La Plataforma de Afectados por la Ocupación denuncia que el Gobierno ha evitado reunirse con ellos en 25 ocasiones

Pilar Martínez y Ricardo Bravo, pequeños propietarios y portavoces de la Plataforma de Afectados por la Ocupación han denunciado la situación del colectivo en la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo este martes. La intervención puede revisarse aquí.

En sus intervenciones plantearon una solicitud para que los pequeños propietarios de viviendas, que en la mayoría de los casos tienen una o dos casas, no se vean obligados a asumir la carga de mantener durante años a los inquilinos que no pagan su renta, o a personas que ocupan su vivienda y se declaran vulnerables, lo que hace que se paralicen o retrasen los procedimientos judiciales y los posibles lanzamientos que se hayan declarado.

Martínez, al igual que Ricardo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, organización de ámbito nacional y sin ánimo de lucro, están de acuerdo en que hay que apoyar a las personas vulnerables, especialmente a las familias, pero según han expuesto en dicha comisión, «esa responsabilidad ha recaído en los pequeños propietarios. Debe ser el Estado quien se ocupa de la situación de estas personas”.

Pilar Martínez y Ricardo Bravo, miembros de la Plataforma, han explicado el abandono que sufren por parte del Gobierno de Pedro Sánchez (Foto Parlamento Europeo)

La ocupación ilegal de inmuebles se ha convertido en un problema social en nuestro país para el que los ciudadanos exigen soluciones. La situación es especialmente compleja en Cataluña, donde se registraron 2.798 denuncias relacionadas con esta infracción solo en los cinco primeros meses de 2023 según datos del Ministerio del Interior

El resultado supone más que multiplicar por cuatro los casos de la Comunidad de Madrid, que ascienden a 649, según los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior.

Buena parte de las denuncias también se concentraron en Andalucía (1.036) y Comunidad Valenciana (716), mientras que la Ciudad Autónoma de Melilla (2), la Ciudad Autónoma de Ceuta (3), Navarra (37) y Cantabria (37) registraron los datos más bajos.

En el conjunto de España se contabilizaron 6.648 infracciones, frente a las 7.485 del mismo periodo del año anterior. Los casos también mermaron en prácticamente todas las regiones, salvo en Canarias y el Principado de Asturias, con 234 y 174, respectivamente.

La situación es especialmente compleja en Cataluña, donde se registraron 2.798 denuncias relacionadas con esta infracción

Un análisis temporal más amplio desvela que las infracciones penales relacionadas con la ocupación de inmuebles crecieron un 37% en los últimos 5 años. Pasaron de las 12.214 en 2018 a las 16.726 de 2022. Además, en ese periodo alcanzaron máximos históricos (17.274 infracciones en 2021). Hay que destacar que los datos de Interior recogen denuncias, no delitos, una distinción que se realiza en la instancia judicial.

Un grave problema

En su intervención, Bravo subrayó que “hay afectados que han estado esperando cuatro años para expulsar a familias no vulnerables de sus familias ocupadas e inquiocupadas. Una vez finalizada la pandemia de Covid se prorrogó el decreto dictado entonces, que impedía desocupar una vivienda por impago del inquilino y que se ha extendido hasta el 31 de diciembre de 2024, en caso de que se declare la situación de vulnerabilidad en los residentes.

Las infracciones penales relacionadas con la ocupación de inmuebles crecieron un 37% en los últimos 5 años

Ante la falta de diálogo con el Gobierno las víctimas han optado por recurrir a los ayuntamientos de toda España, a los que están presentando un  documento con 56 medidas que consideran que podrían contribuir a acabar con esta lacra o, cuando menos, minimizar el coste que el Estado obliga a asumir a los propietarios.

Antes de la presentación de la petición en el Parlamento, Pilar Martínez y Ricardo Bravo mantuvieron en Bruselas una serie de encuentros con los eurodiputados Cristina Maestre (PSOE), Jordi Cañas (Ciudadanos), y Juan Ignacio Zoido (PP), «ya que queríamos que nos apoyaran».

Para Zoido, que intervino también en dicha comisión de peticiones, “para el Gobierno solo se ocupan las viviendas de los bancos y grandes tenedores. Y esa no es la realidad. Hoy hemos escuchado a dos personas que nos han demostrado que no es así. El PP propuso un máximo de 48 horas para echar a los ocupas de esas viviendas pero Sánchez y sus socios votaron en contra”.

También comento que “nosotros estamos comprometidos en dar una vivienda digna a estas personas vulnerables, es algo que debe ser compatible con el respeto a la propiedad privada No hay un único tipo de víctima de ocupación, pueden ser mujeres, jóvenes o matrimonios con o sin hijos, todo tipo de personas. Desde el PP europeo queremos darles todo nuestro apoyo”.

Juan Ignacio Zoido, eurodiputado del PP, también cree que los poderes públicos deben compensar a los propietarios ante estas ocupaciones (Foto: Europarlamento)

La ocupación es un delito

Por su parte, Cañas, eurodiputado de Ciudadanos indicó en su intervención que hay dos derechos fundamentales en juego dañados “como son el derecho a la propiedad y a una vivienda. El gobierno hizo políticas sociales a costa de los pequeños propietarios impidiendo que estas familias que ocupaban viviendas fueran desalojadas. Ellos dejan de recibir su venta y tienen que pagar los servicios de esas viviendas y declarar unos ingresos que no han tenido en su declaración de impuestos sobre la renta”.

A su juicio, “el Gobierno debería asumir el coste del mismo y compensar a esos pequeños propietarios. Es evidente que estos años no se ha invertido en el parque publico de viviendas, por eso debería asumir el coste e indemnizar a este colectivo de afectados La ocupación afecta al articulo 17 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE que habla del disfrute de la propiedad privada. El derecho a una vivienda digna no puede basarse en el ataque a la propiedad privada. La ocupación es un delito que debe perseguirse”.

También Vox, representado por Jorge Buxadé, votó a favor de la solicitud de los representantes de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, por lo que la petición ha quedado abierta, al obtener el visto bueno de la mayor parte de los grupos de la comisión, aunque no fue secundado por Sumar y Podemos.

Además de los casos de ocupación más comunes, los representantes de la plataforma pusieron sobre la mesa otros en los que se produce la usurpación de edificios enteros por parte de mafias, que a su vez arriendan los pisos como puntos de venta de droga, para actividades ilícitas o para ejercer la prostitución.

En estos casos, algunos propietarios que son dueños de viviendas legalmente adquiridas tienen que convivir con sus familias en estos ambientes, sufriendo todo tipo de coacciones y situaciones violentas.

El eurodiputado Jordi Cañas, de Ciudadanos, ha recibido a estos portavoces para conoce la situación que sufren estos ciudadanos (Foto: Ciudadanos)

Piden amparo al Parlamento Europeo

La petición que fue registrada y admitida a trámite tiene por objeto “instar a las instituciones europeas a un análisis de la medida de suspensión de los desahucios y desalojos aprobada por el Estado español y valorar si  incumple o vulnera derechos fundamentales, como el de la propiedad”.

El escrito presentado al parlamento, por este colectivo de afectados fue realizado gracias a la colaboración de Rosa Mari Peris de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, recoge la  fundamentación formal y jurídica, así como las consecuencias que se derivan de la  aplicación de la legislación a las víctimas.

Se exponen los preceptos vulnerados por la legislación en diferentes materias y se proponen acciones concretas a la UE para mejorar el mercado del alquiler en España en cuanto al impago de las  contraprestaciones arrendaticias.

Las principales conclusiones de la propuesta se han basado en que, “en primer lugar, el derecho a una vivienda digna no puede sustentarse en la lesión continuada de los derechos de los propietarios de inmuebles”.

Para estos afectados el Gobierno español ha incumplido el mandato constitucional, pues la carencia en la inversión de vivienda pública ha constituido el denominador  común de las políticas de vivienda de los distintos gobiernos.

Así, indicaron que el art. 47 de la Constitución determina que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna.

A  estos efectos, las distintas administraciones han permitido que el parque de vivienda social sea el más ínfimo de Europa, trasladando la responsabilidad  de falta de vivienda social directamente a las víctimas de la inquiocupación. Los distintos gobiernos españoles han olvidado conjugar el acceso a una  vivienda digna con el derecho a la propiedad privada regulada por el  artículo 17 de la CE.

Para estos afectados resulta inconstitucional el incumplimiento del mandato del art. 47 de la  CE, desvirtuando el concepto de la propiedad privada por lesionar de forma constante y reiterada el derecho de los propietarios.

A juicio de este colectivo las medidas extraordinarias aquí indicadas fueron dictadas como consecuencia de una grave situación pandémica mundial que ya no existe.

También señalan que  la consecuencia inmediata de esta situación ha sido una considerable disminución de inmuebles en el mercado privado, retirados por sus propietarios ante la dificultad de recuperar sus inmuebles, el coste económico que  ello les supondría o la limitación actual en la actualización de la renta del  alquiler; situación ésta que se aleja bastante del pretendido fomento del  alquiler.

El texto finaliza con la exposición de los antecedentes legislativos que han generado el problema de la suspensión de desahucios y lanzamientos y, por ende,  la inseguridad del mercado del alquiler en España, y, la instancia para que las  instituciones europeas puedan analizar las medidas de suspensión y la posible vulneración de derechos fundamentales de las víctimas de la inquiocupación.

Un fenómeno emergente

La inquiocupación se refiere al impago voluntario de la renta del alquiler al abrigo  de este Real Decreto y sus sucesivas prórrogas. El Real Decreto insta a evitar el  desahucio o desalojo de familias vulnerables, pero la realidad es que miles de  familias ocupas, inquiocupas o falsas vulnerables pueden acogerse también al secreto y paralizar por meses, a veces año, una sentencia de desahucio (no  hipotecario) mientras que evitan el pago de la renta, creando gravísimas  consecuencias sobre los pequeños arrendadores.

La inquiocupación se ha convertido en la forma de ocupación más habitual de nuestro país, entendiéndose este término como ocupación de inmuebles sin consentimiento del propietario o persona que tenga derecho a poseerlo  legítimamente.

La Plataforma de Afectados por la Ocupación está constituida por pequeños  propietarios con una o dos viviendas en propiedad. No somos bancos, somos familias trabajadoras “a la que el gobierno obliga a mantener a quienes dejan de  pagar voluntariamente la renta del alquiler, asumimos sus suministros”.

La inquiocupación se refiere al impago voluntario de la renta del alquiler al abrigo  de este Real Decreto y sus sucesivas prórrogas

También nos indica que “además tenemos que hacer frente a las costas de abogados y procuradores, con demoras judiciales superiores a 2 años, sin poder percibir el alquiler, que en muchos casos,  supone el sustento para nuestras economías. Esta medida está arruinando a miles  de familias españolas”.

La medida de suspensión de los desahucios y desalojos (incluida en los paquetes de medidas anticrisis del gobierno y recientemente ampliada por el gobierno no viene acompañada por recursos habitacionales ofrecidos por las administraciones públicas, por lo que se deriva esta responsabilidad a pequeños propietarios que  sostienen el 90% del mercado del alquiler.

Con esta petición, la Plataforma de Afectados por la Ocupación quiere denunciar  ante el parlamento europeo el desamparo y las gravísimas consecuencias que  supone la sistemática vulneración de derechos de los afectados por la  inquiocupación, así como el deliberado silencio del ejecutivo español ante esta  situación

La decana de Mataró ya lo denunció

Hay que recordar que en abril del 2022, la decana del colegio de abogados de Mataro, Maria Pastor denunciaba  ante la misma Comision de Peticiones del PE que   la a situación está sin control”, es uno de los comentarios de la decana del Ilustre Colegio de Abogados de Mataró (ICAMAT), María Pastor Santana, en su comparecencia ante esa Comisió para exponer las carencias de la ley española a la hora de actuar con celeridad frente a la ocupación ilegal de inmuebles.

María Pastor, decana del Colegio de Abogados de Mataró, ya intervino en abril del 22 en la citada Comisión para denunciar un problema que sigue vigente como es el de la ocupación de viviendas (Foto: Colegio de Abogados de Mataró)

A su juicio, el primer movimiento «okupa», que era reivindicativo de vivienda social provocado por la crisis del 2008 y años sucesivos, “ha degenerado en un movimiento delincuencial con mafias organizadas que escogen a personas vulnerables para que se apropien de esas viviendas, a cambio de un dinero”.

La decana del Colegio de Abogados de Mataró explicó  que existe una web donde se puede ocupar por encargo, “y también existe un juego de mesa como el monopolio de toda la vida para jugar a ocupar viviendas”, añade.

Según comentan a Economist & Jurist estos afectados, la situación ha ido de mal en peor ante la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez. Así, señalan que en septiembre de 2021, la Plataforma de Afectados por la Ocupación, convocó su primera manifestación en las puertas del Congreso de los Diputados. .

Aquel septiembre, la plataforma ya atendía cientos de llamadas de lo que  popularizamos como INQUIOCUPACIÓN. Un fenómeno de impago voluntario de rentas de alquiler que crecía exponencialmente, bajo el amparo de la paralización  de todo tipo de desalojos y desahucios, independientemente de que fueran  ocupas, inquiocupas, o familias vulnerables que habían sufrido una reducción de  ingresos por la pandemia.

La respuesta por parte del gobierno y de los partidos de la coalición a la  concentración fue el silencio: “Tres años después el llamado Gobierno del diálogo y la negociación sigue sin  responder a las más de 25 solicitudes de reunión registradas en diversos  ministerios por la Plataforma de Afectados por la Ocupación”.