Los denunciantes que combaten la corrupción son clave pero siguen sin estar protegidos por la normativa actual  

Pese al aumento de las denuncias por corrupción, sigue siendo un problema denunciar estas prácticas en nuestro país. En este Día Mundial del Denunciante que se celebra a nivel global queda claro que falta mucho en países como España para proteger a estos profesionales que muchos de ellos se juegan su estabilidad y carrera con esa denuncia.

Expertos consultados por este medio revelan que desde 1982 la corrupción es algo que se percibe de forma clara, pero que, en la alternancia del bipartidismo en nuestro país, ninguno de los dos grandes partidos ha hecho reformas para luchar contra ella. En este contexto el papel de los denunciantes de corrupción es complejo y no tienen asegurad ninguna protección cuando advierten de este tipo de prácticas fraudulentas.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda, Gesta, consideran que el aumento del 18% de las denuncias indican un aumento de la corrupción y el fraude en la contratación pública, tras analizar los indicadores seleccionados por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Orezcan). La Orezcan es un órgano colegiado independiente, aunque está adscrito al Ministerio de Hacienda a efectos organizativos y presupuestarios. Gesta ha analizado la evolución de los cuatro indicadores que sirven para intuir qué aumenta la corrupción y el fraude en la contratación pública.

El primer indicador de la Oficina Independiente de la Contratación arroja que en 2023 se recibieron 221 denuncias o comunicaciones sobre la contratación pública, un 18,2% más que el año precedente, lo que confirma la tendencia alcista en el número de denuncias en los últimos seis años desde que se contabilizan datos.

Según el segundo indicador de la Oficina Independiente, el alto porcentaje del 32,6% de las denuncias o comunicaciones de irregularidades en la adjudicación del contrato (que incluye la tramitación del expediente y la licitación del contrato) es un signo de que el fraude aumenta al situarse como la principal causa de las denuncias; este fraude se mantiene con una tendencia relativamente estable en términos relativos. En términos absolutos, las denuncias por esta causa han aumentado un 9,1% hasta llegar a las 72 denuncias.

Técnicos de Gestha constatan el crecimiento de las denuncias por corrupción en nuestro país. (Imagen: Agencia Tributaria)

Precisamente, el tercer indicador de la OIReScon muestra que el porcentaje de denuncias o comunicaciones de supuestas prácticas corruptas en la contratación (que aglutina el conflicto de interés, el tráfico de influencias y el trato de favor a empresa) se configura como segunda causa de las denuncias con un 20,6% en el quinquenio y una tendencia ligeramente alcista en términos relativos. En términos absolutos, las denuncias por esta causa se han disparado un 34,4% hasta llegar a las 43 denuncias en 2023.

Los dos últimos indicadores, las irregularidades en la adjudicación de los contratos y las prácticas corruptas, suman más de la mitad de las denuncias presentadas entre 2019 y 2023.

Y, por último, el cuarto indicador es el porcentaje 18,2% de las denuncias o comunicaciones sobre la ejecución del contrato respecto al total de las denuncias presentadas entre 2019 y 2023, siendo la tercera causa de denuncia en este período, y una tendencia en términos relativos en forma de U, remontando claramente en los últimos dos años.

En términos absolutos, las denuncias por esta causa se han disparado por encima del 40% en los últimos dos años hasta llegar a las 40 denuncias.

Falta voluntad política

Joan Llinares ha estado 7 años como director de la Agencia Valencia contra el Fraude, entidad que puso en marcha en su día. Antes  habla puesto en marcha la Oficina de Transparencia y  Buenas Prácticas del Ayuntamiento de  Barcelona. Ahí se puso en marcha el primer buzón de denuncias que funcionó en la administración española. Como funcionario con más de cuarenta años de experiencia ha tenido que batallar contra la corrupción en el caso Palau destapó el famoso 3% y auditando el IVAM encontró más irregularidades.

A su juicio, “un funcionario como servidor público que haya accedido por su sentido del deber no para de verse rodeado de situaciones de fraude. La verdad es que nos proponen muchas cosas y hay que decir que no. Es una situación triste y lamentable que no se puede resolver. Se utiliza a nivel político contra el otro, pero no hay voluntad de resolverlo. Las condenas penales no son disuasorias, en algunas ocasiones las dilaciones reducen las penas o se producen sentencias de conformidad. Esto hay que resolverlo de alguna manera”.

Joan Llinares, un puntal de la Agencia Valenciana Antifraude hasta el pasado año que se jubiló, cree que no hay voluntad de acabar con la corrupción en nuestro país. (Imagen: Agencia Valenciana Antifraude)

A su juicio, España es el país con menos medidas contra la corrupción de la UE “estamos a la espera que se ponga en marcha la Autoridad Independiente de Protección al Informante que preside el profesor Manuel Villoria, ahora de lo que se trata es que se pongan los medios adecuados. Sin ellos poco puede hacer la institución para luchar contra la corrupción. Mientras no tenga esos recursos humanos y materiales no veremos resultados de su actuación. Creo que se debe trabajar con diligencia para resolver este tipo de situaciones y proteger al denunciante de cualquier represalia”.

En su opinión “con esa dotación de medios en las administraciones estoy convencido que dichas prácticas podrían detectarse y evitarse. En España no tenemos medios no ha habido ningún gobierno interesado en resolver este tipo de asuntos. No hay un sistema de detección en nuestro país para evitar comportamientos fraudulentos ni alertas que detecten este tipo de fraudes. Los denunciantes en nuestro país no están protegidos ni se ve mucho interés en protegerlos. Se habla mucho de ello, se saben cuáles son los problemas que generan la corrupción, pero no hay intención de solucionarlos”.

Llinares, uno de los referentes en materia de lucha contra la corrupción en nuestro país, pese a estar jubilado sigue en activo y recibiendo llamadas de denunciantes a los que aconseja sobre qué es lo que tienen que hacer. “los consejos que puedo dar son de impotencia total, porque siguen teniendo represalias. Con la ley actual no se puede parar una represalia como pudiera ser un despido de un denunciante. No hay ninguna autoridad que de forma cautelar pueda parar este tipo de situaciones”.

Más transparencia

Por su parte, Felipe García, socio director de Círculo Legal y vocal de la Junta Directiva Internacional Word Compliancia Association cree que la Sociedad, ahora más que nunca, clama a las instituciones por un ejercicio de transparencia para que, de una vez por todas, se pueda erradicar la corrupción. Urge poner en marcha de la Autoridad de Protección del Informante, AIPI, para que pueda existir un marco real de protección para los denunciantes, con medidas y protocolos claros.”

Felipe García cree que es el momento de trabajar con transparencia y aumentar las competencias de la Autoridad Independiente de Protección al Denunciante. (Imagen: Círculo Legal)

Desde su punto de vista “ya no sólo es tener un marco legal, que lo tenemos, si no de tener personas detrás del cumplimiento de esta norma, con un canal externo bien gestionado y que puedan acompañar a D. Manuel Villoria para perseguir el objetivo de la AIPI. Si este organismo AIPI tiene un buen grupo de profesionales detrás, con dotación presupuestaria, recursos y tecnología, podría ser un abanderado de la transparencia y la protección efectiva a los alertadores. No solo en el sector privado, si no el público, donde nos consta que muchos funcionarios, no denuncian por miedo a las represalias.”.

Para este experto “será clave en el buen funcionamiento de la AIPI, el canal externo, su tecnología y como se tramitan las denuncias, como se derivan, como se archivan y se procesan, se aconseja que cada trimestre pueda existir una revisión de los procesos, protocolos y del procesado efectivo de las denuncias, para ver cómo va funcionando el sistema, no podemos esperar al cabo de un año para verificar su funcionamiento, hay muchos intereses públicos en juego y la sociedad civil está sedienta de transparencia”.

Para García, “las instituciones tienen que dar un paso adelante si quieren atajar de verdad del problema de corrupción. En Europa, nos están mirando con atención, sobre todo después de las últimas semanas, donde se están destapando casos de corrupción muy graves, hay que ponerlo en marcha de manera urgente e inminente. No podemos estar esperando informes de la UCO, hay que diseñar e implementar acciones concretas para combatir la corrupción, no basta con auditorías, hay que crear instituciones imparciales que puedan perseguir delitos, con independencia y bajo un marco de protección real a los denunciantes”.

En su opinión “veremos en las próximas semanas si tenemos novedades, la gente lo necesita, hay que dar un golpe de timón, y la protección a los alertadores debe ser una política prioritaria para nuestras instituciones. Nos jugamos mucho y debemos empezar a contar casos de éxito donde por una denuncia, se ha destapado un caso de corrupción, contando, que, al final, al denunciante, se le ha protegido y no le ha pasado nada”.

Los denunciantes se juegan su carrera

Desde Fundación Hay Derecho revelan el valor social de denunciar la corrupción y la necesidad de avanzar hacia una protección más sólida de las personas que denuncian casos de corrupción, tanto a nivel legal como institucional.

El proyecto europeo WiS-H (A whistleblowing habitat in southern Europe), una iniciativa cofinanciada por la Comisión Europea y coordinada por la Fundación Hay Derecho, en colaboración con la Universidad NOVA de Lisboa y la Universidad de Murcia, trabaja en esta dirección: su objetivo es fomentar un entorno legal y cultural más favorable a la protección de los denunciantes en España y Portugal, países donde todavía existen importantes barreras sociales, legales y administrativas para quienes se atreven a revelar infracciones y una gran sensación de impunidad por parte de los denunciados.

“El miedo al señalamiento y las represalias sigue siendo uno de los principales obstáculos para quienes se plantean denunciar irregularidades. Necesitamos crear entornos en los que la denuncia de corrupción no entrañe un riesgo personal y profesional”, ha afirmado Safira Cantos, directora general de la Fundación Hay Derecho. “Un país que quiera realmente combatir la corrupción, no puede permitirse abandonar a quienes dan la voz de alerta”, añade.

El proyecto europeo WiS-H (A whistleblowing habitat in southern Europe), una iniciativa cofinanciada por la Comisión Europea y coordinada por la Fundación Hay Derecho, en colaboración con la Universidad NOVA de Lisboa y la Universidad de Murcia, trabaja en fomentar un entorno legal y cultural más favorable a la protección de los denunciantes en España y Portugal. (Imagen: Fundación Hay Derecho)

Desde esta entidad nos hablan de dos casos claros de denunciantes. En uno de ellos, Antonio Rico, agente de la Policía Local de Torrevieja, que denunció hace más de una década prácticas corruptas dentro del cuerpo policial, como extorsiones a comerciantes y abusos de poder. Como represalia, sufrió durante 12 años un grave acoso laboral que incluyó cambios arbitrarios de turnos, pérdida de compensaciones económicas y la retirada injustificada de su arma reglamentaria. La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) le otorgó protección ante esta situación.

Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional finalmente ha estimado el recurso de amparo de Antonio Rico, entendiendo que las sentencias del Tribunal Supremo y del TSJ de la Comunidad Valenciana vulneraron su derecho a la integridad física y moral en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva. Se confirma por tanto que es firme el fallo dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche, que reconoció el acoso sufrido por el agente y condenó al Ayuntamiento de Torrevieja a indemnizarlo con 95.800 euros. Actualmente, Antonio Rico ejerce como policía en el Ayuntamiento de Murcia.

Pese a las consecuencias personales, el agente ha afirmado: “Estoy señalado, pero lo volvería a hacer”.

El otro caso es el de Acuamed: una denuncia que destapó una importante trama de corrupción en la contratación pública. Gracia Ballesteros, ingeniera directiva en la empresa pública Acuamed se negó frente a las presiones de sus superiores para favorecer a determinados contratistas en obra pública. Alertó a la Fiscalía Anticorrupción sobre una trama de adjudicaciones irregulares y sobrecostes en contratos públicos que favorecían a grandes constructoras. Su testimonio fue clave para la apertura de una investigación que, en 2016, culminó con la detención de altos cargos de la empresa y de directivos del sector privado, así como con la imputación de más de 40 personas.

La Audiencia Nacional ha procesado a los implicados por delitos de malversación, cohecho, prevaricación y fraude a la administración. Aunque el juicio sigue pendiente y aún no existe sentencia firme, el llamado caso Acuamed ha tenido ya un profundo impacto institucional y mediático.