Salvador González: “Las resoluciones de la CMNC y del TS desconocen la realidad del mercado de servicios de la abogacía”

El 13 de noviembre de 2020, Salvador González tomaba posesión como decano del Colegio de Abogados de Málaga (hoy Abogacía de Málaga). Tras dos años en el puesto, y cuando se encuentra en el ecuador de su mandato, repasa con Economist & Jurist algunos de los hitos logrados, las tareas pendientes y los principales motivos de preocupación.

En este sentido, muestra su preocupación por las multas a varios colegios por publicar baremos orientativos y mantiene un férreo compromiso por mejorar las condiciones del Turno de Oficio y que la Abogacía sea respetada.

Economist & Jurits. Ha llegado al ecuador de su mandato como decano de la Abogacía de Málaga. ¿Qué valoración hace de estos dos años?

Salvador González. En general, tengo una valoración muy positiva de este tiempo y gran parte de los logros que hemos conseguido se deben al gran equipo que me acompaña en el día a día y que quieren, como yo, conseguir lo mejor para nuestra abogacía.

Hemos asistido a la modernización y renovación de la Abogacía con su nueva imagen corporativa. Un cambio que se adapta a los nuevos tiempos y planea transmitir la realidad de una profesión orientada al futuro. Es, asimismo, una nueva denominación más inclusiva que representa al conjunto de abogados y abogadas que forman parte de nuestro colegio.

Por otro lado, algunos de nuestros éxitos han sido la mejora de la plataforma online, que ha supuesto una gran ayuda a los colegiados; así como la apertura de la Oficina de Desarrollo Profesional y nuestra constante lucha por dignificar el Turno de Oficio.

Salvador González hace una valoración positiva de sus dos años como decano de la Abogacía de Málaga. (Foto: Abogacía de Málaga)

E&J. ¿Cómo ha afectado la pandemia a la aplicación de las medidas previstas en su programa electoral?

S.G. La pandemia nos ha afectado como a todos, pero no ha impedido que pongamos en marcha la renovación que queríamos impulsar. Sin embargo, nos preocupa el impacto significativo en los juzgados y administraciones que implantaron restricciones que aún se mantienen. En otros sectores se ha vuelto a la normalidad, pero en nuestro caso aún continúan muchas restricciones dificultando nuestro acceso a juzgados y a instituciones como la Seguridad Social o Hacienda. Una situación que es necesario cambiar en beneficio de los derechos de defensa y acceso a los expedientes de la ciudadanía.

Creo que tenemos que aprovechar la digitalización, a la que nos hemos visto obligados a acudir, para agilizar muchos trámites de manera online. Sin embargo, la presencia física sigue siendo imprescindible en muchos casos.

Volviendo a nuestro programa electoral, el mayor impacto que ha tenido nuestra gestión ha sido la apuesta decidida por la formación. En esta apuesta la incidencia de la pandemia no ha sido un impacto negativo, sino que ha ayudado a impulsar la formación online que facilita el acceso a muchos interesados que a veces no pueden acceder de forma presencial. Un ejemplo es nuestro Congreso Jurídico, que tuvimos que retomarlo de forma completamente online y que después hemos mantenido en formato híbrido.

E&J. ¿Qué partes de su programa se han implementado y cuáles no han podido ser puestas en marcha y por qué?

S.G. En estos dos primeros años hemos tenido tiempo de llevar a cabo muchas de las iniciativas de nuestro programa que eran necesarias para la abogacía.

Como mencionaba anteriormente, hemos abierto la prometida Oficina de Desarrollo Profesional que está funcionando a pleno rendimiento con muchísimas propuestas de valor para la carrera profesional de los abogados, queriendo destacar a modo de ejemplo la celebración en apenas unas semanas del primer Hackathon Málaga Ciberlegal que organiza la Corporación.

Asimismo, hemos trabajado incansablemente por reivindicar la labor del Turno de Oficio consiguiendo, entre otras cuestiones, la reciente subida de las retribuciones y celebrando un Congreso específico del Turno de Oficio por primera vez en Andalucía, en el que participaron todos los partidos políticos en plena campaña electoral, comprometiéndose con la abogacía de oficio a lograr una remuneración digna y a la necesaria actualización anual de sus retribuciones.

Aún tenemos tareas pendientes, como la implantación de una Oficina de Defensa. Además, nuestro objetivo para estos dos años venideros es seguir impulsando y acompañando a la abogacía y cumpliendo nuestras metas.

Salvador González: «Hemos trabajado incansablemente por reivindicar la labor del Turno de Oficio». (Foto: Abogacía de Málaga)

E&J. Una de las cuestiones a las que siempre ha dado más importancia ha sido la formación. ¿Qué pasos se han dado en este campo?

S.G. En estos dos años, hemos podido trabajar con nuestras secciones y multiplicar de forma significativa la formación que ofrecemos a nuestros compañeros y que nos parece tan imprescindible en nuestro oficio. La nuestra es una profesión en la que es importante estar actualizado y por esta razón, desde el Colegio, hemos buscado, y seguimos buscando, ofertar a nuestros colegiados diversas formas de mantenerse al día.

La pandemia nos ha obligado a acudir a la formación online, pero lejos de ser una desventaja, se ha convertido en una excusa para potenciar el modelo online. De esta manera hemos podido llegar a muchos colegiados que han encontrado este modelo más fácil de compaginar con su día a día.

Además, hemos realizado múltiples congresos, conferencias y jornadas de temas variados para trabajar así la actualización continua de nuestros abogados e impulsar propuestas de mejora en la justicia y en la legislación.

E&J. El pasado mes de noviembre informábamos que la Junta de Andalucía iba a subir un 4% las retribuciones a abogados y procuradores del Turno de Oficio. ¿Cómo está este asunto?

S.G. Por primera vez, hemos visto en este mes de enero una subida de la retribución con carácter anual en la misma medida que suben las retribuciones de los funcionarios de Andalucía. Creemos que este es el inicio de un camino que tiene que seguir repitiéndose cada año.

Además, se ha hecho a través de un instrumento jurídico como es la Ley de Presupuestos que es una ley anual y que da cabida a esta subida. Si lo ha hecho este año, esperamos que en cada presupuesto la Junta de Andalucía mantenga esta apuesta por la actualización.

No obstante, el incremento que demandábamos se publicará definitivamente a lo largo de este año, el proceso legislativo se ha iniciado y hemos solicitado, desde el Consejo Andaluz, un aumento significativo de las retribuciones e incluir la retribución de actuaciones que no se estaban compensando hasta hoy. En cualquier caso, es más probable que veamos unos números similares al 15%-30% y esperamos verlos pronto, ya que es evidente que hace falta una urgente actualización muy significativa que recupere los casi 15 años sin subida.

Esperamos que la mejora producida en la organización y retribución de las guardias pueda tener la esperada continuidad en la mejora de la retribución y concepción de los turnos.

E&J. En su programa hablaba de la creación de un canal de denuncias eficiente. ¿Ha sido puesto en marcha? ¿Qué nivel de denuncias ha recibido y cuáles son las más habituales?

S.G. Una de las partes del ADN del colegio es la defensa al colegiado. Es por ello que uno de nuestros objetivos es la apertura de la Oficina de Defensa al abogado. Nuestra finalidad es potenciar los canales de denuncia para las dificultades que sufran los abogados en su ejercicio profesional. Actualmente, se está haciendo ya, pero queremos hacerlo de una forma más eficiente estableciendo un canal exclusivo para ello.

En esta medida está trabajando la Junta de Gobierno en este momento y es una de sus principales prioridades. Como decía anteriormente, la reorganización de estos servicios a través de la Oficina de Defensa es el gran proyecto que estamos abordando para este año y que esperamos poder inaugurar pronto.

Salvador González: «La importante labor que desarrollan los abogados para la justicia social y el progreso económico tiene que verse amparada por los Colegios». (Foto: Abogacía de Málaga)

E&J. Los nuevos decanos de Sevilla y Madrid, en sus respectivas tomas de posesión, han hablado de dignificar la profesión. ¿Tan mal está la situación de la Abogacía para que esta sea una cuestión tan recurrente?

S.G. La dignidad de la profesión y del abogado se recoge hasta en 11 ocasiones en nuestro Estatuto General, en el que se atribuye a los Colegios la función de velar por la dignidad profesional.

La debida consideración a nuestra profesión por las autoridades y operadores jurídicos, por las Administraciones Públicas y por toda la sociedad es una meta a la que no podemos renunciar ninguna de las Juntas de Gobierno de todo el país.

Cada día se producen situaciones en las que se atenta contra esa dignidad y consideración que merece una profesión que actúa por y para la sociedad en defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos, las empresas e instituciones.

La importante labor que desarrollan los abogados para la justicia social y el progreso económico tiene que verse amparada por los Colegios, que deben procurar el debido reconocimiento de su función ante cada órgano judicial, administración pública y ante toda la sociedad.

Los Colegios, como indicaban los decanos de Madrid y Sevilla, debemos estar al lado de nuestros colegiados cuando ven atacada su dignidad profesional ante un órgano judicial o administrativo, cuando abordamos la gestión y retribución del turno de oficio o cuando propugnamos mejoras en la respuesta judicial o legislativa a los problemas de la sociedad.

E&J. El Tribunal Supremo está confirmando las multas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a varios colegios por dar baremos orientativos. ¿Cómo ven desde el Colegio de Málaga estas sentencias? ¿Puede provocar algún perjuicio a los colegios?

S.G. Como no puede ser de otra manera, con mucha preocupación. No sólo por el Colegio y por nuestros abogados, sino especialmente por los ciudadanos. Ellos van a ser los mayores perjudicados, ya que no van a tener unos criterios a los que se pueda acudir para consultar los posibles costes que les puede acarrear el emprender una acción legal.

Las resoluciones de la CMNC y del TS desconocen la realidad del mercado de servicios profesionales de la abogacía, así como desconocen los derechos de los usuarios en el ámbito del contrato de esos servicios profesionales.

La libre competencia ha llevado a una mejor abogacía y a unos precios más asequibles. La profesión, sometida a una muy exigente competencia, hoy ofrece muy distintos modelos de servicios profesionales y muy distintas estructuras de honorarios. No puede obviarse como la abogacía compite en el mercado con muy diversas propuestas de honorarios: por horas, por dificultad de la materia, por trascendencia económica y social del litigio, con honorarios a éxito o cuota litis, con honorarios base más premio por éxito, por tarifa mensual o diaria, por combinación de algunas de ellas o por otras muchas posibilidades.

Es necesaria una solución legislativa que permita a los Colegios y a sus colegiados informar sobre el importe de la posible condena en costas que pueda tener que afrontar el ciudadano que decide iniciar una acción judicial.