Aquel último 25 de diciembre, fecha en la que nació el primer bebé afectado por la talidomida y del que Economist & Jurist se hacia eco en un reportaje que caló hondo en sus lectores, sirvió para que el nuevo decano del ICAM, Eugenio Ribón, se comprometiera públicamente a reunirse con los afectados por este fármaco maldito y buscar una solución para el colectivo de victimas españolas, representado por Asociación de Victimas de la Talidomida (AVITE).

Hay que recordar que en  los 66 años transcurridos desde el nacimiento del primer bebé afectado por la talidomida, España se ha mantenido como el único país que aún no ha compensado a las víctimas de este medicamento, causante de malformaciones embriofetales que en España afectó a cerca de 500 niños y niñas.

Los efectos de la talidomida fueron descubiertos a finales de 1962: «Si nuestro Ministerio de Sanidad y nuestro Gobierno hubieran sido eficientes yo no hubiera tenido que nacer así, explica Rafael Basterrechea, afectado por esta patología. En 1963 fue prohibido en Europa pero en España no. En noviembre de 1961 se retiró en el mundo menos en nuestro país, y se siguió recetando hasta 1991.

Niña afectada por la talidomida en 1963 (Foto: Cordonpress)

Treinta tres días después, con el deseo de ayudar en la búsqueda de una solución a esta cuestión, el decano de la Abogacía de Madrid recibía ayer martes 31 de enero en la sede de la corporación madrileña a los afectados por esta tragedia, representados por Rafael Basterrechea, vicepresidente  de Asociación de Víctimas de la Talidomida (AVITE) e Ignacio Martinez, su asesor jurídico en estos doce años de batalla judicial

Precisamente, uno de los elementos de esta reunión ha sido comentar dicha batalla judicial de AVITE en los tribunales. Uno de los últimos elementos a comentar ha sido la inadmisión a trámite por parte de la Sala Contenciosa del Tribunal Supremo del recurso planteado por esta asociación frente a la última sentencia de la Audiencia Nacional, en una providencia con fecha 18 de enero de la que fue ponente la magistrada Ángeles Huet de Sande.

En dicho escrito se inadmite el recurso de casación interpuesto por AVITE frente a la sentencia de 11 de marzo del 2022 de la Sala Contenciosa de la Audiencia Nacional que desestimaba la reclamación de esta asociación en concepto de responsabilidad patrimonial derivada del retraso del cumplimiento de la Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado que establece el pago de la indemnización para este colectivo, aún sin resolver.

Se da la circunstancia que España es el único país del mundo que aún no ha indemnizado a las víctimas de la talidomida. Un colectivo que en en este país supera los 500 afectados de los cuales Instituto Carlos III solo reconoció como victimas a unos 120. Un reconocimiento polémico porque tardó cinco años en realizarse, por cierto.

El decano del ICAM se ha mostrado receptivo ante el relato que han comentado los representantes de AVITE y ha señalado su disposición de poder ayudar para desbloquear esta situación.

En este diálogo, los asistentes han indicado al propio Ribón las gestiones que vienen realizando desde hace varios meses, como es e mantener el contacto con el Ministerio de Derechos Sociales, entidad del que depende este conflicto. Los máximos representantes de esta entidad, la ministra Ione Belarra o el secretario de Estado, Ignacio Álvarez, llevan tiempo sin responder a sus demandas: “No nos cogen el teléfono pese a que intentamos conocer porqué no pagan nuestra indemnizaciones”, aclara Basterrechea.

Por su parte, Ribón indicó que no podemos olvidar esta injusta situación “ni dejar de transmitir  a nuestra solidaridad a los afectados ni reconocer su infatigable lucha. Porque que lo no es de Humanidad, no es de Derecho”, apuntó en un momento de la conversación.

Olvidados por los poderes públicos

En opinión del decano del ICAM, consumado experto en derecho de los consumidores, con una trayectoria que le avala en los últimos veinte años, “sin descender al complejo examen jurídico de la prescripción -ya resuelta por el TS y que obviamente no corresponde al ICAM-, sí ha de recordarse, sin embargo, el valor de la Proposición no de ley aprobada por el Congreso el 24 de noviembre de 2016 y la Resolución del Parlamento Europeo de 15 de diciembre de 2016 que han advertido sobre la lamentable desprotección que han padecido las víctimas españolas”.

Reunión con AVITE, de izda a derecha: Rafael Basterrechea, vicepresidente; Eugenio Ribón, decano del ICAM; e Ignacio Martinez, asesor jurídico de AVITE (Luisja Sánchez/E&J)

Desde su punto de vista parece clara la necesidad de desbloquear esta situación de los cinco últimos años con la citada Ley 6/2018, que ya establecía las indemnizaciones, pero que en este periodo de tiempo no ha llegado a ponerse en marcha, sin motivo alguno aparente, lo que hizo a AVITE denunciar al Ministerio de Sanidad por inacción ante la Audiencia Nacional.

“No se puede admitir mayor dilación en un Estado que se propugna como social, en primer lugar, además de democrático y Derecho. No lo merecen quienes tanto sufrimiento han padecido ni lo desea una sociedad solidaria como la española”, comentó el decano de los abogados madrileños.

Otra cuestión de esta reunión ha sido el subrayar  que, a partir de hoy se volverá a dispensar talidomida, en un lanzamiento al mercado avalado por la Agencia Española del Medicamento, pero que sorprende bastante su aparición en primer plano cuando en nuestro país las víctimas por este fármaco aun estar sin indemnizar.

El fármaco solo podrá combinarse con melfalán y prednisona, y únicamente podrá administrarse a pacientes con mieloma múltiple no tratado, mayores de 65 años o no aptos para recibir quimioterapia a altas dosis. Además, solo se dispensará en hospitales.

Ahora el uso de talidomida está contraindicado en embarazadas. Así, en mujeres con capacidad de gestación y en varones únicamente se podrá prescribir si se cumple con lo establecido en el Programa de Prevención de Embarazo.

Las mujeres en edad fértil deberán evitar quedarse embarazadas durante su tratamiento con talidomida, utilizando un método anticonceptivo eficaz antes de iniciar el tratamiento, durante el mismo y hasta al menos las cuatro semanas siguientes a finalizarlo. Asimismo, tendrá que realizarse pruebas de embarazo antes de iniciar el tratamiento, cada cuatro semanas durante el mismo y cuatro semanas después de finalizarlo.

Desde AVITE se ha señalado a Ribón que la asociación seguirá realizando movilizaciones y acciones en redes sociales para explicarle a la sociedad española que siguen sin ser compensados pese a tener unos daños evidentes en su cuerpo humano que les han acompañado durante toda su vida.

De hecho desde la propia pagina web de la asociación, su presidente, José Riquelme anuncia distintas acciones en la capital de España: “Preferimos morir con las botas puestas y llegar hasta al final porque somos merecedores a esas indemnizaciones por ley aún no hemos percibido”, apuntaba.

Reunion en el CCU por la mañana

La jornada del decano madrileño ha estado presidida en parte por distintos asuntos relacionados con los consumidores. Si por la tarde mantenía un primera toma de contacto con los afectados por la talidomida, en la mañana asistía al Pleno del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), órgano que preside el jurista Carlos Ballugera.

Pleno del CCU al que acude el decano del ICAM. En la Foto su intervención con Carlos Ballugera, presidente del CCU a su derecha (Foto: E&J)

En una comparecencia urgente y a petición propia, el decano de la Abogacía de Madrid trasladaba este martes en el CCU su preocupación por las consecuencias para la ciudadanía de la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre los criterios de honorarios profesionales del ICAM a los exclusivos efectos de tasación de costas y jura de cuentas.

Una resolución que, según ha manifestado Eugenio Ribón, debería preocupar tanto a los operadores jurídicos como a la ciudadanía porque compromete los principios de seguridad jurídica, dificulta el acceso a la tutela y quiebra el principio de transparencia e información sobre el que se asienta jurídicamente la protección del consumidor.

Para el decano, la defensa de la Abogacía y la defensa de los derechos de los ciudadanos, en su condición de consumidores y usuarios, “resultan ser dos caras de la misma moneda”.

De ahí la urgencia y la importancia de comparecer ante el órgano de representación y consulta de ámbito nacional de las organizaciones de consumidores y usuarios con implantación estatal, puesto que la decisión del Alto Tribunal  “puede suponer un freno importante al acceso a la tutela judicial ante la ausencia de una previsión razonable de los efectos económicos que puede conllevar una acción judicial”.

“En la Abogacía existe un alto grado de competencia, una oferta extraordinariamente elástica y disparidad de precios. Sin embargo, esta decisión hunde a los consumidores en la incertidumbre sin poder tener conocimiento aproximado sobre los eventuales costes de un litigio”, ha señalado el decano del ICAM, Eugenio Ribón, en referencia a la condena en costas y cuya regla general es el criterio del vencimiento.

Porque, más que a la abogacía, el fallo afecta de modo fundamental a los propios usuarios de la justicia, ya sean empresas o consumidores, en tanto que se les priva de una información necesaria y transparente que hasta ahora les permitía evaluar el potencial riesgo/beneficio del desarrollo de una acción judicial basada en un marco objetivo de expectativa de costes en caso de desestimación de la demanda y que los honorarios resultaran impugnados requiriendo la emisión de informe colegial, que sigue resultando preceptivo por imperativo legal.

De tal modo que el escenario resultante tras la sentencia del TS, según ha recalcado el decano, “merma extraordinariamente la transparencia -como pilar básico del derecho de información del consumidor- que ansía el usuario de la justicia y la legítima expectativa de conocer de un modo aproximativo el posible coste del litigio”, en caso de perderlo.

Por todo ello, Ribón ha invitado a los representantes de las asociaciones de consumidores y usuarios de España a reclamar la modificación normativa necesaria para corregir: “Esta situación de incertidumbre y de, en la práctica, derechos conculcados”, muy especialmente el derecho a la información de consumidores y usuarios consagrado en los artículos 20, 60 y 97 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias«.

De este modo, ha subrayado se debilita el acceso a la tutela judicial efectiva (art. 24), la necesaria seguridad jurídica (art. 9.3) y los derechos de los consumidores.