Un grupo de juristas como Manuel Aragón, Consuelo Madrigal o Andrés Betancort, entre otros, reclaman la vuelta a la normalidad democrática

Un grupo de juristas y catedráticos han suscrito y hecho público el llamado Memorial por la recuperación de la normalidad democrática, un documento que analiza la situación de país sumido en distintos casos de corrupción y en una situación donde se amenaza la situación de la justicia en general y la independencia del Poder Judicial. Para estos profesionales es urgente volver a la normalidad democrática y salir de la situación en la que nos encontramos.

La semana que hoy se inicia es clave por distintos acontecimientos: este lunes José Luis Ábalos, exsecretario de Organización del PSOE y exministro, y Koldo García, su exasesor, declararán este lunes en el Tribunal Supremo (TS) tras conocerse el demoledor informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que sacaba a la luz indicios de una trama de cobro de mordidas a cambio de obras públicas en la que estaría implicado el también exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán. Sus declaraciones serán decisivas para el futuro de Pedro Sánchez.

Al mismo tiempo, el Tribunal Constitucional (TC) celebrará desde el lunes un Pleno monográfico sobre la ley de amnistía, donde se adentrará de lleno en el estudio de la ponencia redactada por la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, para responder al recurso presentado por el Partido Popular (PP), que avala lo esencial de la norma jurídica. Se espera que la mayoría progresista apoye el borrador y que la sentencia llegue a final de semana, según las fuentes jurídicas consultadas por Economist & Jurist. Al parecer, una vez dictada esta primera sentencia sobre la amnistía, el TC adoptará un perfil bajo, de modo que no retomará los demás asuntos relativos a la ley hasta la vuelta del verano.

En este contexto se hace público dicho documento donde sus reivindicaciones se basan en “un recordatorio —exigente y esperanzado— de lo obvio: que el Parlamento controle y legisle; que el Gobierno gobierne al servicio del interés general; que los jueces juzguen sin tutelas; que la ley sea tan previsible como un buen reloj; que las empresas no dependan del capricho político; que los partidos sirvan a la participación ciudadana y no a la colonización de instituciones y empresas. Demandas mesuradas, sí, pero que exigen coraje cívico y rigor político”, indican en dicho texto.

Este documento, que se ha hecho viral en redes sociales, se hizo público el pasado 19 de junio del 2025, fecha emblemática en nuestro país ya que era el aniversario de cuando el Felipe VI fue proclamado Rey de España ante las Cortes Generales. “Aquel día simbolizó la normalidad democrática y la solidez de nuestras instituciones. Ese espíritu impregna este Memorial. Es una llamada de alerta y una reivindicación: sin exageraciones ni estridencias, pero con claridad y firmeza. No permitamos que nuestras instituciones se marchiten bajo la inercia tóxica que convierte la excepción antidemocrática en norma”.

El manifiesto lo avalan personalidades como Andrés Betancor, catedrático de Derecho Administrativo, CUNEF Universidad, coordinador; Sebastián Albella, expresidente de la CNMV; M.ª Isabel Álvarez, profesora ordinaria de Derecho Constitucional, ICADE; Juan Álvarez Manuel Aragón, catedrático de Derecho Constitucional, exmagistrado del Tribunal Constitucional; Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional; María José de la Fuente, letrada del Tribunal de Cuentas, expresidenta del Tribunal de Cuentas; Pablo de Lora, catedrático de Filosofía del Derecho, Universidad Autónoma de Madrid; Eva Desdentado, catedrática de Derecho Administrativo, Universidad de Alcalá de Henares; Ignacio Díez-Picazo, catedrático de Derecho Procesa; Germán Fernández, catedrático de Derecho Administrativo; y Javier García de Enterría, catedrático de Derecho Mercantil.

Junto a ellos otros firmantes como Antonio Jiménez-Blanco, catedrático de Derecho Administrativo, Universidad Politécnica de Madrid; Ana Gemma López, catedrática de Derecho Internacional Público, Universidad Complutense de Madrid; Consuelo Madrigal, fiscal, exfiscal general del Estado; Francisco Pérez de los Cobos, catedrático de Derecho Laboral, Universidad Complutense de Madrid, expresidente del Tribunal Constitucional; Amadeo Petitbò, catedrático de Economía, expresidente Tribunal de Defensa de la Competencia; Jorge Rodríguez-Zapata, exmagistrado del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional; Ángel Rojo, catedrático de Derecho Mercantil; Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional, UNED; y José Antonio Zarzalejos, periodista y exletrado de la Diputación Foral de Vizcaya.

A lo largo de las 11 páginas del Manifiesto estos juristas destacan que el pasado año la mayor parte de ellos participaron en la obra Instituciones del Estado democrático de Derecho, conversaciones. Contribución a la cultura cívica de la institucionalidad democrática (BOE y Fundación Rafael del Pino, Madrid, 2024). En esa presentación que se hizo en dicha Fundación, junto a Aragón, Madrigal y el propio Betancort intervendría Vicente Guilarte, quien fue presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones hasta que se eligió nuevo Consejo.

“En aquel entonces, ya advertíamos sobre la peligrosa evolución de nuestra institucionalidad, un camino que comprometía la calidad del Estado social y democrático de Derecho. Hoy, esa situación se ha agravado”, subrayan.

El papel del Tribunal Constitucional, que celebra un pleno esta semana sobre la amnistía, es cuestionado por estos juristas por su elevada politización. (Imagen: Tribunal Constitucional)

Las instituciones se han debilitado

A modo de conclusiones estos profesionales señalan, en primer lugar, la necesidad de proteger a las instituciones, como armazón invisible pero esencial del Estado democrático de Derecho.

“No son solo organismos públicos o estructuras jurídicas codificadas: son reglas, prácticas y marcos de actuación que organizan el poder, estructuran la convivencia y ofrecen estabilidad, previsibilidad y seguridad a la vida social. Su legitimidad, más que su fuerza, es la que asegura su eficacia y permanencia. Cuando esa legitimidad se degrada, todo el sistema democrático se resiente. España atraviesa desde hace años una progresiva crisis institucional”.

Para ellos, “no se trata de un colapso repentino, sino de un proceso de erosión continua, marcado por la desconfianza ciudadana, la colonización partidista de los organismos públicos y la banalización de la vida política. La mercadotecnia ha sustituido a la deliberación; la imagen ha desplazado al contenido; y los partidos, instituciones llamadas a representar intereses y valores sociales, han abandonado su función sustancial para actuar como maquinarias de poder electoral, sin proyecto ni estructura de pensamiento”.

Desde su privilegiada visión indican que “este fenómeno tiene raíces históricas. España ha funcionado cíclicamente a base de espasmos: crisis, colapsos, regeneraciones frustradas y breves intervalos de estabilidad. Desde el desastre de 1898 hasta el 1 de octubre de 2017, pasando por 1931, 1936, 1978 o 2012, el patrón se repite. La democracia española ha estado más asentada en la ‘conllevancia resignada’ que en una cultura cívica sólida. Hoy, esa resignación ha virado a la desafección, cuando no al rechazo abierto”.

Manuel Aragón, Consuelo Madrigal y Andrés Betancort, que aparecen junto a Vicente Guilarte en la fotografía, participaron hace un año en la presentación de la obra ‘Instituciones del Estado democrático de Derecho, conversaciones’. Ahora, un año después, muchos de esos juristas son firmantes de dicho manifiesto. (Imagen: Fundación Rafael del Pino)

La lacra de la corrupción

En el documento se hace hincapié en la fuerza demoledora de la corrupción: “Se ha convertido en uno de los principales vectores de degeneración institucional. No solo por sus efectos económicos, sino porque quiebra la confianza de los ciudadanos en el poder que actúa en su nombre. La política ya no se percibe como servicio público, sino como ejercicio de poder ajeno al interés general. La regeneración democrática, invocada cíclicamente desde el siglo XIX, se convierte en una demanda moral antes que en una propuesta política”.

También advierten que “en su versión contemporánea, esta regeneración corre el riesgo de ser instrumentalizada por el populismo, que ofrece falsa autenticidad y limpieza como soluciones a la crisis, pero a costa del pluralismo, la división de poderes y el respeto a las reglas. El descubrimiento de casos de corrupción y su confirmación judicial no sólo no provoca la dimisión inmediata de los afectados, sino que se acompaña de acusaciones de lawfare contra la judicatura, rompiendo los principios esenciales de todo parlamentarismo democrático”.

El manifiesto critica la actuación de los partidos políticos: “Los partidos han jugado un papel clave en esta deriva. Hoy son organizaciones omnipotentes e impotentes a la vez: capaces de ocupar todo el aparato del Estado, pero incapaces de acometer reformas estructurales por miedo a perder el poder; un botín a conservar a toda costa. Están atrapados por el cortoplacismo y por el afán de complacer a sus bases, en lugar de representar a la sociedad en su conjunto”.

Para los firmantes de este documento “se convierten en obstáculos para el funcionamiento fluido de las instituciones que deberían servir y fortalecer. Se ha demostrado repetidamente que la fortaleza institucional es un factor clave del desarrollo económico. La protección de los derechos de propiedad y libertad de empresa, la seguridad jurídica y un marco regulador estable son condiciones necesarias para atraer inversión, generar confianza y favorecer el crecimiento”.

La corrupción y la deriva de los partidos políticos son de las cuestiones que están socavando la legalidad democrática. Presentación del estudio de Transparencia internacional en el 2023, donde aparecen Manuel Villoria, David Martínez, Silvina Bacigalupo en el uso de la palabra y Aurea Moltó, secretaria general. (Imagen: Transparencia internacional)

Faltan consensos políticos

Otra cuestión que señalan es que “cuando las instituciones se debilitan, la prosperidad se resiente. La mercadotecnia política ha exacerbado este deterioro: ha priorizado la imagen sobre el contenido, la confrontación sobre el debate, y la campaña electoral permanente sobre la acción de gobierno. Esta lógica ha vaciado de sustancia la política, ha infantilizado al ciudadano y ha eliminado el incentivo para construir consensos duraderos”.

Estos juristas advierten que “se gobierna con encuestas, no con ideas; se legisla al límite del plazo, no con planificación; se improvisa, no se construye. La democracia necesita instituciones sólidas, integradas por personas competentes y solventes. No bastan las normas para la buena política, que incluye la ejemplaridad institucional: se requieren además creencias y convicciones compartidas sobre la legitimidad del sistema, el compromiso con su preservación y la disposición a asumir sus límites”.

Como idea final señalan que “la política debe recuperar su función institucional, revalorizar la representación y promover un nuevo pacto cívico que priorice el interés general por encima de la rentabilidad inmediata. Sin ese esfuerzo de reconstrucción, el Estado democrático de Derecho corre el riesgo de vaciarse por dentro hasta convertirse en una mera fachada de aparente legalidad ajena a los principios y valores que le caracterizan y sostienen”.

Al final de lo que se trata para estos expertos es la necesidad de recuperar la normalidad democrática: “Ese, como la Historia nos enseña, sería el camino inexorable para su perdición. La recuperación de la normalidad democrática, que es la constitucional, es la prioridad del momento presente. Continuar por el camino de la excepcionalidad es la vía para poner fin a nuestro Estado democrático de Derecho. Así lo creemos, así lo expresamos, así lo manifestamos”.