La brecha existente entre salarios y precios actuales imposibilita que se pueda comprar o alquilar una vivienda en nuestro país

La vicesecretaria general de UGT, Lola Navarro, y el vicesecretario general de Política Sindical, Fernando Luján, presentaron este lunes el informe Convenios colectivos y derecho a la vivienda: El precio de un bien básico se come los salarios. Análisis sectorial y territorial, en el que el sindicato ha realizado un análisis sectorial y territorial con datos de los convenios colectivos.

El informe denuncia que la vivienda se ha convertido en un lujo inalcanzable para la clase trabajadora en España, y que la brecha entre los salarios y los precios de la vivienda es tan profunda que la mayor parte de la población no puede acceder a ella. Ni por la vía de la compra, ni por la vía del alquiler.

El documento destaca además que, en la actualidad, una persona trabajadora necesita más de 52 años de salario neto (dedicando el 40% del mismo) para comprar una vivienda media. Un 40% más de tiempo del que requeriría sin intereses hipotecarios. De hecho, en lugares como Madrid, Cataluña o Baleares, el precio de un piso de 60 m² supera los 300.000 euros, lo que equivale a entre 20 y 25 sueldos anuales íntegros.

En este contexto UGT ya ha avanzado este lunes que será uno de los factores que incluirán dentro de su propuesta del próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), en la que se pautarán las subidas que experimentarán los salarios en 2026, 2027 y 2028.

“Tenemos que incorporar a la negociación colectiva la elevación de los salarios y vincularla con el mercado de la vivienda”, ha sostenido el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, en la rueda de prensa de este lunes. “Estamos diciendo que siendo este un derecho básico, los precios en los que están, las dificultades o las imposibilidades de acceder a una vivienda deberían contar también a la hora de regular los salarios. Haremos alguna propuesta” ha indicado.

El AENC opera como el marco para la negociación de los convenios colectivos de todos los territorios y sectores que se firman a lo largo de ese periodo, no es de obligado cumplimiento, pero sirve como pauta sobre los puntos que la patronal y los sindicatos creen necesario abordar en estas miles de mesas abiertas.

Es por ello que la cuestión de la vivienda no podría incorporarse solo como un factor que presionara las subidas salariales, sino también, existiría la posibilidad de que ambas partes del mercado laboral fijasen una posición común sobre el problema de la vivienda que afecta cada vez a más trabajadores y de forma indirecta, a las empresas.

Las tablas salariales de los convenios analizados, al compararse con los precios de las viviendas, muestran que es imposible acceder a una en régimen de propiedad. Al hablar del alquiler, la situación se agrava. En ciertos sectores, entre los que se incluyen la hostelería, el comercio o la limpieza, una persona puede verse obligada a destinar el 100% de su salario neto al pago del alquiler, afectando a ciudades como Madrid o Barcelona.

La vicesecretaria general de UGT, Lola Navarro, y el vicesecretario general de Política Sindical, Fernando Luján, presentaron este lunes el informe ‘Convenios colectivos y derecho a la vivienda’, donde ven necesario subir los salarios en relación con la vivienda, algo que ya se ha hecho en los países del este de Europa. (Imagen: UGT)

La vivienda, un derecho humano

Así lo explica en un informe presentado este lunes por el sindicato, que recuerda que el precio de la vivienda ha subido una media del 77,2% desde 2015, con una “presión adicional” provocada por el repunte del Euríbor, el indicador más usado para calcular las cuotas hipotecarias, que en 2023 alcanzó su nivel más alto en 15 años.

De esta forma, las cuotas hipotecarias ya suponen más del 40% del salario neto de muchos trabajadores, que debería duplicarse “en algunos sectores y territorios” para reducir ese esfuerzo por debajo de dicho umbral. De hecho, la vivienda en propiedad, aunque sigue siendo mayoritaria en España, ha descendido hasta el 73,4%, su valor más bajo en toda la serie histórica, añade el informe.

La realidad es que, con los salarios actuales, las personas trabajadoras están siendo expulsadas del mercado de la vivienda. Esto no es solo una cuestión económica o social, sino de derechos, porque la vivienda es un derecho humano, no una mercancía. Queda reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en la Carta Social Europea y en el artículo 47 de nuestra Constitución.

A lo largo del informe UGT incide en que los poderes públicos están fallando, y subraya que la Ley Estatal de Vivienda, aprobada en 2023, supuso un avance muy importante pese a las críticas por parte de los expertos que señalan problemas importantes. El hecho de que no se haya desarrollado un sistema de inspección –ni un régimen sancionador que garantice su cumplimiento– hace que nos encontremos en un punto en el que muchas comunidades se niegan a aplicarla, convirtiendo esta iniciativa en papel mojado.

Para UGT, los pisos turísticos o la creciente financiarización del mercado inmobiliario están complicando aún más la situación, consolidando un modelo especulativo que expulsa a las familias trabajadoras de sus barrios. Algo que no solo vulnera derechos, sino que rompe el tejido social, acelera la gentrificación y agrava la desigualdad. Sin embargo, la presidenta de FEVITUR explicó a Economist & Jurist que la demonización del sector no es lógica.

“Madrid, Cataluña e Islas Baleares destacan como los territorios donde el alquiler supone un mayor porcentaje del salario neto. Además, con indiferencia de la categoría retributiva analizada, el alquiler no alcanza en ningún caso un porcentaje inferior al 40% del salario neto”, cuestionan.

Para Luján esto significa que para que los trabajadores dejen de destinar una parte “desproporcionada” del salario a la vivienda, sus ingresos tendrían que «como mínimo, duplicarse» o elevarse hasta un 200% para el ejemplo de la categoría más baja del Convenio de limpieza de Madrid.

El sindicato reclama aplicar, de manera efectiva e íntegra, la Ley Estatal de Vivienda; frenar la especulación y movilizar viviendas vacías; ampliar el parque público de vivienda social; regular los precios del alquiler allí donde el mercado está tensionado; regular los pisos turísticos e instar políticas públicas coordinadas para garantizar de forma efectiva el derecho a la vivienda para todas las personas, especialmente para quienes menos tienen.

Esto exige una apuesta decidida por impulsar la negociación colectiva para mejorar salarios, especialmente en los sectores más precarizados, ya que no se puede hablar de derecho a la vivienda sin hablar de trabajo decente.

Las políticas de vivienda de la titular del Ministerio, Isabel Rodríguez, no han resuelto el problema y lo han agravado. (Imagen: Congreso de los Diputados)

Los expertos, preocupados

Algunos expertos consultados por E&J valoran mucho el detallado informe realizado por los técnicos de UGT sobre la vivienda, pero no así sus soluciones para resolver un problema grave.

Sergio Nasarre, catedrático de Derecho civil en la Universidad Rovira i Virgili y director de su Cátedra UNESCO de Vivienda, coincide con la gravedad del problema con UGT, pero no con la solución: “Tenemos la tasa de propiedad de la vivienda más baja de los últimos años. Muchos trabajadores con oficios manuales se ven excluido del acceso a una vivienda digna. Las políticas de vivienda actuales han llevado a esta situación”.

Este jurista, crítico con las tesis del Gobierno de Pedro Sánchez, recuerda que “la vivienda ha dejado de ser el motor social en nuestro país. La Ley de Vivienda no está funcionando y hay que mejorarla. La vivienda es una competencia autonómica y, por lo tanto, no se puede sancionar nadie por ejercer ese uso a la vivienda como quiera. El problema es estructural, la solución que UGT plantea con la subida de salarios es muy complicada. Tenemos un problema de productividad baja con lo cual no son altos. Luego hay que observar qué tipos de trabajo están saliendo, muchos de ellos poco cualificados”.

Para este experto “otra cuestión que subyace es que muchos de estos trabajadores han perdido poder adquisitivo, tanto a nivel interno como en comparación con otros países. Hay que darse cuenta que muchos de estos trabajos que señala UGT en su estudio van a desaparecer en los próximos años por la robotización y la automatización. Creo que habría que orientar a la gente en que se pudieran reconvertir en otros empleos con alto valor añadido, así pasa con algunas carreras universitarias también”.

Respecto a la idea mostrada por UGT de crear mesas sectoriales de diálogo sobre la vivienda, a semejanza de la existente mesa de diálogo social que impulsa el Gobierno con sindicatos y patronal, para dinamizar el mercado de la vivienda Nasarre señala que puede ayudar a crear soluciones más consensuadas y menos impuestas por la Administración: “La Ley de Vivienda ha venido impuesta sin demasiado debate. Lo de relacionar la vivienda con el trabajo se ha hecho en la Unión Soviética y en otros países, pero por el momento no ha funcionado”.

Nasarre vuelve a insistir, como así lo hace en muchas de sus comparecencias públicas como experto que es, en que “la solución pasa por diversificar lo que es la residencia, no solo hay que fomentar la propiedad, sino explorar la tenencia temporal o la compartida como fórmulas alternativas. Hay que crear oportunidades de trabajo en sitios que se están quedando desiertos. El tema de la educación es importante. Hay que ir a trabajos más cualificados y a titulaciones útiles y que estén bien remuneradas. Se trata de que muchos trabajadores se reconviertan hacia otras profesiones. Y derogar la Ley de Vivienda que no funciona, como otro elemento clave”.

Sergio Nasarre advierte que “la vivienda ha dejado de ser el motor social en nuestro país. La Ley de Vivienda no está funcionando y hay que mejorarla”. (Imagen: SOM HABITATGE)

Se necesita más vivienda social

Arantxa Goenaga, socia de AFLEGIS Barcelona y abogada especializada en Derecho inmobiliario y procesal, cree que la solución no puede llegar por la actual Ley de Vivienda que ha generado tantas disfunciones.

“Hay un asunto que tocan por encima y es la necesidad de crear más vivienda social porque la mención es pequeña. Creo que es importante trabajar en esta línea porque los ratios comparados con Europa son muy escasos. Es cierto que hay una brecha notable entre salarios y precios de la vivienda, pero las soluciones son varias que hay que implementar a la vez para revertir la situación”, señala Goenaga.

En su opinión, “el problema es muy serio; muchas familias no pueden tener acceso a la vivienda. Estamos hablando de un bien de primer necesidad y de un derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución pero que no está al alcance de la mayoría de los ciudadanos de este país. Subir los salarios no puede ser la solución si el empresario paga cada vez más impuestos. El problema también se detecta en los alquileres, prohibitivos en muchas ciudades españolas. Cada vez es más problemático alquilar, eso hace que algunos propietarios sean ahora más selectivos”.

Para Arantxa Goenaga es fundamental incrementar las políticas sociales en vivienda social  y agilizar los desahucios para que el propietario se decida a alquilar. (Imagen: AFLegis)

Desde su punto de vista, “los poderes públicos deben revisar sus políticas en marcha, que no están dando con el problema. La falta de construcción de vivienda pública es algo de resaltar que los sindicatos deben tener también en su hoja de reclamaciones porque es necesario hacerlo. Los pisos vacíos de la SAREB o de los fondos buitres son fundamentales revertirlos a viviendas y alquileres sociales. El mercado necesita muchos cambios y muchos jóvenes observan como se emancipan muy tarde porque no tienen una vivienda asequible a la que ir por falta de financiación”.

El problema es muy serio en estos momentos en nuestro país. A juicio de Goenaga crear en sectores como turismo, construcción u hostelería “mesas de diálogo entre todos los interlocutores, a modo y semejanza de la actual mesa de diálogo social existente entre patronal y sindicatos, podría ayudar a buscar soluciones negociadas a este gran problema. La Ley de Vivienda se ha aprobado sin escuchar a los interlocutores del sector y tiene graves carencias. Ese plan de choque para revertir la situación pasaría por ayudar a los jóvenes en el pago de la entrada de la vivienda, como en Cataluña, agilizar los desahucios en el mercado del alquiler para incentivar el mercado”.