“El Estado debe asumir su responsabilidad y permitir que abogados y procuradores se jubilen con la misma dignidad que cualquier otro trabajador de este país”, señala Lina Vassalli, de la Mutualidad

En el reciente debate sobre el futuro de la jubilación de los procuradores y en la lucha a la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), Lina Vassalli Arribas, consejera de la Mutualidad de Procuradores y una de las cabezas del movimiento J2, se ha posicionado a favor de reforzar la transparencia, garantizar la sostenibilidad del sistema y explorar mecanismos que permitan a los mutualistas mayor flexibilidad —como posibles pasarelas voluntarias al régimen de autónomos—, con el objetivo de proteger tanto a los profesionales en activo como a los mutualistas pasivos.

Vassalli participa en la Mutualidad en el órgano de gobierno responsable de la estrategia y supervisión de la entidad de previsión social del colectivo. Desde esa posición interviene en decisiones vinculadas a la gestión patrimonial de la Mutualidad, la definición de productos de ahorro y jubilación para procuradores y la adaptación del modelo de mutualidades alternativas al RETA al nuevo contexto regulatorio.

En una entrevista concedida a Economist & Jurist, Vassalli admite que la solución para estos mutualistas terminara llegando porque el sistema actual es insostenible, no obstante, a su juicio, la solución que actualmente propone el Gobierno no es la acertada. Según la entrevistada, la resolución a este conflicto vendrá “de la firmeza en no aceptar menos que la fórmula 1×1. Un país no puede permitirse el lujo de condenar a la exclusión social a los mismos profesionales que han garantizado el derecho a la tutela judicial efectiva durante 40 años”.

Asimismo, la consejera de la Mutualidad denuncia en este medio que llevan tres años tratando de reunirse con la ministra Elma Saiz, ya que es la interlocutora natural para resolver este conflicto. Lo que para Vassalli resulta «paradójico» e «hiriente» que mientras la titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se presenta ante la opinión pública como la «ministra del diálogo», al mismo tiempo «mantiene cerradas a cal y canto las puertas de su despacho para los representantes de miles de abogados y procuradores».

Economist & Jurist (E&J). –  Usted ha denunciado públicamente que, procuradores y abogados que han trabajado durante 40 años tienen una expectativa de cobrar una pensión de entre 280 y 300 euros al mes. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esta situación?

Lina Vassalli Arribas (L.V.A). – La realidad de la procura es especialmente sangrienta por tres hitos de dilación administrativa: mientras que la Ley 30/1995 permitía ya la opción del Régimen de Autónomos (RETA), nuestra Mutualidad agotó el plazo de cinco años previsto en la Disposición Transitoria 5.ª. No fue hasta el 1 de enero de 2000 cuando la afiliación dejó de ser obligatoria. Esta demora «atrapó» a miles de compañeros en un sistema mutualista un lustro más que a otros colectivos, hurtándoles un tiempo de cotización pública vital.

La estrategia de «agotar los plazos» se repitió con la adaptación técnica de la Mutualidad. Bajo el amparo de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 30/1995, la institución dispuso de un margen de 10 años para adaptar su régimen técnico-actuarial. Sin embargo, no fue hasta el límite de enero de 2013 cuando se materializó plenamente la reforma del Estatuto y el Reglamento. Esta demora de casi dos décadas en la modernización del cálculo de provisiones y cuotas supuso que las aportaciones se gestionaran bajo criterios que hoy se demuestran insuficientes para una vida digna.

(Imagen: cesión propia)

Es imperativo recordar que, hasta el año 2005, el procurador que decidía saltar al RETA para asegurar su futuro se enfrentaba a una penalización inasumible: perdía la totalidad de los capitales acumulados en la Mutualidad. No era una elección libre, era un confinamiento financiero que impedía cualquier transición racional al sistema público.

Esta sucesión de demoras ha provocado que quienes pudieron cambiar de sistema tras 2005 ya hubieran perdido al menos 10 años críticos de cotización pública. Hoy, esos profesionales se ven forzados a trabajar mucho más allá de la edad ordinaria de jubilación o a asumir una pensión de miseria.

E&J.- ¿En qué consiste la solución que plantea el colectivo de la procura y la abogacía, conocida como Pasarela RETA?

L.V.A. – Ante la dramática realidad de miles de procuradores y abogados que, tras 40 años de ejercicio, se asoman a una jubilación de 300 o 400 euros, surge una propuesta de justicia social que el Gobierno no puede seguir ignorando: la Pasarela al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos). Mucho se ha especulado sobre si esta medida supone un «privilegio» o un coste inasumible para las arcas públicas. Nada más lejos de la realidad. La Pasarela es, en esencia, un mecanismo de reparación histórica que se fundamenta en tres pilares irrenunciables:

1. El trasvase de capitales: de la «hucha» privada al sistema público. La propuesta consiste en que el capital acumulado individualmente por cada profesional en su mutualidad se transfiera a la Tesorería General de la Seguridad Social. Ese dinero se convertiría en años de cotización efectivos, calculados sobre la base mínima. No pedimos que se nos regale nada; pedimos que nuestros ahorros forzosos se integren en el sistema público para generar derechos de pensión.
2. El reconocimiento de la antigüedad. Debido a las demoras legales y la obligatoriedad de las mutualidades que explicábamos anteriormente, muchos profesionales carecen hoy de los 15 años cotizados necesarios para acceder a una pensión contributiva. La Pasarela exige que esos años de «alternatividad» computen. Es la única forma de que quienes han sostenido el sistema judicial durante décadas no queden desamparados por un tecnicismo burocrático.
3. Dignidad para los que ya no pueden esperar. La solución debe ser integral. No puede limitarse a los que aún están en activo; debe alcanzar a jubilados actuales, cuyas pensiones de 300 o 400 euros deben complementarse hasta alcanzar, al menos, la pensión mínima del sistema público; y a mutualistas vulnerables, es decir, aquellos que por edad o enfermedad ya no tienen margen de maniobra para «empezar de cero» en el RETA.

La propuesta que actualmente baraja el Gobierno es un «parche. Es insuficiente y profundamente injusta. La Pasarela al RETA es la respuesta a un fallo del sistema. Es hora de que el Estado asuma su responsabilidad y permita que abogados y procuradores se jubilen con la misma dignidad que cualquier otro trabajador de este país.

E&J.- ¿Podría explicar el funcionamiento de la fórmula 1×1?

L.V.A. – El concepto 1×1 es la piedra angular de la reivindicación del Movimiento J2. Para entenderlo en el contexto de la lucha por una pensión digna, hay que verlo no solo como una operación matemática, sino como un derecho de equivalencia.

El 1×1 propone que un año de aportación a la Mutualidad (aunque fuera un sistema privado alternativo) debe computar como un año de cotización al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social).

El argumento es sencillo: los abogados y procuradores no estaban en la mutualidad por placer, sino por una imposición legal que les impedía acceder al sistema público. Por tanto, el Estado, al haber validado ese sistema como «alternativo», debe ahora reconocer que ese tiempo de trabajo es, a todos los efectos, tiempo de servicio y cotización al Estado.

La fórmula tiene dos vertientes que deben ocurrir simultáneamente para que sea efectiva:

• Trasvase de capital (la «hucha»): el dinero que el mutualista ha acumulado durante décadas en su cuenta individual de la Mutualidad se transfiere directamente a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Es decir, el trabajador aporta todo su ahorro acumulado al sistema público.
• Reconocimiento de periodos (el tiempo): c cambio de ese capital, la Seguridad Social debe reconocer la carencia. Es decir, que si un profesional estuvo 30 años en la mutualidad, el Estado debe reconocerle esos 30 años en su historial de vida laboral pública.

Sin el 1×1, los profesionales se enfrentan a un «abismo» legal: aunque traspasaran el dinero, si el Estado no reconoce el tiempo (la carencia), muchos profesionales llegarían a la edad de jubilación con, por ejemplo, solo 5 años cotizados en el RETA tras haber ejercido 40 años.

En el sistema español, con menos de 15 años cotizados, no se tiene derecho a una pensión contributiva. El 1×1 soluciona esto: Transforma «años de mutualista» en «años de cotizante», alcanzando el umbral necesario para acceder a una pensión contributiva digna.

El 1×1 es una transferencia de derechos. No se trata de que el Estado «regale» una pensión. Se trata de que el Estado acepte que el profesional ya cumplió con su obligación de contribuir durante su vida laboral, aunque lo hiciera en un sistema que el propio Estado permitió y supervisó, y que resultó ser fallido o insuficiente.

La fórmula 1×1 busca evitar que un profesional que ha trabajado toda su vida sea tratado como si hubiera estado desempleado o fuera del sistema. Es la herramienta para cerrar la brecha entre la «previsión social privada» que nos obligaron a contratar y la «seguridad social pública» de la que fuimos excluidos durante décadas.

(Imagen: cesión propia)

E&J.- En el actual Gobierno su interlocutor natural debería ser la ministra Elma Sainz, titular del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones, ¿han podido reunirse con la ministra?

L.V.A. – Si hay algo que indigna especialmente al colectivo es la brecha entre la propaganda y la realidad. La interlocutora natural para resolver este conflicto es la ministra Elma Saiz, titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sin embargo, la realidad es desoladora: llevamos tres años tratando de reunirnos con ella sin éxito.

Resulta paradójico, por no decir hiriente, que la ministra se presente ante la opinión pública como la «ministra del diálogo» mientras mantiene cerradas a cal y canto las puertas de su despacho para los representantes de miles de abogados y procuradores. Hasta la fecha, nunca se ha reunido con nosotros ni ha mostrado el menor interés por escuchar de primera mano nuestra situación.

Sus manifestaciones públicas sobre este drama social son prácticamente inexistentes. Elma Saiz solo rompe su silencio cuando la presión de algún periodista en una entrevista directa no le deja más opción que responder. Y aun así, lo hace siempre desde la evasiva y la ambigüedad, recurriendo a la fórmula vacía de que «se está trabajando en ello», mientras el tiempo se agota para miles de profesionales que ya están en edad de jubilación.

No se puede gestionar un sistema de Seguridad Social dando la espalda a quienes han sido piezas clave del Estado de Derecho. El diálogo no se pregona, se ejerce, y hasta ahora, para la abogacía y la procura, el Ministerio de Inclusión solo ha sido un muro de silencio.

E&J.- En este conflicto, ¿qué papel están realizando, en su opinión, los representantes profesionales de procura y abogacía, decanos y presidentes de Colegios y Consejos profesionales?

L.V.A. – Es innegable que hubo un silencio de décadas. Mientras las mutualidades agotaban los plazos legales para retrasar la libre elección del RETA, como ocurrió con la demora de cinco años tras la Ley de 1995 o la tardía adaptación de los estatutos hasta 2013, los representantes profesionales no alzaron la voz lo suficiente. Muchos de estos cargos institucionales formaban parte, simultáneamente, de los órganos de gobierno de las mutualidades, lo que impidió una defensa clara del mutualista frente a la entidad.

La actual movilización institucional no nació de los despachos de los decanos, sino de las calles. Ha sido el Movimiento J2 y la base de profesionales «de a pie» quienes han obligado a los Consejos y a algunos Colegios a posicionarse. Durante demasiado tiempo, la respuesta oficial fue el silencio o la defensa de un sistema de capitalización individual que ya se veía que iba a colapsar en pensiones de miseria. Los representantes han ido, en muchos casos, un paso por detrás de la angustia de sus colegiados.

Hoy, la situación ha cambiado. La presión de la base ha sido tan insostenible que algunos de Colegios y Consejos han tenido que adoptar la defensa de la Pasarela al RETA como bandera oficial.

Los representantes profesionales tienen hoy una oportunidad de asumir su responsabilidad. No basta con emitir comunicados de apoyo; se requiere una firmeza absoluta frente al Gobierno para exigir la fórmula 1×1 sin exclusiones. La historia juzgará a los actuales decanos y presidentes no por sus discursos, sino por su capacidad de conseguir que un procurador o abogado jubilado no tenga que elegir entre pagar la luz o comer. Es hora de decidir si representan a sus colegiados.

(Imagen: Mutualidad de Procuradores)

E&J.- ¿Es optimista o pesimista en la solución de este conflicto?

L.V.A. – El mayor logro de este conflicto no ha sido técnico, sino social. El Movimiento J2 ha conseguido romper el silencio de décadas, sacando el problema a la luz para llevarlo a la agenda pública y al Congreso. Hoy, el Gobierno ya no puede fingir ignorancia. Existe una unidad de acción inédita entre abogados y procuradores que ha forzado a las instituciones a posicionarse. La «invisibilidad» del mutualista ha muerto; ahora es un actor político con voz propia. El Movimiento J2 ha logrado algo histórico: unir a abogados y procuradores de toda España, por encima de siglas y jerarquías colegiales. Esa presión desde la base es el motor más potente que existe.

Ya hemos visto proposiciones de ley y mociones en diversos parlamentos autonómicos y en el Congreso. Ningún partido político quiere ser visto como el que «condena a la miseria» a quienes han servido a la Justicia.

Sin embargo, el pesimismo se alimenta de la lentitud y la falta de empatía de la Administración. El Ministerio insiste en ofrecer «parches» basados en la vulnerabilidad, una solución asistencial que no reconoce derechos, sino que reparte limosnas. El riesgo es que el Estado utilice la complejidad técnica como una estrategia de dilación, esperando que el agotamiento de los profesionales o el paso del tiempo desactiven la protesta.

El Ministerio de Inclusión se muestra muy reticente a una pasarela universal. Su argumento, el impacto en las arcas públicas, es una barrera difícil de romper, ya que prefieren soluciones de «vulnerabilidad» que son mucho más baratas, pero totalmente insuficientes.

¿Soy optimista? Soy determinista. La solución llegará no porque el Estado decida ser generoso, sino porque el sistema actual es sencillamente insostenible. Un país no puede permitirse el lujo de condenar a la exclusión social a los mismos profesionales que han garantizado el derecho a la tutela judicial efectiva durante 40 años.

La resolución de este conflicto no vendrá de una concesión graciosa del Ministerio, sino de la firmeza en no aceptar menos que la fórmula 1×1. El optimismo hoy no es una sensación, es una estrategia: la convicción de que solo la presión constante convertirá la pasarela al RETA en una realidad de justicia. La dignidad de nuestra jubilación no se negocia, se defiende.