El aluvión de reclamaciones que se avecina por el apagón buscará acreditar una posible responsabilidad patrimonial del Estado

El reciente apagón eléctrico que ha afectado al el país va a generar en los próximos días un aluvión de reclamaciones de particulares y empresas para pedir la indemnización correspondiente por esos daños causados. Algunas de ellas bucarán la responsabilidad patrimonial del Estado ante este suceso. El éxito de esa iniciativa dependerá de si hay o no fuerza mayor, o si realmente queda definida la causa y el origen del siniestro vinculado a una negligencia o error técnico en el seno de Red Eléctrica.

Esta mañana desde este operador se descartaba el ciberataque como causante del apagón masivo pero la Audiencia Nacional ha decidido abrir diligencias para saber si hubo ciberataque. El otro apagón informativo es el del Gobierno, que no aclara la situación y contribuye a crear un clima de malestar entre los afectados por este siniestro.

De todas formas, según José María Torres, presidente de CONPYMES, entidad que agrupa a dos millones de autónomos y pymes en todo el país, ha hecho una primera valoración y señala que las pérdidas en el comercio podrían ser de miles de millones de euros.

Expertos consultado por Economist & Jurist indican que las aseguradoras tendrán un papel relevante en los días posteriores a la parálisis que ha provocado el apagón masivo en el país.

Los seguros del hogar suelen cubrir averías de aparatos eléctricos, que podrían haberse producido este lunes, o que la comida del frigorífico se estropee por la ausencia de energía. Tampoco es descartable que el Estado ofrezca algún tipo de ayudas sin llegar a la responsabilidad patrimonial del Estado, como las pedidas por CONPYMES. “Los próximos días serán decisivos para aclarar la situación y en función de la autoría se podrán plantear reclamaciones”, indican.

Puede haber responsabilidad patrimonial

Para Alberto Dorrego, socio responsable de Derecho público de Eversheds Sutherland y presidente de la sección de derecho administrativo del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), “es una buena idea que el Gobierno impulse una línea de ayudas para las empresas afectadas por este siniestro. Aún es pronto para conocer la autoría de este siniestro, es fundamental conocer la causa de estos daños producidos por el apagón. Puede ser de distinto tipo: causa por un agente externo o por un ciberataque; podría achacarse a la fuerza mayor si no se llegara a conocer dicha causa o fuera un imprevisto. En el caso del ciberataque habría que valorar distintos elementos para saber si se adoptaron medidas de diligencia debida”.

Sin embargo, Dorrego confiesa que “si la causa de estos daños es un fallo técnico de control de Red Eléctrica en ese supuesto habría una responsabilidad del gestor de esta instalación que sería la propia Red Eléctrica y el Estado como responsable último y el que ha atribuido la gestión de estas instalaciones en exclusiva, a través de una ley a este organismo público. Hay que esperar un poco para reclamar hasta que se sepa hacia donde se decanta al final la hipótesis de este suceso en relación con la responsabilidad final”.

Alberto Dorrego cree que en este tipo de asunto debe existir alguna responsabilidad del Estado y Red Eléctrica por la magnitud del siniestro. (Imagen: ICAM)

Para este jurista “es importante conocer el análisis técnico de lo que ha sucedido antes de emprender cualquier tipo de acciones. El afectado por un daño de estas características lo que necesita es ser compensado por el daño sufrido. Para ser compensado hay que seguir el camino más eficaz, lo principal es saber cuál es el origen del daño y dirigir la acción al responsable. No olvidemos que puede haber responsabilidades concurrentes porque podría haber fallos técnicos encadenados porque hay sujetos distintos que intervinieron. Si eso es así, cada uno debería tener su propia responsabilidad. Hay que verlo en los próximos días”.

En su opinión, “dada la magnitud del siniestro y su generalización es impensable que no haya una responsabilidad patrimonial del Estado y del gestor de esta red eléctrica, en mayor o menor medida. En lugar de forzar a las empresas a las reclamaciones judiciales, lo lógico es que el Consejo de ministros aprobase una ley para gestionar esa línea de ayudas estatales a los afectados y así se evitaría el problema de ir a los tribunales. Sería mucho más eficaz y mejor para poder resolver toda esta problemática. Por desgracia, esto no se suele hacer y asuntos parecidos acaban en los tribunales”.

Es difícil plantear la responsabilidad patrimonial

Desde Granada, Javier López y García de la Serrana, socio director de Hispacolex y fundador y presidente de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro, constata el interés de empresas y particulares a través de sus consultas en saber si tienen derecho a alguna compensación por los daños sufridos. “Es pronto para hacer una valoración de este asunto. Aún no sabemos lo que ha pasado. Estamos preparando un informe para los clientes que nos lo han pedido. Hay empresas que han perdido dinero al trabajar por horas y quieren saber que tipo de compensación pueden acogerse. Estamos revisando sus pólizas de seguro por si tuvieran cobertura de este tipo de siniestros”.

Javier López y García de la Serrana cree que es crucial la investigación para saber realmente lo que ha pasado y exigir, o no, responsabilidad al Estado. (Imagen: cesión propia)

Para este jurista “no hay que precipitarse con la reclamación que hagamos al seguro o a la Administración. Para que pueda existir responsabilidad patrimonial del Estado no tiene que haberse dado fuerza mayor, si se da está excluida, como señala el artículo 1.105 del Código Civil que es el que regula esta figura y que indica que nadie responderá por sucesos que no puedan preverse o que previsto fuera inevitable. Pero si la causa está en un posible desfase por la energía que se utiliza o cualquier causa acreditable, entonces no sería fuerza mayor. Por ahora, no se ha definido una causa concreta, por lo que es crucial esperar la investigación para conocer si hubo responsabilidad o fue un hecho de fuerza mayor”.

Este jurista señala que “la mejor vía inmediata para los consumidores es revisar sus pólizas de seguro. Muchos seguros de hogar y de comercio cubren daños por apagones eléctricos y suelen indemnizar entre 300 y 500 euros por pérdidas de alimentos y otros daños, dependiendo de la póliza. Hay que ver si la póliza incluye cobertura de daños por fallos eléctricos o apagones, al mismo tiempo hay que ver las exclusiones que puedan aplicar (por ejemplo, daños por causas de fuerza mayor, podrían estar fuera de cobertura) y observar pruebas del daño (por ejemplo, fotografías de la comida estropeada, tickets de compra de alimentos o informes del corte eléctrico). En el caso de los negocios como bares o restaurantes, las coberturas suelen ser más amplias, pero todo dependerá de lo que esté declarado en el seguro”.

Como recomendaciones prácticas este jurista destaca la necesidad de, en primer lugar, “guardar pruebas: fotografías, facturas de compra de alimentos y registros del apagón. Al mismo tiempo, como ya comenté, revisar las pólizas de seguro: verificar coberturas específicas frente a apagones. Otro elemento importante es esperar la determinación de la causa: en los próximos días podría aclararse si existe o no responsabilidad en función de si hay una autoría o causa que ha generado este apagón. Todo esto lo debe hacer tanto el particular como la propia empresa que haya sufrido algún tipo de pérdidas, consultar con un abogado especializado en la materia. En caso de daños importantes, puede ser útil valorar opciones legales”.

Todo depende si hay fuerza mayor o no

En Sevilla, Marcos Peña, acaba de incorporarse a Roca Junyent Gaona como socio de público y regulatorio de este despacho. Procede de la boutique legal Administrativando Abogados, es doctor en Derecho y funcionario de carrera en excedencia al pertenecer al cuerpo de letrados de la administración local. Eso le ha hecho ser letrado jefe en administración pública local y asesor en áreas como contratación pública, urbanismo, expropiación forzosa o medio ambiente.

Sobre el apagón que tuvo lugar en nuestro país Peña no cree que se puede reclamar responsabilidad patrimonial al Estado: “Es una cuestión de fuerza mayor que aún está por determinar lo que ha sucedido”.

Marcos Peña cree que es posible que el Estado establezca una serie de ayudas al igual que hizo por la Dana para compensar a tantos afectados. (Imagen: Roca Junyent Gaona)

Para este experto “no se puede hablar de diligencia debida cuando hay un apagón de este tipo en un país en su totalidad, ahí el concepto de fuerza mayor va a romper con todo con esa relación de causalidad entre la acción y el resultado. En algunas sentencias el Tribunal Supremo dice que las administraciones no son las aseguradoras universales de los ciudadanos, sino que deben intervenir una serie de parámetros. En mi opinión va a ser complicado articular esa demanda por responsabilidad patrimonial del Estado basado en lo que ha ocurrido”.

Desde su punto vista “esa demanda no tendrá éxito porque no hay una imputación de esa responsabilidad de una forma preventiva. Estamos hablando de un apagón en parte de Portugal y Francia, con lo cual se puede ver la magnitud del asunto. La fuerza mayor rompe esa relación de causalidad que se busca en este tipo de asuntos”.

A su juicio es posible que el Estado, como ha hecho con la DANA, establezca una serie de ayudas directas a los afectados, “pueden ser ayudas específicas e indemnizaciones, acreditando con las facturas ese daño, pero no se va vehiculizar desde la figura de la responsabilidad patrimonial del Estado”.

Peña aclara que los contratos de seguro están basados en “los principios de aleatoriedad. Estos contratos aseguran siniestros aleatorios. Las aseguradoras ganan dinero con un principio de que tengo la probabilidad que eso no va a acudir y mientras tanto el asegurado me paga una prima y su beneficio será mayor cuando la aseguradora tenga que devolverle cuando suceda el siniestro. En este tipo de asuntos fuera del elenco de los siniestros no tiene dicha cobertura. Habrá que ver si lo cubre el Consorcio de Compensación de Seguros con las aportaciones que recibe del Estado, entidad que está para este tipo de siniestros especiales”.