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Protección de un abogado en sala: lo que un abogado no puede (o debe) soportar

Protección de un abogado en sala: lo que un abogado no puede (o debe) soportar

Por Nielson Sánchez-Stewart. Abogado. Consejero del Consejo General de la Abogacía Española

Cooperar no es lo mismo que auxiliar. Cooperar es obrar juntamente con otro u otros para un mismo fin. El Abogado no ayuda a que se administre justicia, trabaja en ello. En la mayor parte de los procesos, no se puede juzgar sin la asistencia de un Abogado y se resuelven extrajudicialmente la inmensa mayoría de los asuntos; mediante el consejo, la conciliación y la mediación.

 

Las normas sobre el comportamiento de los Abogados ante los Tribunales han sido objeto de estudio desde antiguo. Ya BERNI I CATALA consagra en su libro “El Abogado instruido en la Práctica Civil de España” publicado en 1738  los capítulos más importantes y más enjundiosos de las “Reglas que deven (sic) guardar los Abogados” en sus relaciones con los Tribunales de Justicia.
El EGAE dispone que “Son obligaciones del Abogado para con los órganos jurisdiccionales la probidad, lealtad y veracidad en cuanto al fondo de sus declaraciones o manifestaciones, y el respeto en cuanto a la forma de su intervención.”
El TC  ha desarrollado un cuerpo de jurisprudencia  sobre los límites entre el respeto y la libertad de expresión  del que es preciso destacar dos conclusiones, una que en razón al derecho de defensa, toda expresión, por muy desagradable que pueda resultar, no puede ser reprimida salvo que se dirija a atentar contra el honor de la persona o funcionario que sirve el cargo y, lo que es muy importante, que las exigencias de respeto son distintas en la Sala de vistas y en la Secretaría del Tribunal.
El Código Deontológico de la Abogacía Española dispone que “Son obligaciones de los Abogados para con los órganos jurisdiccionales: a) Actuar ante ellos con… respeto”.
Pero el respeto –que constituye la obligación de forma en las relaciones con los Tribunales- no es lo mismo que la subordinación. La relación es de colaboración en  cumplimiento de los fines de la  Administración de Justicia.
La colaboración no exige por sí misma que se realice en pie de exacta igualdad. Las funciones no son las mismas y alguna tiene que, o al menos puede, primar en determinadas ocasiones. Desde luego, en el acto del juicio en el que intervienen múltiples personas necesariamente, lo mismo que existe un secretario que da fe de lo que allí sucedió, debe existir un Presidente que conduzca la sesión, y ese Presidente será un Juez o un Magistrado.  Pero no pasará de ser un primus inter pares ya que los profesionales que acusan, defienden y representan; el Ministerio Público y el Abogado del Estado, están desarrollando una labor complementaria y esencial.
El artículo 683 de la LECr establece que “el Presidente dirigirá los debates” y, el  artículo 684 que “el Presidente tendrá todas las facultades necesarias para conservar o restablecer el orden en las sesiones y mantener el respeto debido al Tribunal”.
Por eso, las disposiciones que adopte la Presidencia, conformes al usus fori y a los principios que inspiran el ordenamiento constitucional del proceso son de obligado cumplimiento. Pero subyace la igualdad y para hacerla patente – igualdad entre partes e igualdad con el Juez – se establece en el EGAE que “Los Abogados tendrán derecho a intervenir ante los Tribunales de cualquier jurisdicción sentados dentro del estrado, al mismo nivel en que se halle instalado el Tribunal ante quien actúen, teniendo delante de sí una mesa y situándose a los lados del Tribunal de modo que no den la espalda al público, siempre con igualdad de trato que el Ministerio Fiscal o la Abogacía del Estado.”
La disposición del Estatuto es desarrollo de la contenida en el artículo 187 de la LOPJ: “1. En audiencia pública, reuniones del Tribunal y actos solemnes judiciales, los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios, Abogados y Procuradores usarán toga y, en su caso, placa y medalla de acuerdo con su rango. 2. Asimismo, todos ellos, en estrados, se sentarán a la misma altura.”
Es verdad que la igualdad de altura es más aparente que real pero también es cierto que poco a poco los antiguos excesos de autoridad que llegaban a coartar la defensa van disminuyendo. Otra cosa es el trato no siempre considerado, de los funcionarios de la Administración de Justicia. Pero, por lo menos, frente al cliente y frente a los justiciables ver a los Abogados sobre una tarima, contribuye a enaltecer la opinión que los ciudadanos tienen de la Abogacía.
En lo tocante a las relaciones entre Abogados y Jueces, VAZQUEZ GUERRERO  resume: “Estas relaciones deben tener lugar bajo los más exquisitos principios de  corrección y respeto, los cuales el abogado empleará siempre y exigirá en reciprocidad”.
CALAMANDREI  es autor de una obra célebre que desglosa de manera genial las no siempre fáciles relaciones entre Jueces y Abogados. El primer requisito para establecer esta relación es la fe que los Abogados deben depositar en quienes desempeñan la labor de juzgar ya que “La justicia como toda divinidad se manifiesta solamente a quien cree en ella” aconsejando “…no darse tono de enseñar a los jueces el derecho; al contrario, la buena educación impone que se les considere como maestros. Será gran jurista pero verdaderamente pésimo psicólogo (y, por consiguiente, mediocre Abogado) quien hablando a los Jueces como si estuviese en cátedra, los enojara con la ostentación de su sabiduría y los fatigara con desusadas y abstrusas exposiciones doctrinales.”
Una STS  que delimita perfectamente el respeto recíproco entre Jueces y Abogados y que contiene interesantes pronunciamientos sobre la posición de cada uno, declarando que la actuación incorrecta de un Abogado no cohonesta la del Magistrado, dice así: “… ante el significado atribuible a las expresiones del escrito del letrado, podría existir una base para cuestionar su licitud… por faltar al respeto debido al Juez…, sin que nos corresponda pronunciarnos sobre la conducta del Letrado, que no es objeto de este proceso, más allá de la indicación de ese tratamiento posible, aunque debamos tenerla en cuenta como presupuesto del comportamiento del Magistrado recurrente, pues sólo así se explica su sentido. Pero el hecho de que el Magistrado pudiera haber reaccionado en los términos precitados, en ejercicio de su condición de titular de un poder estatal, contra lo que considerase agresión dialéctica no respetuosa, no justifica el que, implicándose de modo personalizado en el ataque a él dirigido con ese mismo carácter, acepte el reto dialéctico, respondiendo a él con una contundencia mayor, que es lo que la Sala, compartiendo el criterio de las resoluciones recurridas, entiende que ocurrió.”
 

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