«Se nos mueren los clientes por culpa de los señalamientos tardíos», denuncian los abogados
Destacan que es necesario que se pida responsabilidad patrimonial al Estado
(Imagen: E&J)
«Se nos mueren los clientes por culpa de los señalamientos tardíos», denuncian los abogados
Destacan que es necesario que se pida responsabilidad patrimonial al Estado
(Imagen: E&J)
Los abogados denuncian que por culpa de la justicia tardía se les están muriendo los clientes sin obtener justicia. El último caso le ha ocurrido al abogado Alejandro Bugarín Romero, de Sevilla, a quien le ha fallecido un de sus clientes, Julio César Hierro Domínguez, que precisamente saltó a la primera plana de los medios de comunicación en junio de 2023 porque emprendió una huelga de hambre por el señalamiento tardío de su juicio.
Una lacra que siempre ha denunciado el abogado sevillano Daniel Sánchez Bernal, quien ha llevado varias veces al Tribunal Constitucional (TC) este problema para que amparase a sus clientes y consiguió la importante sentencia de octubre de 2022 que declaró que se había vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
También ha denunciado esta situación de justicia tardía que sufre España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que ha admitido su demanda de amparo. En ella pide que se condene al Estado por el mal funcionamiento de la Administración de Justicia.
Sánchez Bernal ha sentido mucho la muerte de Julio César Hierro, a quien conoció durante su huelga de hambre. Este abogado estuvo dándole su apoyo y difundiendo su lucha a través de sus redes sociales. «Me entristece enormemente que haya tenido este final, sin ser oído y sin obtener su incapacidad permanente«, declara a Economist & Jurist afectado.
El abogado Daniel Sánchez Bernal vuelve a hacer un llamamiento a toda la ciudadanía para que «entre todos luchemos contra esta lacra de la administración de Justicia». «No podemos consentir que no se mueva un dedo para acabar con esta situación», declara, y urge al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias transferidas, «a tomar medidas urgentes para poner fin a este drama».
A los justiciables les agradece «su valentía» por recurrir frente a los señalamientos tardíos y muy especialmente por exigir responsabilidad patrimonial al Estado por el mal funcionamiento de la justicia. «Cuando al Estado le cueste miles de millones de euros hacer frente a estas responsabilidades, seguro —estoy convencidisimo de ello—, lograremos llegar a la tan anhelada justicia, de calidad, ágil, eficaz y eficiente», sentencia Daniel Sánchez Bernal.
Para este letrado sevillano, la ley de eficiencia «sólo es un parche» al problema, «un paripé» que sólo da solución a algunos aspectos del mismo, pero subraya que «sin medios humanos y materiales todo seguirá agravándose». «Sin funcionarios suficientes –-tramitadores, gestores y auxilios—, así como jueces y fiscales y LAJs, no habrá una solución definitiva a este problema», sostiene.
A juicio de Sánchez Bernal, «no se da solución porque la Justicia no interesa«.
El abogado sevillano Daniel Sánchez Bernal. (Imagen: Archivo)
El caso de Julio César Hierro, quien emprendió una huelga de hambre para denunciar la justicia tardía
«Se dice que esto sucede por falta de medios, otras por la agenda judicial o incluso por colapso del juzgado, pero hay buena parte de desidia y de conformismo en esta ecuación. Todos se consuelan con un ‘es lo que hay'», afirma a este diario el letrado Alejandro Bugarín.
Su cliente Julio César Hierro falleció el pasado 17 de marzo, a los 49 años, por un fallo cardiorrespiratorio. Ocurrió «a escasos 15 días de, por fin, poder celebrar su juicio, tras haber esperado algo más de tres años —cinco años si contamos desde que comenzó su incapacidad temporal— para intentar conseguir que la justicia le diera una respuesta sobre su incapacidad permanente», según detalla a este diario su letrado, quien conoció su muerte unos días antes de la vista.
En enero de 2020, tras 26 años de ejercicio laboral, Hierro inició una incapacidad temporal «por serios problemas crónicos y degenerativos que le impedían por completo realizar su trabajo como mecánico de mantenimiento».
«Y así permaneció durante casi dos años, que es el máximo permitido por la Ley. Tras ello, a pesar de informes médicos favorables y de que el Equipo de Valoración de Incapacidades del INSS lo consideró afecto de una incapacidad permanente, la Seguridad Social, con su actual criterio más puramente económico y menos ‘asegurador’ o ‘social’, le denegó la prestación sin más, desprotegiendo al trabajador en sus horas más bajas», denuncia su abogado.
El abogado Alejandro Bugarín Romero. (Imagen: E&J)
Alejandro Bugarín critica que «el caso de Julio César Hierro es una de tantísimas injusticias que está cometiendo la Administración por el simple hecho de demorar pleitos seis, siete u ocho años», y destaca que «casos como éste, que desgraciadamente no son pocos, deberían hacernos reflexionar sobre si estamos realmente ante un Estado social de Derecho, con todas las garantías que ello conlleva, o si por el contrario vivimos en una burocracia enferma de deshumanismo».
No es el primer caso que lleva que se ha visto afectado por la justicia tardía. «Recientemente, un caso de despido improcedente inicialmente señalado para junio de 2024, luego pospuesto tras un error del juzgado a junio de 2025, se ha vuelto a suspender a escaso un mes de celebrarse para noviembre de 2027, con el pretexto de una reorganización de la agenda del juzgado», detalla «indignado».
«Y como éste, muchos otros», agrega. Según informa, estos casos son «aún más flagrantes en procedimientos sobre impugnación de alta, que aunque son urgentes por ley, se señalan con una media de cuatro o cinco años vista».
Otro justiciable falleció de cáncer sin cumplir su última voluntad: divorciarse
También le ocurrió este trance a la abogada María Yolanda Capellán Cote, de Lora del Río (Sevilla), quien tenía un cliente con cáncer que se quería divorciar para poder casarse de nuevo, pero murió en el camino. La letrada decidió revelar la historia públicamente para hacerle Justicia de esta forma, que se conociera «su última voluntad», y también para exigir a las autoridades gubernativas que «pongan remedio a esta situación».
La abogada María Yolanda Capellán. (Imagen: E&J)
En este caso, que estaba en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lora del Río (Sevilla), «los plazos no eran excesivamente largos», según indica María Yolanda Capellán, ya que eran 15 meses desde la demanda hasta la fecha fijada para el juicio, que no se llegó celebrar», porque el justiciable falleció seis meses después de presentarla.
«Lo sangrante de este caso es la historia en sí, el hecho de que una persona no pueda divorciarse inmediatamente cuando concurren circunstancias excepcionales, ya que la ley no lo permite», explica Capellán Cote. Su cliente le contó que llevaba mucho tiempo separado de su expareja y que antes de morirse quería divorciarse, ya que «le habían diagnosticado un cáncer y no quería que su exmujer cobrara una pensión de viudedad cuando él muriera».
Fallece una semana antes de fijarse su juicio
También ha sufrido la muerte de una clienta, la abogada María Núñez Cabello, de Cádiz. Tres años después de la presentación de la demanda de esta justiciable, un verbal de 2022, «por fin» le habían señalado el juicio para mayo de este año, pero cuando llamó al hijo de la mujer para informarle, éste le comunicó que su madre había fallecido la semana anterior. «No hay derecho a que las personas se mueran esperando», denunció en X al conocer el triste final de su clienta, a quien asistía a través del turno de oficio en un «rocambolesco caso».
Según informa a este diario, esta mujer había hecho un poder notarial a uno de sus hijos, y «éste, con total desconocimiento de su madre, pidió un préstamo a nombre de ella de unos 1.300 euros, y para más inri con el dinero apropiado presentó una demanda contra la progenitora». La mujer, cuando se enteró, revocó el poder y lo denunció ante la Guardia Civil por apropiación indebida.
La letrada María Núñez Cabello. (Imagen: E&J)
El caso recayó en un juzgado de Chiclana de la Frontera, que lo sobreseyó provisionalmente alegando que no estaba debidamente acreditada la perpetración del delito. Entonces, la mujer acudió a la vía civil a través de la justicia gratuita y le fue designada esta abogada. Presentaron la demanda en mayo de 2022 y desde finales de 2023, la abogada se ha visto obligada a presentar varios escritos de impulso procesal «ante la paralización del caso».
«Tuvimos la mala suerte de que fuera repartido al Juzgado número 4 de Chiclana de la Frontera, que lleva la violencia de género de todos los municipios que pertenecen al partido y está colapsado», declara María Núñez, quien ha presentado ya varias quejas, por diferentes temas civiles, contra dicho juzgado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque entiende que «deberían especializarlo en violencia sobre la mujer y no repartirle ningún asunto que no sea de esta materia o asuntos civiles derivados de misma, por el colapso que tiene».
Ahora, tras la muerte de esta clienta, el procedimiento continuará adelante con sus herederos.
María Núñez, especializada en Derecho de familia.
La Jurisdicción Social, la más afectada, con señalamientos para febrero de 2029
La pandemia de la justicia tardía afecta principalmente a la jurisdicción social, aunque todas han sido contagiadas por este mal al no darle una solución real y efectiva a este problema. Actualmente ya se están señalado juicios para febrero de 2029. a cuatro años vista. Y afecta principalmente a Andalucía, siendo Sevilla y Málaga las peor paradas.
«La lentitud de la justicia en Andalucía se ve agravada por los continuos fallos del sistema informático @driano, con caídas constantes, todos los meses, y multitud de incidencias, cuya solución también se retrasa en el tiempo», denuncia el letrado Daniel Sánchez Bernal.
Afirma que @driano «es una auténtica mierda». Y la viceconsejera de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, Ana María Corredera, le ha dado la razón respecto a lo que opina sobre @driano.
Ayer, Ana María Corredera, viceconsejera de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, me dio toda la razón en relación a la 💩 de aplicación de @driano (cientos de incidencias diarias…) en las I Jornadas Jurídicas organizadas por @okdiario pic.twitter.com/U0UgJTmcay
— Daniel. Jurista Cofrade ⚖️ (@daniabogado) January 25, 2025
«Es increíble que se hable de digitalización de la Justicia cuando aún se sigue utilizando el FAX y muy pocos juzgados disponen del papel 0», concluye Sánchez Bernal.
