Solo uno de cada ocho españoles sabe cómo se financian las pensiones y tiene una idea de su jubilación

El nivel de conocimiento de la población española sobre el funcionamiento y el rendimiento general del sistema de pensiones es bajo. Solo una de cada ocho personas entre 18 y 75 años (uno de cada 6 hombres y una de cada 14 mujeres) demuestra conocer cuestiones básicas sobre cómo se financian las pensiones y cuál es el importe medio aproximado de la prestación de jubilación, la más frecuente del sistema.

Cumplidos 30 años desde la aprobación parlamentaria del Pacto de Toledo en abril de 1995, la Encuesta Funcas 2025 sobre Pensiones y Educación Financiera ofrece la imagen de una sociedad en la que abundan personas preocupadas por la suficiencia de sus futuras pensiones, pero poco conocedoras de cómo funciona y cuánto rinde el sistema que las genera y asigna.

Para Elisa Chuliá, investigadora de Funcas, “en un contexto de tensiones geopolíticas, crisis climáticas y crecientes necesidades de gasto en seguridad y defensa, en el que los Estados democráticos se enfrentan al reto de compatibilizar estas prioridades con los compromisos financieros derivados del envejecimiento poblacional y la consolidación de los sistemas de bienestar, el debate sobre el futuro de las pensiones adquiere especial relevancia y exige la participación activa de la ciudadanía con interés legítimo en la materia”.

Ante las preguntas sobre cómo se pagan las pensiones y si el importe medio de las de jubilación es superior o inferior al salario mínimo interprofesional (SMI), en conjunto, los porcentajes de encuestados que responden ambas bien queda por debajo del 20%, y el de las encuestadas no llega al 10% (18% y 7%, respectivamente).

Elisa Chulia, investigadora de Funcas, señala que en un momento como el actual, «el debate sobre el futuro de las pensiones adquiere especial relevancia y exige la participación activa de la ciudadanía con interés legítimo en la materia”.(Imagen: Funcas)

Respecto a la primera cuestión, la encuesta, realizada telefónicamente entre el 1 y el 13 de septiembre de 2025 a 1.200 personas entre 18 y 75 residentes en España, arroja que los/las encuestados/as españoles que indican correctamente la respuesta “las cotizaciones sociales actuales” (46%) o responden “cotizaciones sociales actuales e impuestos” (3%) rozan la mitad de la muestra (49%).

En cambio, el 17% piensa que las pensiones se financian con “las cotizaciones que pagaron los pensionistas cuando trabajaban” y el 26% responde que las pensiones se financian con “impuestos generales”. En todos los grupos de edad, aciertan más los hombres que las mujeres. Incluso quienes están ocupados —y, por tanto, pagan cotizaciones sociales— muestran un desconocimiento amplio sobre esta cuestión.

Sobre si la pensión media de jubilación se sitúa por encima o por debajo de 1.200 euros, importe aproximado del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2025, el desconocimiento de la sociedad es claramente más generalizado. En el momento de realizar la encuesta, tanto la pensión media de jubilación como la pensión media del sistema de pensiones estaban por encima del SMI, pero dos terceras partes de los encuestados (66%) respondieron que la pensión de jubilación era “bastante menor” (30%) o “algo menor” (36%), infravalorando su importe.

Al margen de sus limitados conocimientos sobre la financiación y el rendimiento del sistema de pensiones, a los/las encuestados/as les inquieta la suficiencia de sus futuras pensiones, en particular al 67% de los encuestados (al 31% le preocupa mucho y al 36%, bastante).

¿Sera suficiente la pensión?

Entre los mayores de 45 años, al 36% le preocupa “mucho” la posibilidad de que su pensión de jubilación “no sea suficiente para vivir sin aprietos” y a una proporción de igual tamaño, “bastante” (36%). Entre los menores de esa edad, la preocupación se reduce, pero incluso entre los/las encuestados/as de 18 a 30 años, el porcentaje de quienes albergan “mucha” o “bastante” preocupación ronda valores próximos al 60%. Especialmente inquietas se manifiestan las mujeres de más de 60 años, al 56% de las cuales les preocupa “mucho” la suficiencia de su pensión (y al 15%, “bastante”).

El 79% de quienes manifiestan “mucha” o “bastante” preocupación ante la posibilidad de que su futura pensión no sea suficiente para vivir sin aprietos piensan que “dentro de 10 años” las pensiones “serán más reducidas”.

El porcentaje de quienes creen que así ocurrirá alcanza su valor más alto en el grupo de encuestados de 18 a 30 años y de encuestadas de 31 a 45 años (80% en ambos casos); mientras que es menor entre los/las encuestados/as de 55 o más años (60%-65%). En cambio, la creencia de que “se podrán seguir cobrando pensiones como las actuales” es más frecuente entre los pensionistas (31%), aunque también en este grupo quienes prevén una reducción de las pensiones doblan a quienes piensan que estas se mantendrán en los niveles actuales.

El retraso de la edad de jubilación suscita un rechazo generalizado. Las respuestas en contra de posponer la edad de jubilación “progresivamente de los 67 actuales a los 70 años”, siguiendo el ejemplo de Dinamarca, se disparan al 90% entre las encuestadas, y al 83% entre los encuestados. Llama la atención que los porcentajes de rechazo alcanzan los valores más altos entre los jóvenes, con un máximo de 96% entre las encuestadas de 18 a 30 años.

Cuando se pregunta a quienes desempeñan una ocupación laboral si les gustaría “trabajar más allá de los 67 años”, tres cuartas partes (76%) contestan negativamente; incluso 6 de cada 10 personas encuestadas afirman que les “gustaría jubilarse antes de esa edad”, manifestando la mayoría una preferencia por hacerlo entre los 61 y los 65 años. Ahora bien, un 15% de los encuestados con estudios universitarios y un 8% de las encuestadas con el mismo nivel formativo mantienen que les gustaría trabajar más allá de los 67 años. Entre los encuestados/as de la generación del baby-boom (48-66 años), la más próxima a la jubilación, los porcentajes son del 9% y 3%, respectivamente.

El desconocimiento social sobre el sistema de pensiones dificulta la percepción de su “generosidad”: diversos estudios muestran que el sistema de pensiones español devuelve en forma de pensiones, de media, más de lo aportado en forma de cotizaciones sociales, generando desequilibrios que comprometen su sostenibilidad financiera.

Ante estos diagnósticos, se plantean reformas que refuerzan el componente contributivo de las pensiones, como la ampliación del periodo de cálculo de la pensión a toda la carrera laboral. La lógica contributiva encuentra el respaldo del 51% de las personas encuestadas, favorables a que las prestaciones se ajusten a las cotizaciones realizadas a lo largo de la carrera laboral.

Un 49% prefiere, sin embargo, que las pensiones garanticen un nivel de vida digno con independencia de las aportaciones (lógica redistributiva). La opción contributiva tiene mayor respaldo entre hombres, jóvenes y quienes siguen con más interés la información económica.

En qué medida el futuro del sistema de pensiones depende de los inmigrantes es una cuestión sobre la que la muestra encuestada aparece, de nuevo, dividida: el 48% así lo piensa, mientras que el 46% se muestra en desacuerdo y un 6% se abstiene de opinar al respecto.

Representantes de la asociación ASJUBI40 tras salir de la Comisión de Peticiones de la Unión Europea, donde denunciaron su situación en España. (Imagen: Asjubi40)

Jubilados en Bruselas

Hace unos días los jubilados españoles con carreras larga de cotización —de más de 40 años— que vieron como sus pensiones se redujeron tras verse forzados a jubilarse anticipadamente, lo denunciaron ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE), donde alzaron la voz para acusar al Gobierno español de discriminación, ya que defienden que el sistema español de pensiones «discrimina» a trabajadores que se jubilaron anticipadamente pero cotizaron más de 40 años frente a otros que han contribuido durante menos tiempo y tiene sus pensiones completas, en particular los funcionarios públicos.

La asociación Asjubi40 fue la encargada, a través del bufete de abogados Navas y Cusí, de presentar un recurso para que se reconozcan los derechos y se recupere la totalidad de las pensiones para los más de 900.000 jubilados que se vieron obligados a jubilarse antes de los 65 años pero habían cotizado ya durante más de cuatro décadas, sobre todo forzados por la Gran Crisis Financiera de 2008.

Reclaman que se aplique el mismo trato entre los beneficiarios del régimen general de la Seguridad y los miembros de las clases pasivas, los funcionarios públicos, que en la actualidad constituye una discriminación directa.

En concreto, señalan que los funcionarios tienen la posibilidad de jubilarse anticipadamente con un periodo de cotización más corto, la edad mínima de acceso más baja, de 60 años frente a 63 de la jubilación voluntaria y 61 del régimen general, la ausencia de coeficientes reductores a partir de los 35 años de servicio y la aplicación de reducciones considerablemente menores con solo 30 años cotizados. La asociación denuncia que los distintos gobiernos “no han dado una respuesta suficiente” a sus demandas por lo que ha decidido iniciar acciones en el ámbito europeo.

En una rueda de prensa previa, los miembros del Comité de Asjubi40 han estado arropados por el eurodiputado Vicent Marzà, quien ha subrayado que el objetivo de la comparecencia en el Parlamento Europeo es “dar justicia a las personas afectadas por la normativa española, que penaliza las pensiones de jubilados anticipados con largas carreras de cotización”.

Según el eurodiputado de Compromís, “la penalización es totalmente injusta e injustificada, de acuerdo con los pilares sociales y la normativa europea”, por lo cual, insta a la Comisión de Peticiones a mantener abierta la investigación sobre esta situación, que en la actualidad afecta a 900.000 personas en España.