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La litigiosidad tributaria en España se dispara a más de 230.000 reclamaciones, lo que daña la seguridad jurídica de terceros

Más de un 60% del total de las liquidaciones tributarias recurridas son estimadas totalmente, lo que indica de fallos en la Administración según el Instituto de Estudios Económicos

Presentación del estudio del IEE en la CEOE, al que acudieron algunos expertos y el propio presidente del IEE. (Imagen: Instituto de Estudios Económicos)

Luisja Sánchez

Periodista jurídico




Tiempo de lectura: 7 min

Publicado




Reportajes

La litigiosidad tributaria en España se dispara a más de 230.000 reclamaciones, lo que daña la seguridad jurídica de terceros

Más de un 60% del total de las liquidaciones tributarias recurridas son estimadas totalmente, lo que indica de fallos en la Administración según el Instituto de Estudios Económicos

Presentación del estudio del IEE en la CEOE, al que acudieron algunos expertos y el propio presidente del IEE. (Imagen: Instituto de Estudios Económicos)

El presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Íñigo Fernández de Mesa, ha presentado el informe ‘El problema de la litigiosidad tributaria en España. Propuestas de solución y mejora desde la perspectiva de las empresas’, de un grupo de 17 expertos configurado por catedráticos de Derecho Financiero y Tributario y profesionales de prestigio en el sector.

El informe pone en relieve el problema de la litigiosidad tributaria que afecta gravemente a nuestra competitividad. Por ello, considera urgente implementar un conjunto de medidas alternativas que favorezcan una resolución ágil de conflictos con la Administración Tributaria y que den rendida respuesta a los imprescindibles principios de eficacia, simplificación y seguridad jurídica.

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El número de reclamaciones tributarias a Hacienda se ha situado ligeramente por encima de 230.000, mientras que la deuda pendiente de cobro gestionada por la Agencia Tributaria alcanzó, a cierre de 2022, los 40.421,2 millones de euros, a lo que habría que añadir unos 12.145 millones de euros como suma de indemnizaciones que ha de afrontar el Estado por sentencias judiciales adversas.

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