Los procesos de estabilización de la Ley 20/2021 fracasaron: seis meses después hay más de 800.000 interinos en fraude de ley

La problemática de los interinos en fraude de ley se ha resuelto en países vecinos como Grecia, Portugal y en países del norte de Europa, con procesos de estabilización automática como sanción y multas para aquellas jurisdicciones donde se abusa de la temporalidad. Son las medidas que han funcionado en Europa y que en España aún no se han implementado por la inacción de los últimos cinco ministros de Función Publica que no se han tomado en serio el problema que ha ido creciendo de forma exponencial.

El Gobierno en vísperas de una multa importante de la Comisión Europea estudia un nuevo plan de choque más para el futuro que para resolver el problema de estos 800.000 interinos en fraude de ley. Un porcentaje cercano al 40% muy alejado del 8% que se pactó con la Unión Europea hace años. Este colectivo inasequible al desaliento volvió a manifestarse en las calles de Madrid frente al Congreso de los Diputados el pasado 11 de junio. Ahora su esperanza es que la futura Ley de Función Publica incluya en su texto alguna enmienda que estabilice al colectivo y recupere a los interinos cesados en estos últimos meses.

Este abuso de la temporalidad del que viene informando Economist & Jurist en estos tres últimos años se focaliza en las administraciones públicas desde hace años. En la empresa privada, el propio Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 15, indica que los trabajadores con más de 3 años de antigüedad pasan a ser fijos. No hay abuso de temporalidad, cuestión que no se ha resuelto con la ley 20/2021 que impulsaba distintos planes de estabilización a 31 de diciembre del 2024 en las administraciones. Se calcula que en fraude de ley aún hay más de 800.000 interinos en situación de abuso de la temporalidad, muchos con 15 y 20 años encadenando contratos donde han demostrado sus méritos y capacidad.

El plan del Gobierno es un parche

El despacho del abogado del Estado en excedencia, Javier Araúz de Robles, uno de los más significados en la defensa de esos profesionales, se mantiene activo en la defensa de los intereses de este colectivo. Suyas han sido las dos últimas cuestiones prejudiciales planteadas por un juez de lo Social de Murcia.

En opinión de Araúz, pese a existir esos 800.000 interinos sin estabilizar la situación da ciertos síntomas de esperanza: “Hay cuatro cuestiones prejudiciales nuevas en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), dos de un juzgado de lo Social de Murcia, otra de la Sala de lo Social del Supremo y otra italiana que nos afecta, ya que es sobre la fijeza. Al mismo tiempo, tras la demanda planteada contra Italia se espera una sanción importante a nuestro país”.

Javier Arauz de Robles, en un seminario organizado por el sindicato STEPA de Zaragoza, cree que Europa sancionará duramente a nuestro país por no trasponer la Directiva comunitaria 1999/70. (Imagen: STEPA)

Sobre ese aspecto, este jurista concreta que “España está presionando mucho a nuestro país porque seguimos en temporalidad superior a los 800.000 profesionales en fraude de ley. Lo que ahora plantea el Ministerio de Transformación Digita y Función Publica de Óscar López, es otro nuevo parche que busca resolver de alguna manera los abusos del futuro que se produzcan n las administraciones públicas, pero no dice nada de los interinos ya cesados o que siguen en fraude de ley. El Ministerio solo aborda el futuro, pero no busca compensar a los que están sufriendo este fraude”.

Para Araúz de Robles, “la respuesta que hay que dar con las sentencias últimas del TJUE que ya conocemos, pese a las vueltas que se está dando sobre este tema, no cabe otra solución que la estabilización del personal de forma automática.  Ni los procesos selectivos, ni las indemnizaciones son soluciones a esas situaciones de abuso. Las sentencias del Supremo no atienden al derecho comunitario y no resuelven el problema. La cuestión prejudicial que planteó la Sala Social del Supremo de la que habrá vista el próximo 24 de junio no es más que una patada adelante y no soluciona nada”.

Desde su punto de vista, “la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, para este personal el fraude de ley, ya nació fallida. Desde el principio ya se sabía que no se iba a conseguir el objetivo conseguido de bajar la temporalidad al 8% tras esos procesos de estabilización desde el concurso oposición realizados en distintas comunidades autónomas y administraciones. No hubo controles y cada administración ha hecho lo que ha querido. Se han estabilizado ayuntamientos pequeños, pero en prácticas como justicia sanidad o educación ha sido un fracaso total. Las comunidades autónomas, salvo Cataluña, no lo han conseguido. Muchos procesos están impugnados en los juzgados”.

Los interinos se movilizan

En la actualidad, los colectivos de interinos volvieron a salir a la calle en Madrid el pasado 11 de junio en otra manifestación masiva, en esta ocasión frente al Congreso de los Diputados. Según nos indica este colectivo, el gran problema es la inacción del Gobierno para resolver este problema, la negligencia de las administraciones públicas que no han gestionado bien esos procesos selectivos de la Ley 20/2021 y la judicialización de los asuntos con más de 30.000 asuntos en los juzgados con resultado dispar. Las esperanzas vuelven a estar puestas en el TJUE y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDHR).

El pasado 12 de junio se celebraron los cuarenta años de adhesión de España al tratado de la UE y su entrada en este espacio europeo. Araúz de Robles no puede ser más contundente con su apreciación “nosotros estamos en Europa par obtener derechos y prebendas, pero no para cumplir obligaciones. España es el país más sancionado de Europa por no cumplir la normativa comunitaria. La integración en Europa nos ha ayudado mucho a nivel económico y social, pero a la hora de cumplimiento de obligaciones no se hace nada. Ya pasó con las cláusulas suelo que se judicializaron, abusos en materia económica. Ni el legislador ni los jueces han entendido que estamos en Europa”.

Las irregularidades de estos procesos de estabilización han llegado al SEPE, organismos públicos que funcionan a duras penas, con cientos de trabajadores interinos cesados sin indemnización en estos dos últimos años. Esta entidad y algunos trabajadores interinos cesados nos indican que conseguir una cita previa presencial, o incluso telefónica, en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para solicitar la prestación por desempleo resulta misión imposible en algunas provincias. “Faltan efectivos y la aplicación informática implementada no funciona. Estas políticas públicas son un disparate tras otro”, comenta una interina cesada.

El ministro Óscar López plantea ahora un plan de choque con las comunidades autónomas para frenar la temporalidad. (Imagen: Ministerio de Transformación Digital y Función Pública)

Negociaciones con los políticos

Para Maite Agredano, portavoz de la Unión Sindical contra la Temporalidad del Empleo Público, es la plataforma que agrupa a 22 organizaciones y sindicatos de toda España que ha organizado esta protesta en Madrid. Indica que “algunos de nosotros hemos hablado en el interior de la Cámara Baja con los distintos grupos políticos para plantearles una solución que resuelva la situación de los compañeros aún en fraude de ley. Los socios de Gobierno tienen una propuesta de solución legislativa en la mesa que les ofrecimos. Parece que les puede encajar y pasaría por incluir en la futura ley de Función Publica alguna enmienda que facilitara la estabilización de estos profesionales en fraude de ley”.

En su opinión, “el problema lo tenemos con el PSOE que no se les ve muy proactivos sobre este asunto. Su posición es de no hacer nada hasta que no se conozcan la respuesta del TJUE a la cuestión prejudicial planteada por el Supremo hace algo más de un año y que genere sobre sentencia del Supremo no van a legislar. La vista será el 24 de junio para hasta dentro de seis meses no habrá sentencia. No podemos esperar tantos meses porque la situación puede empeorar aún más. Esos tiempos judiciales no van en la línea del personal en abuso. Hay que tomar soluciones lo antes posible porque se siguen cesando a muchos compañeros”.

En su opinión “bastaría con poner en marcha un concurso de méritos restringido para nuestro colectivo. Siempre hay mucha resistencia de los grupos parlamentarios que la fijeza automática es inviable y no tiene encaje en nuestro ordenamiento jurídico. Y al mismo tiempo se trataría de reincorporar al personal cesado con bolsas extraordinarias que ya las hay en todas las comunidades autónomas y están funcionando para recuperarles con todos los derechos que tenían en el pasado. En ese sentido van las enmiendas. Ahora los socios de gobierno deben meter presión al PSOE para que puedan dar esa solución a través de la futura Ley de Función Pública. No hay cifras oficiales pero los ceses han sido notables”.

Celia del Val, representante sindical de CGT, ha leído el manifiesto al final de la concentración reclamando la estabilización del colectivo siguiendo los estándares europeos. Detrás, con blusa azul, Maite Agredano de la Unidad Sindical de Empleo Temporal. (Imagen: FETAP-CGT)

Por su parte, Celia del Val y Laura Martínez, representantes sindicales de FETAP-CGT, señalan a este medio que “el momento ahora es crucial porque concluye la actividad parlamentaria antes del verano. Creemos que si daría tiempo entre junio y julio para resolver la situación de este colectivo. Se trataría de que se aprobase la nueva Ley de Función Publica para estabilizar al grueso de interinos que estamos en fraude de ley desde hace años. El TJUE ya ha dejado claro que España no cumple la normativa ni cumple el derecho europeo. La situación actual afecta a 2.600.000 personas si contamos con las familias de estos profesionales”, comenta Martínez.

El problema de estos ceses “es que muchos de estos compañeros irán al paro, algunos con indemnización, cuestión que va a dejar maltrechos a varios servicios públicos porque ellos llevaban años gestionándolos, tanto en la Administración General del Estado (AGE) como en algunas comunidades autónomas y a nivel local. El problema se va a notar en ciudades como Madrid donde no habrá gente competente que mantenga esos servicios públicos. Ya pasa en el SEPE donde se espera que se cesen a más de 5.000 interinos este mes. Sus procesos de estabilización basados en la Ley 20/2021 no han resuelto nada. Se han presentado interinos con gente de la calle, algo inaudito”.

Para Celia de Val “es evidente que la Ley 20/2021 no ha logrado estabilizar al grueso de trabajadores interinos en abuso. La Ley se ha pervertido. Muchos de ellos están siendo cesados sin indemnización pese que la UE ya dijo que esta ley y sus procesos de estabilización no eran la medida adecuada para resolver este tema porque hay que resarcir al abusado de alguna forma. No hay ni fijeza ni indemnización. Los trabajadores queremos seguir trabajando y la Administración necesita que nosotros como profesionales sigamos en nuestros puestos de trabajo atendiendo a distintos servicios públicos. Esta Ley no se está aplicando para lo que realmente se planteó”.

En su opinión “la situación pasa porque en la Ley de Función Pública, alguna de las enmiendas planteadas por los socios del Gobierno se aplique para lograr la estabilización del colectivo. Queremos que el ministro de Función Pública, escuche a este colectivo afectado y se reúna con nosotros. Con las enmiendas que planteamos a los partidos políticos, el Gobierno lo tiene muy fácil es coste cero. Se está jugando miles de euros que vienen de Fondos Europeos por no resolver este problema, uno de ello es la temporalidad. En marzo perdieron 9.000 millones de euros y ahora hay en juego otros 26.000. Al mismo tiempo habrá que ver que sucede con las indemnizaciones que Europa plantea a los profesionales en abuso y que por el momento son muy escasas en estos momentos”.

Enrique Santiago, diputado de Izquierda Humana integrado en Sumar, atendió al colectivo este pasado miércoles. (Imagen: Sumar)