Jueces, abogados y administradores concursales debaten en Toledo posibles reformas legislativas sobre insolvencia

Analizar los puntos clave de la insolvencia en nuestro país y posibles reformas legislativas es el objetivo de la quinta edición del Congreso de Derecho Mercantil y Concursal Ciudad de Toledo, organizado por el Ilustre Colegio de Abogados (ICA) de Toledo, en colaboración del Consejo General de la Abogacía de España (CGAE) y de International Auction Group, que se celebrará el próximo 11 de septiembre. Una cita ya consolidada como referencia nacional en el ámbito jurídico-mercantil que tendrá lugar en el salón de actos e la entidad colegial

El encuentro, que tendrá lugar en el Salón de Actos del Colegio, reunirá a cerca de un centenar de magistrados, letrados, académicos y profesionales especializados en reestructuración e insolvencia. La inauguración correrá a cargo del decano del ICA Toledo, Ángel Cervantes, acompañado por el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, junto a la intervención del presidente del CGAE, Salvador González, así como de Álex Munné, COO de International Auction Group y presidente de ANEES (Asociación Nacional de Entidades Especializadas).

Este Congreso cuenta con la dirección académica del magistrado Manuel Ruiz de Lara, titular de Juzgado de lo Mercantil núm. 11 de Madrid, quien cree que la nueva ley está ayudando a frenar la situaciones de insolvencia de las empresas desde su entrada en vigor. De hecho, todo lo que es la reestructuración es el Libro III, aunque este jurista ve que faltan reformas: “Hay que regular con más detalle la venta de la unidad productiva, la posibilidad de alzar los embargos administrativos para dar continuar a ese plan de reestructuración, otra cuestión sin regular, dotar de carácter ejecutivo al auto del plan de reestructuración. Son aspectos que en futuras reformas se pueden incorporar”.

Sobre este V Congreso Ruiz de Lara señala que ahora se ha concentrado en una jornada. “Analizamos las cuestiones claves que preocupan a los expertos en Derecho concursal. Hablaremos de la exoneración del pasivo insatisfecho, la venta de unidad productiva y su relación con la sucesión empresarial o el análisis del futuro Estatuto del administrador concursal entre otras cuestiones”.

Como ponentes habrá 10 magistrados, 9 de lo Mercantil y uno de primera instancia que darán la visión de estos y otros temas que se plantean en este evento, ya un clásico en estos cinco años de vida. “Analizaremos las cuestiones claves que inciden en la continuidad empresarial para que las compañías sigan operativas y manteniendo sus puestos de trabajo para seguir generando riqueza”.

El magistrado Manuel Ruiz de Lara es el director técnico de este Congreso Concursal donde se abordarán cuestiones claves sobre insolvencia. (Imagen: E&J)

Debate sobre crédito público

Volverá a ser atractivo el debate sobre la exoneración del crédito público porque tras las últimas sentencias del TJUE, el Tribunal de Luxemburgo le dice al juez nacional que valore él mismo esa posibilidad de exoneración de forma proporcional y en cada caso concreto. “Todavía hay debate y será interesante lo que se debata en este panel inaugural del que formo parte porque ha discusión jurisprudencial sobre este asunto hasta que tengamos interpretaciones de las audiencias provinciales de distintos sitios, este es un tema que está abierto”, dice Manuel Ruiz de Lara.

En opinión de este magistrado, las últimas resoluciones judiciales le han dado un empuje a esta cuestión. Según los expertos en nuestro país hay dos posiciones sobre este asunto: frente a la que sigue la ley española de restringir ese crédito público, hay otra tendente a la exoneración plena, posición que lideran el juez Francisco José Soriano, titular del Juzgado de lo Mercantil 19 de Madrid —presente en este evento en la mesa sobre la venta de la unidad productiva—, el magistrado Antonio Fuentes, del Juzgado de lo Mercantil 1 de Córdoba, que abrió una vía con el principio de proporcionalidad muy interesante, al igual que el juez Francisco Cabrera, magistrado del Juzgado de lo Mercantil 3 de Alicante, ubicado de Elche, quien en el 2023 dictó una exoneración plena en dicha localidad alicantina.

Igual pasa con la mesa de los planes de reestructuración donde intervendrán en otra mesa los magistrados Moisés Guillamón, magistrado del Juzgado Mercantil n.º 5 de Madrid y Leandro Blanco, integrante de la Sección Mercantil de la Audiencia Provincial de Valencia, con otros juristas como son José Carlos González, socio de Ceca Magán Abogados; Juan Manuel de Castro, of counsel en Kepler-Karst y abogado especializado en reestructuraciones e insolvencias; y Fermín Elizalde, economista, auditor, administrador concursal y experto en reestructuración. “Están cuajando de forma progresiva lo que hace que muchas empresas eviten el concurso y su posterior liquidación”, aclara.

En cuanto al Estatuto del administrador concursal, este jurista indica que “se ha anunciado muchas veces, pero no se ha llegado a aprobar nunca hasta el momento. Habrá que ver en qué términos se regula porque habrá que reconocer a aquellos que ya llevan un tiempo en ello. No parece muy lógico que se plantee a estos profesionales con la experiencia que tienen hacerles un examen. Habrá que ver si en el desarrollo reglamentario de la norma en vigor se plantea algún tipo de regulación de esta figura, siempre importante en los temas de insolvencia. Por el momento la ley está ayudando a que muchas empresas con insolvencia se recuperen. En este Congreso hablaremos de los últimos pronunciamientos judiciales en estos temas”.

Este V Congreso, como los anteriores, reúne a una decena de magistrados de lo mercantil que darán su punto de vista sobre las cuestiones claves en insolvencia. (Imagen: ICA Toledo)

Hay que regular la figura del administrador concursal

Por su parte, Manuela Serrano, socia responsable del área de reestructuraciones e insolvencias de Toda &Nel-lo, participará en la mesa que debatirá sobre ese Estatuto del administrador concursal junto a los magistrados José María Tapia, del Juzgado Mercantil n.º 2 de Valladolid, Juan Carlos Picazo, del Juzgado de lo Mercantil n.º 7 de Madrid, Eva María Cascales, senior associate en Andersen, y Noemí de Córdoba, secretaria técnica del RAJ y del SMAS del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, abogada ejerciente y administradora Concursal.

A juicio de Manuela Serrano “esta reforma se viene planteando desde el 2004 pero siempre se aplaza”. La abogada señala que en el último texto normativo concursal de septiembre del 2022 se insistía más en la regulación del administrador concursal: “Hubo un borrador en el 2015 que no salió adelante. Ha habido muchos cambios internos en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, lo que también ha hecho frenar esta iniciativa. Hubo un tramite de audiencia público hace un año, pero esta regulación estatutaria está parada”.

Sobre lo que cabe esperar del Congreso, Serrano señala que “haremos en la mesa redonda un análisis critico de esta figura y de su posible regulación que puede mejorar. Con este Estatuto se pretende controlar la calidad técnica de este colectivo para una mejor profesionalización del sector: El ejemplo de los auditores y su ROA podría seguirse”.

En esa reforma se habla de hacer un examen y la norma distinguiría tres tipos de profesionales. “Según la complejidad hay esos tres grupos, al último de más de 20 millones deben ser profesionales que hayan llevado 20 concursos ordinarios, 10 de ellos de más de 30 millones y concluidos. En este grupo hablamos de profesionales que llevan muchos años en la profesión y son contados”. A su juicio hay debate en varias cuestiones, “como el examen, qué tipo se va a hacer y si es suficiente para conocer la experiencia de ese administrador concursal, pero hacer un examen práctico deja abierto quien lo va a corregir, sabiendo que la visión de los jueces es distinta sobre muchos casos”.

Manuela Serrano ve necesario aprobar de una vez el texto que regule el Estatuto del administrador concursal. (Imagen: Toda & Nel-lO)

Para Manuela Serrano hay otro elemento que considerar: “Se valora nuestra experiencia, pero no la de nuestros equipos. Eso es algo que no se entiende que no se valore el trabajo de las personas que están contigo. Sobre el examen, cualquier persona con una titulación superior puede acceder al examen, eso es un contrasentido porque el desarrollo de la función es esencialmente económico y jurídico. Debería exigirse como vía de acceso una licenciatura en Derecho o en ADE. En cuanto a la cuenta de garantía arancelaria es útil porque puede hacer que los administradores concursales cobremos siempre, pero lo lógico es que se financiase por alguna tasa de cada procedimiento, este es otro debate. También habrá que ver si el administrador concursal lo nombra el juez o es por lista”.

A su juicio hay suficientes administradores concursales en la actualidad, “lo que está pasando ahora es que muchos profesionales están dejando esta actividad. Este problema lo encontramos porque son procedimientos concursales con honorarios tan bajos que la reforma prevista aun los baja más. De esa forma no se puede mantener equipos profesionalizados grandes porque no se les puede pagar. Se tiende al administrador con poca gente y no especializados cien por cien al área de insolvencias y reestructuraciones. Su perfil hace que este también en operaciones procesales, fiscales o de concurso, con lo cual se está perdiendo en especialización. Los administradores concursales, salvo algunos casos, no se pueden mantener únicamente con esta actividad”.

Una reforma adecuada

Para Idoia Azpeiti, socia fundadora Azpeitia Abogados, miembro de Subcomisión mercantil y concursal del CGAE y presidenta de la Sección Concursal del ICAMUR, “la reforma concursal que cumple tres años en septiembre ha sido un acierto. Antes teníamos un procedimiento largo y tedioso con juzgados de primera instancia no preparados para asumir esta materia pese a la críticas y mejoras que se pueden hacer. No creo que como se dice sea un coladero para el fraude”.

A su juicio “no se puede decir que la Segunda Oportunidad sea un coladero para el fraude. En ese caso esa opción de fraude se abriría en las reestructuraciones empresariales. Al final el legislador ha entonado el mea culpa y se ha reconocido que la ley concursal del 2003, pese a sus muchas reformas no ha sido capaz de limpiar de empresas y consumidores. Ahora con la ley nueva se está haciendo dicha limpieza que es buena para la economía porque era necesaria. No se podían mantener a empresas años y años sin obtener la exoneración o la liquidación ordenada de la empresa”.

Esta experta forma parte de la mesa inaugural donde se abordará la problemática de la exoneración del pasivo insatisfecho, donde se analizarán cuestiones como el plan de pagos o la vivienda habitual fuera de la liquidación, con ponentes como son los magistrados de lo Mercantil, Manuel Ruiz de Lara, titular del Juzgado n.º 11 de Madrid, y Francisco Javier Vaquer, del Juzgado n.º 6 de Madrid, junto a Cristina Muñoz, magistrada del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Benidorm, y a Luis Méndez, delegado de la Zona Centro de International Aucción Grupo, S.L.U.

“En esta mesa abordaremos la exoneración del crédito público como elemento clave de la exoneración del pasivo al hilo de las últimas resoluciones judiciales conocidas”, señala Azpeiti.

Idoia Azpeitia cree que la propia doctrina del TEDH avala la exoneración del crédito público. (Imagen: cesión propia)

Se prevé que los magistrados que acudan a esa mesa redonda aborden la problemática del crédito público desde su visión judicial. “En mi caso pondré énfasis en la práctica, ser mas ambiciosos en nuestros planteamientos y basarnos en la directiva”, afirma Idoia Azpeiti. “También voy a comentar cuestiones practicas del plan de pagos, así como la posibilidad de la conservación de la vivienda habitual en liquidación son temas importantes en la vida diaria de las personas, donde los jueces están divididos. Para esta experta se puede lograr la exoneración del crédito público del TEDH e ir más allá de la propia Directiva y de las resoluciones del TJUE en este sentido”.

Sobre el debate del Estatuto del administrador concursal, Idoia Azpeiti considera que “es necesario un nuevo estatuto para este colectivo profesional en los términos que hemos defendido en el CGAE, es necesario y parece increíble que no esté ya aprobado. Ha tenido varias audiencias publicas en el 2024 pero aun no se ha concretado. Creo que estamos  ya en una dilación indebida que no es explicable y que deja en mala posición a los propios administradores concursales. Nosotros queremos que se atiendan a las alegaciones que hicimos desde la subcomisión del CGAE de la que formo parte. Es fundamental dotar a la cuenta de garantía arancelaria para que los administradores puedan cobrar sus honorarios es esencial”.