“El abogado del siglo XXI que recurra ante el Tribunal Supremo y no utilice herramientas de IA estará en desventaja competitiva frente a quienes sí lo hagan”, señala Marcos Peña, CEO y cofundador de CASIA Legal

En un artículo publicado recientemente en Economist & Jurist, el abogado Marcos Peña Molina, Doctor en Derecho Administrativo, advertía que la casación es el recurso más exigente del sistema, por cuanto “exige más técnica, más honestidad y más capacidad de decirle al cliente lo que no quiere oír”.

Molina viene compaginado desde hace aproximadamente año y medio sus laborales en la abogacía con el impulso de un proyecto en el que participan antiguos magistrados del Tribunal Supremo, tecnólogos y empresarios. Ese proyecto se trata de CASIA Legal, una herramienta pionera de análisis jurídico orientada a la construcción estratégica de recursos de casación y contencioso-administrativo.

Esta herramienta se presenta como algo novedoso en el ámbito jurídico, ya que resultara fundamental para los letrados que presenten recursos de casación ante el Tribunal Supremo porque les otorgará ahorro de tiempo y les ayudará a saber si es viable realizar dichos recursos.

En una entrevista concedida a E&J, Marcos Peña Molina, cofundador & CEO de CASIA Legal, desvela todos los secretos de esta nueva herramienta que se convertirá en una aliada de la abogacía contencioso-administrativa.

Una herramienta construida desde dentro de la práctica, para quien opera dentro de la práctica

Economist & Jurist (E&J). – ¿Cuál es el origen de Casia Legal y qué necesidad jurídica específica viene a cubrir dentro del sistema procesal español?

Marcos Peña Molina (M.P.M.). – CASIA nace de una frustración técnica que cualquier abogado procesalista conoce bien: el recurso de casación contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo tiene unos índices de inadmisión que rondan el 70-80%. No porque los casos carezcan de mérito, sino porque la construcción del interés casacional —el requisito de admisibilidad por excelencia desde la reforma de 2015— exige un dominio exhaustivo de la jurisprudencia más reciente del Supremo, una capacidad de identificar contradicciones entre Salas y Secciones, y una precisión técnica en la argumentación que va más allá del esfuerzo individual de cualquier letrado, por muy competente que sea. Yo mismo, viniendo de una práctica intensa en este ámbito y con una formación doctrinal sólida, comprobé que la información disponible era enorme pero el tiempo para procesarla, escaso.

CASIA responde a esa brecha: es una plataforma de inteligencia artificial diseñada específicamente para la estrategia casacional contencioso-administrativa, desarrollada a partir de una experiencia intensiva en casación contencioso-administrativa y del contraste con juristas de alto nivel especializados en la lógica real del recurso. No es un chatbot jurídico genérico, es una herramienta construida desde dentro de la práctica, para quien opera dentro de la práctica.

E&J. – Desde un punto de vista técnico, ¿cómo se diferencia CASIA de otras soluciones de legaltech basadas en IA?

M.P.M. – La diferencia fundamental es la especialización y la orientación al output procesal concreto. La mayor parte del legaltech jurídico disponible en España ofrece búsqueda semántica de jurisprudencia o resúmenes automáticos de resoluciones. Son herramientas útiles, pero genéricas. CASIA está diseñada con una lógica completamente distinta: no se limita a recuperar información, sino que la procesa con criterios propios del razonamiento casacional. Eso implica identificar qué líneas jurisprudenciales son relevantes para un caso concreto, detectar divergencias entre Secciones del Supremo que puedan fundar un interés casacional, analizar si existe jurisprudencia contradictoria que el recurso pueda invocar, y estructurar la argumentación de admisibilidad con arreglo a los parámetros reales que aplica el propio Tribunal. Además, la herramienta ha despertado interés en juristas de primer nivel con profundo conocimiento del recurso de casación, lo que refuerza nuestra convicción de que el enfoque es el correcto. Eso no lo tiene ninguna otra herramienta del mercado español.

(Imagen: CASIA Legal)

E&J. – ¿Qué tipo de outputs genera la herramienta y qué valor jurídico aportan al profesional?

M.P.M. – CASIA genera análisis estratégicos sobre la viabilidad casacional de un asunto, identificación y sistematización de las causas de interés casacional aplicables según el artículo 88 LJCA, mapas jurisprudenciales con las resoluciones más relevantes del Tribunal Supremo sobre la cuestión debatida, detección de contradicciones entre órganos judiciales que puedan sustentar la admisión, y borradores argumentativos que el letrado puede integrar y depurar en su recurso. El valor jurídico no es el de sustituir al abogado —eso sería tanto un error técnico como ético— sino el de ampliar exponencialmente su capacidad de análisis en el tiempo que tiene disponible. Un letrado que antes podía revisar 20 resoluciones, con CASIA puede trabajar con 200. Y esa diferencia cuantitativa se convierte en una diferencia cualitativa en la solidez del recurso.

E&J. – ¿En qué medida CASIA contribuye a reducir los índices de inadmisión en casación?

M.P.M. – Es todavía pronto para hablar de datos empíricos propios con series estadísticas consolidadas, porque CASIA es una herramienta reciente. Pero la hipótesis sobre la que trabajamos es clara: la mayor parte de las inadmisiones no se producen porque el asunto carezca de trascendencia jurídica, sino porque el recurso no identifica correctamente la causa de interés casacional, no acredita suficientemente la divergencia jurisprudencial, o no construye la argumentación de admisibilidad con la precisión que el Supremo exige. CASIA ataca directamente esos tres problemas. Si la herramienta ayuda al letrado a detectar la causa correcta, a documentar la contradicción con precisión y a estructurar el argumento de admisibilidad con rigor, la tasa de éxito en admisión puede mejorar significativamente. No prometemos garantizar la admisión —eso depende también del fondo del asunto y de la propia valoración del Tribunal—, pero sí podemos afirmar que CASIA reduce el riesgo de inadmisiones derivadas de un mal enfoque estratégico o de una deficiente construcción del interés casacional. Eliminar ese tipo de inadmisión evitable es, en sí mismo, un resultado de enorme valor para el cliente y para el letrado.

CASIA Legal está desarrollada a partir de una experiencia intensiva en casación contencioso-administrativa y del contraste con juristas de alto nivel especializados en la lógica real del recurso

E&J. – ¿Cuál es el perfil de usuario al que se dirige la herramienta?

M.P.M. – CASIA está pensada para abogados que litigan en lo contencioso-administrativo con regularidad, especialmente aquellos que tienen asuntos susceptibles de llegar al Tribunal Supremo o al Tribunal Superior de Justicia cuando opera como primera instancia. Eso incluye desde despachos especializados en derecho público hasta firmas más generalistas con departamentos de contencioso, pasando por abogados en ejercicio individual que llevan asuntos de cierta complejidad. También tiene sentido para los servicios jurídicos de administraciones públicas que litigan en casación, aunque ese segmento tiene sus propias particularidades. En cualquier caso, el denominador común es que el usuario debe tener formación procesal suficiente para aprovechar lo que CASIA ofrece: no es una herramienta para quien se acerca al recurso de casación por primera vez sin conocimientos previos, sino para quien ya sabe lo que busca y necesita ampliar su capacidad de análisis.

(Imagen: CASIA Legal)

E&J. – Desde una perspectiva metodológica, ¿puede considerarse CASIA una herramienta de apoyo a la función jurisdiccional o exclusivamente al ejercicio de la abogacía?

M.P.M. – Es una pregunta que me parece especialmente relevante y que en CASIA nos hemos planteado con rigor. En su configuración actual, CASIA es una herramienta de apoyo al ejercicio de la abogacía: su función es ayudar al letrado a construir la mejor estrategia procesal posible en el trámite de preparación e interposición del recurso de casación. No asiste al órgano jurisdiccional ni está diseñada para ello. Ahora bien, desde una perspectiva sistémica, sí creo que una mejor calidad técnica de los recursos de casación redunda en beneficio de la función jurisdiccional: el Tribunal Supremo trabaja con mejores argumentos, la unificación de doctrina se produce sobre bases más sólidas, y la certeza jurídica para los operadores mejora. En ese sentido indirecto, CASIA contribuye a la calidad del sistema procesal en su conjunto. Si en el futuro se plantease un uso de herramientas de IA como apoyo directo a la función jurisdiccional —cosa que ya se debate en otros países— sería un ámbito distinto, con exigencias éticas y técnicas completamente diferentes, que habría que abordar con la máxima cautela.

E&J. – ¿Qué implicaciones tiene el uso de este tipo de herramientas en términos de responsabilidad profesional del abogado?

M.P.M. – La responsabilidad profesional del abogado no se delega, no se comparte con la herramienta y no se reduce por el hecho de usar IA. Eso hay que dejarlo muy claro. CASIA es un instrumento de análisis, no un agente jurídico autónomo. El letrado que utiliza CASIA sigue siendo el único responsable del contenido del recurso que firma, de la estrategia procesal que adopta y del asesoramiento que presta a su cliente. Lo que CASIA hace es mejorar la base informativa sobre la que el abogado adopta esas decisiones. En ese sentido, diría que el uso de herramientas como CASIA no crea nuevos riesgos de responsabilidad, sino que —correctamente utilizado— los reduce: un análisis jurisprudencial más completo y una argumentación de admisibilidad más sólida son precisamente la diligencia debida que el cliente espera y que el sistema exige. El riesgo vendría de usar la herramienta sin criterio propio, sin contrastar sus outputs, sin asumir la responsabilidad de validar cada argumento. Eso no es un problema de la IA, es un problema de práctica profesional deficiente.

El usuario debe tener formación procesal suficiente para aprovechar lo que CASIA ofrece: no es una herramienta para quien se acerca al recurso de casación por primera vez sin conocimientos previos, sino para quien ya sabe lo que busca y necesita ampliar su capacidad de análisis

E&J. – ¿Cómo encaja CASIA dentro de la evolución del legaltech y la transformación digital del sector jurídico?

M.P.M. – El legaltech en España ha recorrido un camino importante en los últimos años, pero su penetración en el ámbito del litigio complejo sigue siendo limitada. Las herramientas de gestión de despacho, facturación o automatización documental están razonablemente extendidas. Pero la IA aplicada a la estrategia procesal en su sentido más sustantivo —no al trámite, sino al razonamiento jurídico— es todavía un territorio por explorar. CASIA ocupa precisamente ese espacio. Y lo hace desde una convicción que comparto plenamente: la transformación digital del sector jurídico no consiste en sustituir al abogado por una máquina, sino en dotarlo de capacidades analíticas que ningún ser humano puede alcanzar individualmente en los plazos que la práctica impone. El abogado del siglo XXI que litigue ante el Tribunal Supremo y no utilice herramientas de IA estará en desventaja competitiva frente a quienes sí lo hagan. CASIA quiere ser esa ventaja para el letrado que la adopte.

(Imagen: CASIA Legal)

E&J. – ¿Qué impacto puede tener una herramienta como CASIA en la práctica procesal a medio plazo?

M.P.M. – A medio plazo, creo que herramientas como CASIA van a modificar de forma significativa la forma en que se preparan los recursos de casación en España. Hoy, la calidad de un recurso de casación depende enormemente de la experiencia acumulada del letrado y del tiempo que puede dedicar a la investigación jurisprudencial. Eso crea una brecha real entre los grandes despachos con equipos especializados y los abogados que trabajan en solitario o en estructuras más pequeñas. CASIA puede reducir esa brecha: un abogado con una práctica contencioso-administrativa sólida pero sin acceso a un equipo numeroso puede, con la herramienta, operar con un nivel de análisis jurisprudencial equiparable al de estructuras mucho más grandes. A nivel sistémico, si mejora la calidad media de los recursos de casación, mejora también la calidad de la jurisprudencia que el Supremo produce, porque trabaja con argumentos más elaborados. Ese efecto multiplicador sobre la certeza jurídica es, a mi juicio, uno de los impactos más relevantes a medio plazo.

La responsabilidad profesional del abogado no se delega, no se comparte con la herramienta y no se reduce por el hecho de usar IA

E&J. – Desde su experiencia, ¿cuáles son los principales retos técnicos y procesales que plantea hoy en día el recurso de casación en España, especialmente en lo relativo a la construcción del interés casacional y los criterios de admisión del Tribunal Supremo?

M.P.M. – El recurso de casación contencioso-administrativo es, desde la reforma de la LJCA de 2015, uno de los trámites procesales técnicamente más exigentes del ordenamiento español. El modelo de casación por interés casacional objetivo ha supuesto un cambio de paradigma: ya no basta con demostrar que el tribunal de instancia se equivocó; hay que convencer al Supremo de que la cuestión jurídica planteada tiene trascendencia suficiente para merecer un pronunciamiento de unificación doctrinal. Eso exige al letrado una doble habilidad que no siempre coincide en la misma persona: el dominio del caso concreto y el dominio del estado de la jurisprudencia sobre la cuestión abstracta que ese caso plantea. Los retos principales son, en mi experiencia, tres. Primero, la identificación correcta de la causa de interés casacional entre las previstas en el artículo 88 LJCA, porque una identificación errónea es casi siempre fatal. Segundo, la acreditación de la divergencia jurisprudencial cuando el interés casacional se basa en ella: hay que identificar con precisión las resoluciones contradictorias, explicar por qué son contradictorias y argumentar que esa contradicción afecta a la cuestión que se debate, no a una cuestión colateral. Tercero, y quizás el más difícil, la correcta distinción entre la infracción normativa que se denuncia en el fondo y el interés casacional que se invoca como presupuesto de admisión: son cosas distintas, y confundirlas es uno de los errores más frecuentes que la Sección de Admisión detecta y sanciona con la inadmisión. CASIA está construida precisamente para ayudar al letrado a navegar esos tres retos con mayor rigor y eficacia.