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La prueba en el proceso penal

La prueba en el proceso penal

Ana Bernaloa. Abogada de Molins & Silva

 

El artículo 24.2 de la Constitución Española (CE) establece la protección constitucional del derecho de defensa de todas aquellas personas a las que se le atribuya la comisión de un hecho delictivo (antes “imputados”, hoy llamados “investigados” o “encausados”), derecho que incluye la posibilidad de utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, entre otros.

 

Indice:

 

  1. Protección constitucional. Artículo 24.2 de la Constitución Española
  2. La prueba en las distintas fases del proceso penal:

 

  1. a) La prueba en la fase de instrucción: diligencias de investigación
  2. b) La prueba en el Juicio Oral: tipos y orden de práctica

 

  1. Criterios para su admisión

 

  •  

 

  1. Protección constitucional

 

En efecto el Tribunal Constitucional ha venido configurando el derecho de defensa y a la utilización de todos los medios de prueba pertinentes, en múltiples resoluciones y sus conclusiones pueden resumirse en:

  1. a) La conculcación del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes, situado en el marco de un derecho fundamental más genérico como es el derecho de defensa, solo adquiere relevancia constitucional cuando produce real y efectiva indefensión.

En este sentido, la  STC 198/97 establecía “el rechazo irregular de la prueba por el Órgano jurisdiccional no determina necesariamente la vulneración del derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa y así, tal y como ha declarado la jurisprudencia constitucional, la relación de instrumentalidad existente entre el derecho a la prueba y la prohibición de indefensión hace que la constatación de una irregularidad procesal en materia probatoria no sea por sí sola suficiente para que la pretensión de amparo adquiera relevancia constitucional, pues para que así sea el defecto procesal ha de tener una inducción material concreta, por lo que si ésta no se ha producido, tampoco cabe apreciar la existencia de indefensión desde la perspectiva constitucional“.

  1. b) El juicio de pertinencia, límite legal al ejercicio del derecho, resulta de la exclusiva competencia de los Tribunales ordinarios, los cuales vienen obligados a explicitar y motivar las resoluciones en que rechacen las pruebas propuestas.

La  STC 25/97  precisa: “el art. 24.2 CE permite que un órgano judicial inadmita un medio probatorio propuesto sin que ello lesione el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que no obliga, por consiguiente, al Juez a admitir todos los medios probatorios que la parte estime pertinentes, sino únicamente aquellos que el Juzgador valore libre y razonablemente como tales, pero resulta inaceptable, con toda evidencia, la posibilidad de que el Juez, sin motivación, rechace las pruebas interesadas.”

  1. c) Solo corresponderá al Tribunal Constitucional la revisión sobre la declaración de pertinencia de las pruebas, cuando esta resulte absurda, incongruente o cuando en él se haya rechazado una diligencia no solo pertinente sino con trascendencia para modificar el sentido de la decisión final.

La STC 178/98 recoge “quien en la vía de amparo invoque la vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes deberá, además, argumentar de modo convincente que la resolución final del proceso a quo podría haberle sido favorable de haberse aceptado y practicado la prueba objeto de la controversia, ya que sólo en tal caso podrá apreciarse el menoscabo efectivo del derecho de quienes por este motivo buscan amparo“.

En igual dirección la  STC 232/98  nos dice:” En efecto, como ha resaltado el Tribunal Constitucional la garantía constitucional contenida en el precepto únicamente cubre aquellos supuestos en que la prueba es decisiva en términos de defensa. De no constatarse esta circunstancia resultaría ya evidente ab initio, sin necesidad de ulterior análisis, que no ha existido la lesión denunciada. Esto exige que el recurrente haya alegado y fundamentado adecuadamente dicha indefensión material en el sentido de que la resolución final del proceso podría haberle sido favorable de haberse aceptado y practicado la prueba objeto de controversia”.

 

  1. La prueba en las distintas fases del proceso penal

 

La prueba en el proceso penal es toda aquella actividad encaminada a procurar la convicción del Juez sobre los hechos afirmados por las partes en sus respectivos escritos de conclusiones provisionales (de acusación y defensa). De esta afirmación surge la principal diferencia entre las denominadas “diligencias de investigación”, que tienen por objeto comprobar los hechos denunciados, y los “actos de prueba”, que son los practicados ante un órgano judicial de enjuiciamiento, con respeto a los principios de contradicción, oralidad, publicidad e inmediación, y que son los únicos que tienen efectividad para enervar la presunción de inocencia.

 

  1. a) La prueba en la fase de instrucción

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