Solo uno de cada diez compradores de vivienda tiene menos de 30 años, señala el Notariado

Según un reciente informe del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la vivienda se sitúa como la principal preocupación para los españoles.

“Para abordar el problema con rigor es imprescindible disponer de datos objetivos, actualizados y completos. La fuente más precisa es el Índice Único Informatizado Notarial, con aproximadamente 25.000 millones de datos de más de 160 millones de documentos notariales”. Son palabras de la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio en la inauguración del curso sobre los problemas de la Vivienda, organizado por Fundación Notariado en el Palacio de Miramar de San Sebastián, en colaboración con el Consejo General del Notariado y el Colegio Notarial del País Vasco.

En esa jornada, Alberto Martínez, director general del Centro Tecnológico del Notariado, quien presentó el informe realizado por la corporación notarial sobre La vivienda en España 2007-2024, un estudio que toma como referencia los datos de las escrituras públicas, contenidos en el Índice Único Informatizado Notarial. Para Lacambra es urgente estimular la oferta y recuperar las cotas de vivienda protegida: “En tan solo tres años la vivienda ha escalado del puesto 31 al primero en el ranking”, expuso.

“En los años 90 y primera década de los 2000, en España se construyeron 75.000 viviendas protegidas al año; en la actualidad apenas se llega a las 12.000 viviendas. Hay que activar de forma decidida el desarrollo de vivienda protegida en régimen de alquiler sobre suelo público. Para ello, se necesita un marco regulatorio propio, estable y adaptado a esta realidad”, apuntó.

En su opinión esta palanca puede ser fundamental, especialmente para los jóvenes, que “han quedado prácticamente excluidos del mercado: solo uno de cada diez compradores tiene hoy menos de 30 años, frente a uno de cada cuatro en 2007. Esta situación no se debe solo al cambio demográfico, sino a la dificultad para disponer del ahorro suficiente para hacer efectiva la entrada”.

Para los asistentes, la utilización de los datos extraídos de las escrituras notariales es clave para la articulación de políticas públicas y soluciones efectivas al problema de la vivienda en España. Esta es una de las principales conclusiones alcanzadas por los expertos en la primera jornada del curso.

Sobre las políticas públicas vigentes en materia de vivienda tomo la palabra Llanos Castellanos, subsecretaria del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, quien puso de relieve que “el problema de la vivienda tiene un vector que complica mucho más la gestión: los cambios en el sector de la construcción necesitan largos periodos de tiempo para su maduración y retorno. Estamos firmemente convencidos de atajar todos los problemas que detectemos”.

Al mismo tiempo comentó que “para nosotros es muy importante colaborar decididamente con el sector privado, tener mayor certeza en los arrendamientos y emplear la tecnología para aplicar la información obtenida de los datos. En el Plan Estatal de Vivienda contemplamos una inversión de 7.000 millones de euros para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda”.

Concepción Barrio reconoce la necesidad de contar con datos fiables para poder abordar con seriedad el problema de la vivienda. (Imagen: Consejo del Notariado)

Desequilibrio entre la oferta y la demanda

En la primera mesa de debate, dedicada a analizar el desequilibrio entre la oferta y la demanda y las posibilidades de actuación para estimular la edificación de obra nueva, los expertos demandaron acelerar la transformación del sector hacia la “construcción industrializada”, junto a la implementación de nuevas herramientas financieras, regulatorias y tecnológicas.

“El problema no es solo de oferta. Falta suelo desarrollado, hay escasez de mano de obra especializada y los instrumentos financieros tradicionales no se adaptan a los nuevos modelos constructivos», explicó el arquitecto Enrique Vinagredo, quien puso como ejemplo las soluciones aplicadas por otros países: “China combina incentivos fiscales, subsidios directos y mejoras en financiación a través de bancos estatales; y Reino Unido exige un 25% de construcción modular en vivienda asequible”.

Valentina Montero, vicedecana del Colegio Notarial del País Vasco, moderó el panel y abogó por “activar la colaboración público-privada, agilizar la generación de suelo finalista, armonizar la actuación entre administraciones, mejorar la financiación y aplicar ayudas eficaces que equilibren oferta y demanda. Solo mediante un Pacto de Estado por la Vivienda, con vocación de permanencia y seguridad jurídica, podremos garantizar el ejercicio real del derecho a la vivienda, proteger a todas las partes implicadas y avanzar hacia un modelo que refuerce el bienestar social”.

De igual manera, el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España, Xavier Vilajoana, defendió la colaboración entre el sector público y privado y pidió una “mayor flexibilidad en los modelos de cooperación para que nuestro urbanismo se adapte con mayor rapidez a las nuevas necesidades”.

“La vivienda tiene que ser una infraestructura social, como la sanidad o la educación. Pero la realidad es que en sanidad se invierte el 20% del PIB aproximadamente, en educación el 12% y en vivienda el 1,5%”.

Sobre la mano de obra, apuntó que “en los próximos 15 años el 40% de la mano de obra va a tener edad de jubilación. Ahora tenemos carencia, pero en el futuro va a ser todavía peor. Si queremos tener gente joven en el sector debemos mejorar la formación. La solución pasa por dejar trabajar a los profesionales del sector”.

Asimismo, el catedrático de Derecho Administrativo, Juan Ramón Fernández, alentó a “repensar cómo queremos que sean las ciudades. Venimos siendo tributarios de un modelo urbanístico que tiene más de 80 años y estamos en un atolladero. Debemos plantearnos que ese modelo se ha agotado e instaurar uno nuevo”. Y pidió a las Administraciones Públicas “cumplir y hacer cumplir la legislación en vigor, en su espíritu y finalidad”.

En el diálogo que la decana del Colegio Notarial de Murcia, Carmen Rodríguez, mantuvo con Fernando de Aragón, director general del Catastro, y Jesús Puebla, subdirector general de Gestión Catastral, Colaboración y Atención al Ciudadano, se puso en valor la estrecha colaboración entre el Notariado y la institución catastral, “que se ha convertido en un aliado fundamental a la hora de proporcionar seguridad jurídica a las transacciones inmobiliarias”, subrayó Carmen Rodríguez.

“A través de la Sede Electrónica Catastral, los notarios accedemos de forma rápida y segura a una información vital para las operaciones de compraventa: la ubicación de la vivienda, superficie, linderos, etc., además del valor de referencia, entre otros muchos datos. De este modo, en el momento del otorgamiento de la escritura pública el objeto del negocio queda claramente delimitado, también de forma gráfica”, explicó la decana.

Mesa redonda sobre los problemas de oferta y vivienda; moderada por Valentina Montero, vicedecana del Colegio Notarial del País Vasco; en la que participaron el arquitecto Enrique Vinagredo; el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España, Xavier Vilajoana; y el catedrático de Derecho Administrativo, Juan Ramón Fernández. (Imagen: Consejo del Notariado)

Necesidad de un Pacto de Estado

Por su parte, el director general de Fundación Notariado, Raimundo Fortuñy, destacó la importancia de tratar el problema de la vivienda en este foro un año más, reuniendo a “todas las partes afectadas e implicadas: organizaciones y asociaciones ciudadanas, académicos, representantes del mundo empresarial, las Administraciones Públicas y el Notariado. La vivienda es una cuestión que está en el día a día de nuestros despachos. Los notarios estamos en contacto directo con los ciudadanos, contamos con unos datos estadísticos de valor incalculable, extraídos de los instrumentos públicos que autorizamos, y estamos aquí para aportar soluciones de consenso”.

En su intervención, la primera teniente alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, Nekane Arzullus, señaló que “Donostia tiene un grave problema de vivienda. Las tensiones de la ciudad se trasladan a la periferia y, además, sufrimos un constante envejecimiento de la población, lo que también afecta al acceso a la vivienda”.

Otra cuestión que comentó es que “en los últimos 10 años el precio de la vivienda en esta ciudad se ha incrementado en un 52%. Hay que dar respuestas y nuestra estrategia debe ser sostenible y respetuosa. La vivienda es mucho más que un factor económico, es la posibilidad de desarrollar un proyecto personal y familiar, un espacio de convivencia y protección, una necesidad básica”.

La directora académica de la Fundación Cursos de Verano (UIK) de la Universidad del País Vasco (UPV), Idoia Otaegui, remarcó que “el problema de la vivienda en España se agrava con el paso del tiempo y sin un giro claro de las políticas públicas resulta muy complejo encontrar una solución”. “Ante esta realidad, y gracias al impulso de Fundación Notariado, abrimos diálogos que pueden ayudar a encontrar soluciones a esta problemática, escuchando a todos los agentes implicados en la materia. Eso es lo que esperamos de este curso».

Por su parte, los representantes del Catastro señalaron que “la información catastral es indispensable y muy utilizada por todos los operadores intervinientes y en todos los momentos del proceso. Nuestra enorme colaboración con el Notariado genera importantes sinergias que contribuyen a la prestación de un mejor servicio público, objetivo fundamental de cualquier institución o Administración Pública”.

De izda. a dcha.: Raimundo Fortuñy, director general de Fundación Notariado; Idoia Otaegui, directora académica de la Fundación Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco; Nekane Arzallus, primera teniente alcalde y concejala de Urbanismo Sostenible del Ayuntamiento de San Sebastián; Llanos Castellanos, subsecretaria del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana; Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta del Consejo General del Notariado; Ángel Nanclares, decano del Colegio Notarial del País Vasco; y Manuel Seda, vicepresidente del Consejo General del Notariado. (Imagen: Consejo del Notariado)

Acuerdo con el Banco de España

Con anterioridad a este curso hay que reseñar que la presidenta del Consejo General del Notariado (CGN), Concepción Pilar Barrio, y el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, han firmado hoy un convenio de colaboración para facilitar el acceso de la entidad a información procedente del Índice Único Informatizado Notarial (IUIN). Con aproximadamente 25.000 millones de datos de más de 160 millones de documentos notariales, el IUIN es la base de datos más precisa para analizar el mercado inmobiliario.

Este acuerdo permitirá al Banco de España ampliar los datos disponibles para sus diversos estudios estadísticos y análisis sobre el mercado de la vivienda. La entidad podrá consultar, a través de un canal desarrollado por el Centro Tecnológico del Notariado, información anonimizada contenida en las operaciones inmobiliarias realizadas ante notario: compraventas, hipotecas, tipología de inmuebles, etc.

Por su parte, el CGN reafirma con este convenio su compromiso con la colaboración institucional y la puesta en valor del importante caudal de información que gestionan los notarios en el ejercicio de su función pública. A través del IUIN, la institución facilita el acceso a datos relevantes, cumpliendo así con sus competencias estadísticas y de apoyo a las administraciones públicas.

La presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Barrio, ha destacado que “este acuerdo refuerza el papel del Notariado como generador de información precisa y fiel sobre la realidad jurídica y económica de nuestro país. Poner nuestros datos al servicio de instituciones como el Banco de España es una forma de contribuir activamente a una mejor comprensión de la realidad económica”.