Salvador González, presidente del CGAE, cree que con la suspensión de los plazos procesales por el apagón, “el derecho de defensa está, en principio, debidamente garantizado”

El apagón eléctrico que dejó este lunes, 28 de abril, sin luz a toda la Península interrumpió la actividad diaria de los abogados y abogadas del país. El impactó más importante que sufrió la abogacía fue con LexNET, el sistema de notificaciones y comunicaciones, la clave principal que tiene este colectivo profesional para acceder a los procedimientos.

En una entrevista de Economist & Jurist al presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González confiesa que rápidamente se pusieron en contacto con el Ministerio de Justicia para avisar de este problema que, además de perjudicar a la labor diaria de los letrados y letradas, también suponía un perjuicio para el derecho de defensa de los ciudadanos.

Desde el CGAE aseguran que el Ministerio estuvo trabajando todo el día e incluso toda la noche del lunes al martes en esta cuestión. Por suerte, “ya se ha activado el protocolo que tiene el Ministerio en este sentido y se han facilitado justificantes a los abogados para que puedan acreditar la interrupción del servicio. Además de ello, hemos hablado con el Consejo General del Poder Judicial para solicitar un refuerzo más amplio, y ese refuerzo más amplio, el máximo que se pueda obtener, precisamente viene dado por la suspensión de plazos”.

El presidente de la Abogacía Española entiende que “con las medidas adoptadas —la suspensión de plazos procesales durante el 28 y 29 de abril—, sin perjuicio de alguna situación concreta, el derecho de defensa está, en principio, debidamente garantizado”.

En este sentido, González valora muy positivamente la colaboración y comunicación interinstitucional que ha existido entre el CGAE, el Ministerio y el CGPJ: “Ha sido excelente, tanto el propio ministro como la presidenta del Consejo General del Poder Judicial han estado desde el primer momento con receptividad y escuchándonos”.

No obstante, a pesar de que se ha logrado suspender los plazos de procedimiento para los días 28 y 29 de abril, el presidente de la abogacía española considera que “sería conveniente que se hiciese un protocolo más concreto que regulase este tipo de situaciones. Sería bueno que quizás hubiese mayor activación de protocolos y un mayor nivel de concreción en el procedimiento a seguir”.

Salvador González califica como «excelente» la comunicación y colaboración entre el CGAE, el CGPJ y el Ministerio de Justicia ante la crisis provocada por el apagón; no obstante, echa en falta la existencia de un protocolo «más concreto que regulase este tipo de situaciones». (Imagen: CGAE)

Una garantía para toda la ciudadanía

Desde el Consejo General de la Abogacía Española piden tranquilidad y aseguran que la suspensión de plazos procesales es una medida excepcional que tendrá un impacto positivo tanto para los abogados y abogadas del país como para el propio funcionamiento de la Administración.

“La suspensión de los plazos procesales afecta a lo que es la Administración de Justicia exclusivamente. Eso ya está acordado por el Consejo y entendemos que es una garantía para los abogados y abogadas, pero sobre todo para los clientes a los que representan porque esta medida no va a suponer mayor retraso, si no que lo que pretende es garantizar las consecuencias que va a generar estos dos días de falta de actividad. Sin esta suspensión no se estaría garantizado debidamente el derecho de defensa”.

El presidente del CGAE señala que desde la institución han dado “un paso más”, ya que además de solicitar la suspensión de los plazos procesales, también han pedido que se suspendan los plazos administrativos. “La suspensión de plazos habrá que ver si se adopta. En principio no hay noticias, pero tiene que ser adoptada por el Consejo de Ministros, ya que no corresponde al Consejo General del Poder Judicial”.

Salvador González entiende que esa medida también es “una garantía para toda la ciudadanía, incluso para trámites en los que no hace falta abogado. Entendemos que la abogacía también refuerza esa garantía para la ciudadanía y cualquier ciudadano que esté sometido a un plazo administrativo en este momento tiene la garantía de que si no puede cumplirlo porque no le funciona internet, pues lo podrá hacer en estos dos días de interrupción”.

“Lo que queremos es garantizar que dentro de las consecuencias que ya no podemos paliar de estos dos días de inactividad, no haya ninguna merma de derechos por culpa del apagón”, manifiesta el presidente del CGAE a E&J.

Salvador González, presidente del CGAE, durante su discurso de clausura de los I Premios E&J Group a la Excelencia de la Práctica Jurídica. (Imagen: Javier Fernández/Economist & Jurist)

“La abogacía trabaja unida que el derecho de defensa esté suficientemente garantizado”

Salvador González recuerda en esta entrevista que desde el Consejo General de la Abogacía Española han puesto a disposición de los abogados y abogadas los justificantes de interrupción de servicio, los cuales pueden encontrar la página web del CGAE.

Además, desde esta institución también están facilitando información sobre el tema de la suspensión de los plazos y de las medidas que se van adoptando, tanto por el Poder Judicial como por parte del Ministerio. Asimismo, ayer por la tarde se convocó una Comisión Permanente en la que participaron un número importante de decanos y decanas del Consejo para hacer un análisis de cómo han funcionado estas medidas, evaluar la situación y considerar si, adicionalmente, deben reforzar esas medidas adoptadas y, si en su caso, procede algún tipo más de apoyo a los colegiados y colegiadas.

“En este momento hemos atendido lo más urgente y entendemos que la respuesta más importante que se debería esperar de nosotros era precisamente estas medidas que hemos promovido y que han culminado gracias a la colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y con el Ministerio de Justicia”.

Ante la pregunta que le ha formulado Economist & Jurist de qué mensaje le gustaría transmitir a la sociedad española sobre cómo la abogacía ha gestionado una situación tan crítica como la vivida en aras de intentar garantizar los derechos de las personas, Salvador González responde que “el principal mensaje es que en momentos, y en situaciones como esta, la abogacía trabaja unida para garantizar el derecho de defensa de los de los ciudadanos; trabaja en colaboración con las instituciones, adoptando aquellas medidas que considera imprescindibles para que un derecho tan importante como es el derecho de defensa esté suficientemente garantizado”.

“Al mismo tiempo queremos trasladar también el mensaje de que estamos permanentemente monitorizando y expectantes por si la evolución de los acontecimientos hiciese necesario la adopción de medidas adicionales”, señalan desde el CGAE, recordando que desde esta institución “trabajamos al servicio de toda la abogacía, tratando de canalizar esa respuesta de todos y cada uno de los 83 colegios a los que representamos”.