Las devoluciones a los mutualistas del IRPF se judicializan: AEDAF lo impugna en la Audiencia Nacional al creer que es inconstitucional

El culebrón de las devoluciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los mutualistas cobrado de más en años anteriores, cantidades que podrían ascender a unos 1.200 millones de euros, ha generado duras críticas de varios sectores contra la Agencia Tributaria por cambiar de forma “sorpresiva” el método para devolver el IRPF, ahora de forma diferida en cuatro años, y no de golpe. Lo que ha abierto un nuevo capítulo con la judicialización del asunto.

Este miércoles hemos sabido que la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha impugnado ante la Audiencia Nacional la orden Ministerial, correspondiente al ejercicio 2024. Mediante esta acción, la Asociación solicitará al tribunal que valore la posible inconstitucionalidad del régimen singular impuesto a los mutualistas para la devolución del IRPF indebidamente ingresado, con objeto de que se plantee cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Esta impugnación se enmarca en la controversia generada tras la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que reconoció en 2023 el derecho de miles de mutualistas a recuperar parte del IRPF pagado en exceso, como consecuencia de aportaciones realizadas a antiguas mutualidades.

Según afirman fuentes de AEDAF: “Lejos de articular un procedimiento ágil y respetuoso con los derechos de los contribuyentes, el Gobierno ha implementado un sistema excepcional, fragmentado y dilatado en el tiempo, que establece un régimen singular de devolución para este colectivo, sin razón objetiva ni justificación normativa suficiente. Nos encontramos ante una normativa que impone un trato discriminatorio y arbitrario a un colectivo concreto de contribuyentes, sin base legal ni causa que lo justifique, y que restringe injustificadamente los mecanismos ordinarios de devolución previstos en el ordenamiento tributario”.

AEDAF considera que este régimen, formalizado en la Orden Ministerial impugnada, vulnera derechos fundamentales y principios constitucionales tales como la igualdad, la prohibición de la arbitrariedad, la seguridad jurídica, la confianza legítima y la buena administración. En lugar de proceder con la devolución de cantidades que han sido declaradas exentas por resolución judicial firme, el Ejecutivo ha optado por establecer un calendario discrecional de reembolsos, diferido hasta 2029, y con procedimientos individualizados por cada ejercicio fiscal, lo que limita gravemente el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos judicialmente.

“Las declaraciones públicas de la ministra de Hacienda afirmando que se iba a producir una modificación legislativa para dejar sin efecto este tratamiento singular de las devoluciones de los mutualistas no se han traducido en nada efectivo. Un nuevo giro que no ha hecho si no acrecentar la incertidumbre y la inseguridad jurídica que rodean a este proceso”, advierten.

Por todo ello, AEDAF ha solicitado a la Audiencia Nacional que valore la inconstitucionalidad de esta normativa y, en su caso, eleve cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional a fin de que se declare su nulidad por infracción del bloque de constitucionalidad.

Esta Asociación advierte que, en el ámbito tributario hay que respetar la legalidad, la equidad y la seguridad jurídica, que deben ser principios rectores ineludibles.

AEDAF, con su presidente Bernardo Bande, segundo por la izquierda, ha impugnado esta Orden Ministerial en la Audiencia Nacional. (Imagen: AEDAF)

Gestores Administrativos, solución automática mejor

Desde el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, su presidente, Fernando de Santiago, aclara que el problema afecta a miles de jubilados de mutualidades de banca, minería, siderurgia y función pública, entre otros sectores. Las aportaciones realizadas entre 1967 y 1978 no fueron deducibles en su momento y, al percibir las pensiones correspondientes, estas se integraron íntegramente en la base imponible del IRPF, generando una evidente doble imposición.

Aunque el Tribunal Supremo ha confirmado recientemente el derecho de los mutualistas a tributar solo por el 75% de estas pensiones, dejando el 25% exento, el procedimiento de devolución implementado por Hacienda multiplica los obstáculos y dilaciones.

“Para muchos de los afectados, este dinero no solo es un derecho, sino una necesidad para cubrir gastos básicos en una etapa de la vida donde cada recurso cuenta”, afirma De Santiago. En opinión del presidente de los Gestores Administrativos, “fragmentar estas devoluciones no solo posterga una reparación justa, sino que añade una carga innecesaria de trámites administrativos para personas que, en muchos casos, no disponen de la energía ni los medios para enfrentarse a este proceso prolongado”.

“Desde el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, hacemos un llamamiento a la Administración para que reconsidere su postura. No pedimos privilegios ni concesiones, sino que se actúe con la celeridad y la eficacia que cabría esperar en un caso donde la justicia ya ha sido reconocida por los tribunales. Retrasar estas devoluciones es, en esencia, perpetuar una situación de desigualdad e indefensión para los contribuyentes”, afirma Fernando de Santiago.

“El respeto a los derechos de los ciudadanos exige que la Administración actúe con sensibilidad y diligencia, especialmente en un tema que afecta a personas mayores y vulnerables. Los mutualistas ya han esperado demasiado; ahora es el momento de que Hacienda cumpla con su obligación de manera ágil, clara y justa. Cada día que pasa es un día más de incertidumbre para miles de personas que solo piden lo que en justicia les pertenece”, señala Santiago, “¿y se han preguntado ustedes qué pasa si el contribuyente fallece en medio del proceso? Pues eso, una complicación más en la herencia”.

“Al final, es el contribuyente, especialmente vulnerable en este caso, quien asume la carga de un proceso excesivamente complicado, mientras que la Administración, en lugar de facilitar la solución, se empeña en dificultarlo. Los ciudadanos deben trabajar más para reclamar lo que es suyo, enfrentándose a un sistema que parece diseñado para exasperarlos. Es una desigualdad que exige corregirse de inmediato” sentencia Fernando de Santiago.

A su juicio hay que corregir esta disfunción lo antes posible. A los Gestores Administrativos les llama la atención que pese a lo que comentó la ministra de Hacienda y vicepresidenta, María Jesús Montero, no se ha cambiado la ley. “Deben hacerlo de forma automática. Ya han tardado años en reconocer ese derecho a los mutualistas. Cuando vayan a reconocer que tienen que cobrar de una sola vez, habrán pasado los plazos del cobro. AEDAF ha tomado la iniciativa de la vía judicial y la respetamos, el problema es que hasta que se pronuncie el tribunal podría pasar año y medio en tener una resolución”.

Fernando de Santiago, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, es partidario de una solución rápida al conflicto. (Imagen: Gestores administrativos)

Los economistas creen que se ha creado un problema

El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas de España (CGE), ha lamentado los últimos cambios fiscales que generan inseguridad entre los contribuyentes en la última Campaña de la Renta.

En relación a los últimos cambios acordados de cara a las devoluciones a los mutualistas, el presidente del CGE, Valentín Pich, expresó su malestar con la situación actual. Para Pich, “se ha tardado mucho en reaccionar” y esto ha generado “un clima de inseguridad jurídica y de incertidumbre”.

El presidente del Consejo General de Economistas señala que hay que diferenciar la actividad del Ministerio de Hacienda de la propia Agencia Tributaria (AEAT): “En su día, la AEAT hizo muy bien cuando hay una sentencia y, como gestora de fondos públicos, lo organiza para devolver ese dinero de una determinada manera. Por otro lado, el Gobierno, por un tema presupuestario dice de devolver año a año al ver que eran cantidades importantes y que le podían complicar la vida por el déficit”.

Ahora tenemos un problema porque la AEAT lo paraliza, “no obstante, parece que el Gobierno presenta una enmienda a una normativa sobre vehículos a motor donde se puede devolver esas cantidades de golpe. Sin embargo, la AEAT se ha parado en la gestión de estos temas, al saber que esa enmienda del Gobierno puede prosperar. Creo que sería bueno que nos explicaran bien este nuevo criterio, y que sea transparente. Es un ejemplo de descoordinación entre entidades y genera un coste elevado para la propia AEAT”, señala Valentín Pich.

Este experto recuerda que la AEAT no hace las leyes: “Alguna vez nos enfadamos porque hace una lectura interesada de algún asunto, sin embargo, deberían ser interpretaciones rápidas para que no nos complicasen la vida a los ciudadanos. Ahora con este cambio de criterio perjudica a los ciudadanos afectados por esas devoluciones de IRPF pendientes de pago. Sobre el recurso de AEDAF, creo que es una vía respetable, pero no es nuestro estilo. Son temas que se enquistan y se complica la vida a la gente de forma complicada”.

Desde su punto de vista “lo normal sería que si esta situación está generando muchos problemas, el Gobierno aprobase un real decreto para solventar esta situación que está perjudicando a este colectivo de ciudadanos con pocos recursos. Se ha generado un problema donde no existía. Recurrir ahora en vía judicial es una solución, pero no la más inmediata, y hasta que tengamos una resolución pasará tiempo. Si ahora se ha decidido que se iba a devolver ese dinero de golpe, el procedimiento tendría que ser más rápido. No tiene ningún sentido generar un coste reputacional a la AEAT”.

Valentín Pich cree que se ha generado un problema necesario, con un coste reputacional importante para la AEAT. (Imagen: Consejo General Economistas)

Los mutualistas jubilados con derecho a recuperar el IRPF por sus excesos de tributación ya tienen habilitado el formulario para solicitar la devolución. Sin embargo, aún no se ha producido el cambio normativo anunciado por Hacienda para que puedan cobrar “de una vez y en un solo pago” lo que les corresponde a lo largo de este año, medida que anunció hace apenas unos días la ministra María Jesús Montero.

Por eso, pese a que los pensionistas puedan ir haciendo sus peticiones, no recibirán las cantidades adeudadas hasta que no se produzca ese cambio normativo. Y no hay ninguna pista acerca de cuándo se producirá.

En este sentido, los técnicos de REAF advirtieron que si la ley que incluye esta enmienda no se aprueba antes del 30 de junio —último día de la campaña del IRPF—, las devoluciones correspondientes a los ejercicios de 2020, 2021 y 2022, podrían quedar en el aire, y solo recibir la devolución de 2019.