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El Dies a Quo para la acción de nulidad

El Dies a Quo para la acción de nulidad

Luis Sánchez Pérez. Director Dpto. Mercantil. Medina Cuadros Granada

 

 

“[…] Julio César entró en el Senado y dijo burlándose a Spurinna que eran falsas sus predicciones porque habían llegado los idus de marzo sin traer ninguna desgracia, a lo que éste le contestó que habían llegado, pero no habían aún pasado.” Suetonio, Vida de los doce césares, I. LXXXI

 

Sumario

 

I.- Introducción

II.- ¿Caducidad o prescripción?

III.- De la determinación del dies a quo

I.- Introducción

 

Si Julio César hubiera seguido los consejos del adivino que le avisaba de la fatal profecía para ese día, se habría quedado en casa y habría mandado ajusticiar a sus adversarios y, asesinos, postergando, quizás, para un momento posterior su desaparición del teatro político.

 

El tiempo es una variable a tener siempre en cuenta en la vida, y el mundo jurídico no escapa de esa premisa. Algunas victorias procesales son más deliciosas de saborear si vienen acompañadas sólo con el argumento procesal de lo intempestivo.

 

El artículo 1301 del Código Civil establece La acción de nulidad sólo durará cuatro años. Este tiempo empezará a correr: En los casos de intimidación o violencia, desde el día en que éstas hubiesen cesado. En los de error, o dolo, o falsedad de la causa, desde la consumación del contrato.”

 

II.- ¿Caducidad o prescripción?

 

El propio plazo de nulidad ha sido objeto de numerosos estudios por la doctrina española, coincidiendo en que se refiere sólo para las acciones de nulidad (relativa) vinculadas a los casos de anulabilidad establecidos en dicho precepto, interesando la declaración de la nulidad y la restitución de lo entregado por el contrato nulo; y no para las acciones de nulidad absoluta o de pleno derecho. Sin embargo, no hay consenso sobre si el plazo es de caducidad[1] o de prescripción[2].

 

Frente a una posición doctrinal mayoritaria que apoya la caducidad de la acción, otro sector sostiene que es de prescripción[3]. Esta dualidad se ve igualmente reflejada en los proyectos normativos nacionales y comunitarios que están en trámites de elaboración.

 

De tal suerte que a favor de la caducidad se ha pronunciado la Comisión General de Codificación, Sección de Derecho Civil, en la Propuesta para la modernización del Derecho de Obligaciones y Contratos de 2009, publicada por el Ministerio de Justicia.

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