José Muelas: “La nueva Ley de Justicia Gratuita debe aclarar la relación jurídica existente de los abogados del Turno con las administraciones”

En pleno debate sobre el Turno de Oficio y su viabilidad, con una huelga impulsada desde el 21 de noviembre por el Sindicato Venia de desigual impacto y unas negociaciones que se retoman de nuevo entre el Ministerio de Justicia y el CGAE para la mejora de los baremos y de la ley que regula este servicio que data 1996, un abogado como José Muelas, exdecano del Colegio de Cartagena, (2010-18); 36 años en el Turno, ha publicado un libro sobre el abogado de Oficio y sus vicisitudes.

Nadie mejor que este jurista, uno de los impulsores de la asociación nacional Red de Abogados y Abogadas, continuadora de aquella Brigada Tuitera que luchó por batallar la supresión de las tasas judiciales al ministro Alberto Ruiz Gallardón, para contestar algunos interrogantes que surgen tras la reunión mantenida entre Félix Bolaños, titular del Ministerio de Justicia, y Victoria Ortega, presidenta del CGAE.

Una reunión que abre la esperanza a una negociación real para mejorar las condiciones laborales y retribuciones de los abogados del Turno de Oficio, pero sobre la que Muelas, con la claridad que le caracteriza como siempre, pone los puntos sobre las íes a esta cuestión que afecta a 45.000 abogados que dan el servicio y a los 83 Colegios que gestionan esos expedientes.

En apenas un mes, “Historias increíbles de un abogado de Oficio”, editado por la Esfera de los Libros, es una de las obras más pedidas por Amazon, un compendio de historias de situaciones reales con personajes de ficción, para preservar el secreto profesional. “Nunca se ha podido vivir del Turno de Oficio, pero los compañeros y compañeras que ejercen está muy bien preparados porque les exigen un grado de formación importante”.

Este libro lo componen relatos de un abogado que se encuentra con distintos casos humanos que, por una u otra circunstancia, acaba en el Turno de Oficio. Son situaciones en las que el papel del abogado es clave para resolverlas. “Gracias al Turno de Oficio, soy mejor abogado de lo que pudiera ser si no hubiera pasado por este servicio público. Es una buena escuela para aprender mucho y enfrentarte a casos de lo más diverso”.

Desde su punto de vista, “es cierto que la Ley de Justicia Gratuita de 1996 hay que cambiarla de forma notable. Hay actuaciones como el servicio que se da a las personas jurídicas que no tiene base legal para que podamos cobrar esos servicios. Y tras la reforma del Código Penal del 2010, ahí está la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero no se nos abona esos asuntos que suelen extenderse en el tiempo”.

Para este jurista, “lo más importante que debe aclarar la ley es, si se reforma, qué tipo de relación hay entre los abogados con el Estado. Es intolerable que se diga que no hay relación laboral ni de ninguna especie con el Estado, cuando impone la necesidad de trabajar al precio que marcan sus baremos. Es lo mas importante aclarar la naturaleza de esa relación de los abogados del Turno con las distintas administraciones”.

A su juicio, “se trata de evitar que se perpetúe un sistema que va a hundirse antes o después. Ahora mismo, el Turno de Oficio se ha convertido en un sistema de trabajos forzados muy mal pagado. A este respecto lo ideal seria que se crease una especie de Estatuto del Abogado del Turno de Oficio que recogiera junto con sus obligaciones, sus derechos. Si no se hace el Estatuto la ley debería aclarar dichas obligaciones y derechos”.

Para este abogado, tras la reunión de Bolaños con Victoria Ortega, urge aclarar la relación jurídica existente entre los abogados del Turno y las administraciones (Imagen: Jesús Pindado)

Derecho de Huelga

Sobre el derecho de huelga, ahora en el ojo del huracán, Muelas subraya “que la última providencia del Tribunal Constitucional es muy clara al respecto al igual que las sentencias del Supremo que son tan vergonzantes como claras. Deberían sonrojar a la jurisdicción española al colocar a los abogados de Oficio en una tierra de nadie, donde solo tienen deberes, pero ningún derecho”.

Respecto la situación del Turno de Oficio, “es quizás el peor momento que se ha vivido a lo largo de su historia. Hemos llegado hasta aquí por la dejación de funciones del CGAE”.

Este jurista subraya que “cuando se aprueba la ley Justicia Gratuita en 1996 todo es alegría, sin embargo desde ese año hasta el 2015 que se reforma la ley no hay ninguna subida. Habría que esperar al 2018. Son 22 años sin ninguna subida, el IPC de esos años es el 58,9%. En esos años se perdió ese poder adquisitivo. Ese 2018 Rafael Catalá, ministro de Justicia ese año subió un 24%, lo que significa perder un 35% hasta el 2018”.

Sin embargo, también destaca que en los últimos cinco años “se ha perdido un 16%, lo que da un total de 51% de IPC hasta 2023. Para quedarnos como en 1996 habría que hacer una subida del 51%, luego habría que establecer por ley una subida automática de los baremos conforme al IPC”.

Nuestro interlocutor confiesa que “en territorio Ministerio de Justicia los baremos son más bajos que en País Vasco o Cataluña, CCAA con competencias transferidas y otros baremos que en algunos asuntos cobran el doble. Salvo que se hiciera un acuerdo entre CCAA, es difícil lograr un pacto común para que los baremos se igualaran todos por arriba, pero no parece sencillo a priori”.

Desde esta perspectiva, “la subida que tiene que hacerse de los baremos es considerable. Hace algo más de un mes, la ministra de Justicia, Pilar Llop, hablaba del 5%, diez veces menos de lo que se necesita. CGAE debe presionar más e incluir en la negociación a las principales asociaciones del Turno de Oficio que conocen mejor que nadie esta problemática”.

Muelas señala al CGAE como uno de los culpables de esta situación. “No se entiende que desde 1996 a 2015, que fue cuando el problema del IVA en el Turno de Oficio, el Consejo no haya protestado ninguna vez por la falta de actualización de los baremos. Ese silencio de casi treinta años indica que no son eficientes”.

A su juicio, esa situación tiene una explicación: “es que el CGAE y los Colegios de Abogados viven del Turno de Oficio, por cada expediente que un abogado justifica los colegios cobran los llamados gastos de infraestructuras. Si en un momento determinado el Estado o las CCAA dejaran de pagar esos gastos de infraestructura o llevarse la privatización del servicio, los colegios tendrían que cerrar. De ahí que las protestas no se hagan efectivas. La partida mas importante de los presupuestos de los colegios es el pago por infraestructuras que se hace desde las administraciones por el Turno de Oficio”.

Jose Muelas presentó su libro recientemente en Salón de Actos del Ayuntamiento de La Unión en Cartagena donde glosa distintas historias cotidianas con el abogado de oficio como protagonista (Imagen: E&J)

La justicia digital, mal planificada

Sin embargo, constata que “no hay una empresa privada o despacho de abogados que pueda hacerse con este servicio del Turno de Oficio. Por eso, cualquier cierre a la planta judicial es un ataque al Turno d Oficio, porque todo esta interrelacionado”, apunta.

En su opinión, “ahora que se habla del cambio de modelo de justicia hacia los tribunales de instancia hay que indicar que no han sido planificados. El modelo de justicia que queremos en nuestro país se definió en 1999-2000 con el Libro Blanco de la Justicia, una época en la que apenas había tecnología, no existía correo electrónico. Esa decisión se toma desde el bipartidismo y del control de la administración de justicia, principios que hoy no sirven”.

Desde su punto de vista, “esto supondría cambiar el concepto de justicia centralizada por justicia distribuida si queremos conseguir una justicia racional para nuestro país. Se van a recibir muchos millones de Bruselas para el Plan de Resiliencia, pero al no haber un plan estudiado es posible que ese dinero se gaste en pantallas, ordenadores y en medidas poco pensadas sin tener un proyecto de fondo real”.

En este contexto surge en el debate el RD sobre eficiencia digital de más de 150 páginas y que ha abierto la polémica en los operadores jurídicos. “En nuestro país hay un problema importante en la planta judicial con la informática, los datos y los recursos informáticos, el titular de los datos judiciales es el poder judicial, sin embargo, este poder judicial no puede gestionar los datos, porque lo gestionan los poderes ejecutivos, cada uno desde su administración territorial y con un sistema informático distinto que no es operable”.

Desde esta perspectiva, “nos encontramos que quien es el titular de los datos se encuentra que no es el dueño de los datos. Los manejan una decena de poderes ejecutivos con otros tantos sistemas tecnológicos. Son inversiones importantes las que se han hecho que requieren otra para que sean interoperables entre si. Las medidas que se toman en el RD son razonables, pero el diseño de fondo es auténticamente irracional , lo único que dará son problemas porque el desarrollo de la informática judicial se ha hecho con poca racionalidad”.

Sobre la intención del ministro Bolaños de priorizar lo digital frente a lo presencial a nivel de juicios “eso suena a marketing. La primera prioridad en la justicia es el administrado y luego hacer justicia y solo muy detrás hay otras prioridades de carácter técnico. La informática es una herramienta que auxilia a la verdadera finalidad de la administración de justicia. En este contexto hay elementos que no puedes sustituir por la tecnología. Es el caso de la inmediación”.

Concentración de abogados del Turno en Madrid, de abril del 2023: “Es lógico que haya este tipo de manifestaciones, la situación es límite», dice Jose Muelas (Imagen: E&J)

El Turno de Oficio no es telemático

A este respecto, señala que “la jurisprudencia, cuestionada en España, viene a decir que el tribunal de apelación no va a cambiar los fallos del tribunal de instancia porque pudo hablar con los testigos, pero en el caso que estuvieran los dos tribunales con herramientas telemáticas habría que ver qué sucede con la inmediación. Hay delitos muy graves donde hay un solo testigo donde la inmediación es fundamental”, apunta

En este contexto cree que el turno de oficio no tiene futuro telemático, “ningún acto judicial que suponga la interacción del juez y los ciudadanos debería realizarse digitalmente. Debe ser la excepción, nunca la alternativa el uso de esos juicios telemáticos”.

En su opinión, “aún la sociedad no entiende bien cuál es nuestro papel en el Turno de Oficio. Por ley estamos obligados a dar este servicio a los colectivos más vulnerables y con menos recursos del país. Realmente no se puede considerar que sea un negocio. Los abogados como Dionisio Moreno, letrado del caso Aziz que emplea parte de su tiempo en parar juzgados, son los que dignifican el papel de la abogacía. Su trabajo con los más vulnerables es encomiable”.

Desde su punto de vista, “la crisis económica ha ido incrementando la nómina de ciudadanos que son atendidos en el Turno de Oficio. Junto a ello las disposiciones y leyes que se han ido aprobando han ido colocando a la abogacía de verdad en una situación de desprotección absoluta. En 1980, para tener derecho a Justicia Gratuita tenías que ser muy pobre, ahora se han ido ampliando los límites y se han ido concediendo con lo cual una parte de la población española tiene derecho a ella”.

En este contexto, José Muelas nos señala que «una parte de los procesos penales se tramitan con asistencia jurídica gratuita. Al mismo tiempo, los sucesivos gobiernos que parece no entender la naturaleza de la abogacía han ido perjudicando a los más débiles, ciudadanos y sus abogados en favor de loas corporaciones y grandes bufetes”.

Así nos confiesa que “los ciudadanos españoles hasta no hace muchos años si tenías un accidente de tráfico ponías la denuncia, el médico forense te reconocía te daba un parte de secuelas ibas al juicio de faltas y ahí te pagaban la indemnización. Sin embargo, en 2018, Rafael Catalá desjudicializó los juicios de faltas, ahí el CGAE no dijo nada. Solo protestó fiscalía al denunciar que se desprotegía a los consumidores. En aquella época, un día a la semana los juzgados de instrucción lo dedicaban a juicios de faltas. Ese es un trabajo que se ha perdido para los abogados”.

Jose Muelas ha sido un abogado volcado en el activismo social. Aquí, en el Colegio de Abogados al frente de la Brigada Tuitera (Imagen: Luisja Sánchez)

Sobre ese trabajo perdido indica que “ha supuesto desprotección de los consumidores que ahora se enfrenta a un proceso más caro si quieren discutir con la compañía de seguros. Se dio marcha atrás y a matizar la desjudicialización, pero el daño ya estaba hecho. Junto a ese daño se han añadido otros muchos, como el no entendimiento de los honorarios de abogados en las tasaciones de costas y eso sistemáticamente el CGAE se ha mostrado impotente para hacer nada. Eso genera un divorcio con la abogacía”.

Respecto al futuro de la abogacía del Turno de Oficio, José Muelas indica que “todo depende de que Justicia y el CGAE pacten en el futuro. Hasta ahora ninguno de los gobiernos anteriores no ha entendido la naturaleza del Turno de Oficio o por lo menos su naturaleza profunda”.

“Habrá que ver, pero si solo CGAE está en esa reunión, no creo que se consiga una regulación aceptable. Esa negociación debe ampliarse a las asociaciones de abogados del Turno que hay en España y aclarar la relación existente entre el Estado y los propios abogados. Si eso se reconoce, el derecho de huelga saldría por sí solo”, advierte.