 2023 que será enviado el día 20 de abril a los medios de comunicación, entidades y Administraciones, interesando la presencia y representación de los partidos políticos en dicho acto.

Al mismo tiempo, se desarrollarán mesas redondas y diversos actos de concienciación y sensibilización de los que se irá informando a medida que avance la campaña.

Para este colectivo unido en esta campaña: “El problema no es de normativa sino de voluntad política para aplicar la norma con cierta diligencia, evitando comportamientos de infractores reiterados. Se tienen que tomar en serio el problema de contaminación acústica, igual que se está tomando el problema desde el punto de vista medioambiental”.

En esta campaña se hablará de contaminación acústica y de ruido: “Dos cuestiones diferentes. El ruido es un sonido no deseado es la punta de iceberg que nos puede generar problemas en nuestra vida, de salud incluidos. Y la contaminación acústica es algo más amplio; es el ruido del tráfico, la presencia de ruidos y vibraciones en el ambiente, lo que genera daños y perjuicios a las personas como a los bienes y a los animales”, aclara García.

Se tienen que tomar en serio el problema de contaminación acústica, igual que se está tomando el problema desde el punto de vista medioambiental

Ruido, una pesadilla constante

Josefa Sánchez , presidenta de Facuspat y de Asociación de Vecinos Triana San Telmo de Las Palmas de Gran Canaria. cree que el problema del ruido ha ido creciendo exponencialmente. “En la época del COvid19 no hubo ni una sola denuncia contra los hosteleros porque sabíamos que tenían que sacar su negocio adelante, en especial a las terrazas.  Las terrazas cerraban a las diez de la noche y el ayuntamiento controlaba ese cierre. No hubo problemas”.

Josefa Sánchez (Foto: cesión propia)

Sin embargo, la situación actual es preocupante: “El problema del sufrimiento al ruido es el mismo en todo el país, pero la forma de enfrentarse al mismo es diferente. En toda la península hay un problema claro que es el ruido de las terrazas y locales de ocio. Los vecinos afectados se quejan al Ayuntamiento correspondiente y crean sus asociaciones con escasos resultados”.

Por su parte, en Las Palmas de Gran Canarias cree que “hay una diferencia sustancial contra el resto. Aquí los ciudadanos nos organizamos en grupos para interponer contenciosos al propio Ayuntamiento. En la zona histórica de Vegueta tres grupos de vecinos interpusieron esas demandas contenciosas asesorados por la propia Yomara García, de Juristas contra el Ruido. Ganamos las sentencias, pero no se ejecutan en muchas ocasiones”.

El fenómeno que empezó en Vegueta “se ha extendido en la zona de las Playas de la Cantera y la zona del muelle, donde otro grupo de vecinos han interpuesto dos demandas judiciales que ganaron, ahora en apelación y ahora van a por una tercera. El problema es que el Ayuntamiento no resuelve nada. Las demandas se pagan entre los afectados porque buscan descansar”.

Al mismo tiempo, es acuciante resolver el problema del Carnaval de las Palmas: “Aquí se pretende que dure un mes y que en ese espacio de tiempo no se pueda dormir en ningún momento. Eso es inadmisible. También hubo una comunidad de vecinos grande que ha participado en otra demanda para denunciar. Tenemos una sentencia que limita su actividad. En nuestro caso el ruido es mucho mayor. Vamos a por el Ayuntamiento que no hace nada para frenar su onda expansiva”.

En esas demandas se insiste en que “el Ayuntamiento no protege el derecho fundamental al descanso de los vecinos el derecho a tener una vida   tranquila y a poder dormir, lo que atenta luego contra su salud. Tienen ya ocho sentencias similares, pero no hacen nada. Esto podría ser prevaricación con lo cual podríamos ir a la vía penal para seguir defendiendo nuestros derechos”.

Uno de los problemas que se detecta en esta ciudad canaria son las terrazas que inundan las calles del casco histórico, lo que genera problemas de movilidad y de ruido a todas horas “están ubicadas en zona peatonales lo que es también es una ilegalidad. Desde nuestra Asociación de Vecinos hemos puesto ya tres denuncias al Ayuntamiento porque las propias ambulancias no pueden buscar a las personas enfermas. Pero no nos hacen caso. El Ayuntamiento no cumple con la ley en la mayor parte de las ciudades”.