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Título de abogado

Título de abogado

Nielson Sánchez Stewart

Abogado

Doctor en Derecho

Consejero del Consejo General de la Abogacía Española

Hasta la entrada en vigor de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, el “título” de Abogado no existía como tal en España. A diferencia de otros países donde acceder a la Abogacía  requería de un proceso arduo con la intervención de los poderes públicos, en nuestro país, empezar a desempeñarse en esta actividad no involucraba más que a dos instituciones: la académica y la colegial. La Universidad concedía el título –sí que era un título- de Licenciado o Doctor en Derecho y el Colegio de Abogados admitía al solicitante si cumplía, además de tener esa categoría, con los demás requisitos que impone el Estatuto General de la Abogacía Española.  Pero la corporación no otorgaba ningún título. Consecuentemente, la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 542 define al Abogado en razón a sus funciones de la siguiente manera refiriéndose a la “denominación” y, por supuesto, no al título: “Corresponde en exclusiva la denominación y función de abogado al licenciado en Derecho que ejerza profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos, o el asesoramiento y consejo jurídico.El Estatuto también contiene una definición en su artículo 6 en exactamente los mismos términos anteriores.

Tanto la Ley Orgánica cuanto el Estatuto exigen algo más: la colegiación. Obligatoria según la Ley 2/1974, de 27 de febrero, de Colegios Profesionales. Su artículo 3 dispone: Será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones hallarse incorporado al Colegio Profesional correspondiente cuando así lo establezca una Ley estatal. Esa ley estatal es la Orgánica antes señalada que establece en su artículo 544.2 2. La colegiación de los abogados será obligatoria para actuar ante los juzgados y tribunales en los términos previstos en esta ley y por la legislación general sobre Colegios profesionales, salvo que actúen al servicio de las Administraciones públicas o entidades públicas por razón de dependencia funcionarial o laboral.”[1] Y el Estatuto insiste en su artículo 9.1,   complementando el 6, en que “Son Abogados quienes, incorporados a un Colegio español de Abogados en calidad de ejercientes y cumplidos los requisitos necesarios para ello, se dedican de forma profesional al asesoramiento, concordia y defensa de los intereses jurídicos ajenos, públicos o privados.

En los números siguientes de ese artículo agrega “Corresponde en exclusiva la denominación y función de Abogado a quienes  lo sean de acuerdo con la precedente definición, y en los términos previstos por el artículo 436[2] de la Ley Orgánica del Poder Judicial.”

Y para remachar la necesidad no sólo de la colegiación sino la de colegiación como ejerciente dispone: “También podrán pertenecer a los Colegios de Abogados, con la denominación de colegiados no ejercientes, quienes reúnan los requisitos establecidos en el artículo 13.1 de este Estatuto General.”[3]

La ley de acceso ha venido a alterar esta situación y no sólo ha introducido la necesidad de formación complementaria y de un examen de suficiencia sino que ha creado, por primera vez en los tiempos modernos el “título de Abogado”.  Lo dice nada más comenzar la Exposición de Motivos: “La experiencia del Derecho comparado muestra que la actuación ante los tribunales de justicia y las demás actividades de asistencia jurídica requieren la acreditación previa de una capacitación profesional que va más allá de la obtención de una titulación universitaria. Ello justifica la regulación de dos títulos profesionales complementarios al título universitario en Derecho: el título profesional de abogado, exigible para prestar asistencia jurídica utilizando la denominación de abogado;…” reconociendo más adelante que no es sólo el acceso lo que se regula sino los títulos profesionales: “… a los efectos de posibilitar el acceso a la obtención de los títulos profesionales que se regulan.” El propio artículo 1 de la Ley se refiere más que a la regulación del acceso a la obtención del título: “Esta ley tiene por objeto regular las condiciones de obtención del título profesional de abogado…como colaborador (es) en el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, con el fin de garantizar el acceso de los ciudadanos a un asesoramiento, defensa jurídica y representación técnica de calidad.”

A pesar de las buenas intenciones de la ley -manifestadas en la misma Exposición de Motivos: “Entrando ya en el análisis del articulado, cabe destacar que se regulan dos títulos acreditativos de aptitud profesional, el título profesional de abogado…. La ley no interfiere, más allá de constituir estos títulos, en los presupuestos de ejercicio profesional de la abogacía y la procura.” Me temo que sí se produce una interferencia, quizá no deseada.

La Ley evitó cuidadosamente la exigencia de la colegiación obligatoria para el ejercicio englobando este requisito en la ambigua frase de “…cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa vigente para el ejercicio de la abogacía.” dándole evidente primacía a “La obtención del título profesional de abogado en la forma determinada por esta ley…” que sí “es necesaria para el desempeño de la asistencia letrada en aquellos procesos judiciales y extrajudiciales en los que la normativa vigente imponga o faculte la intervención de abogado, y, en todo caso, para prestar asistencia letrada o asesoramiento en Derecho utilizando la denominación de abogado;…”

La colegiación es mencionada como de pasada y siempre como complementaria de la posesión del título: “La obtención de los títulos profesionales de abogado… será requisito imprescindible para la colegiación en los correspondientes colegios profesionales.

Hemos visto recientemente los títulos profesionales expedidos por el Ministerio de Justicia en virtud del artículo 2.3 de la ley.[4]  y su texto es extraordinariamente preocupante. En efecto, manifiestan que el agraciado “ha superado la formación especializada y la evaluación que acredita su capacitación profesional para el ejercicio de la abogacía” por lo que se expide en su favor “título profesional de abogado” agregándose “que faculta para disfrutar los derechos que a este título otorgan las disposiciones vigentes.”  Sin la más mínima mención de la colegiación.

No cabe duda que la obligación de colegiarse subsiste pero para que sea efectiva será necesario que exista una sanción correlativa que la haga efectiva. No cabe, evidentemente, la sanción colegial, deontológica o disciplinaria al no tener competencia la corporación sobre quienes no son miembros, sin perjuicio de sus facultades para la persecución del intrusismo. Sin embargo, desaparecida –con anterioridad a la eliminación de las faltas como concepto- la antigua falta de intrusismo[5] no parece que pueda perseguirse la falta de colegiación por la vía penal, ni siquiera después de la última (por ahora) modificación del Código Penal a través de la LO 1/2015, de 30 de marzo, que si bien afectó al artículo 637 no podría, a mi juicio, invocarse al que, con ese título decide ejercer sin colegiarse.

El desafortunado auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 10 de diciembre de 2014 que declaró que la no colegiación no era evidentemente una falta penal sino una cuestión de orden disciplinario (?) siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional que consideraba el intrusismo en estos casos como una “infracción administrativa criminalizada[6]  y la reciente sentencia de la de Granada en la que se contiene la siguiente afirmación “… la falta de colegiación de un Abogado podrá acarrear las consecuencias disciplinarias y reglamentarias correspondientes, pero no debe provocar la nulidad de lo actuado a la vista de que no se ha causado indefensión a la apelante, la cual ha podido ejercer su derecho de defensa con todas las garantía legales,” producen, cuando menos, inquietud a quienes consideramos la colegiación como un bien y una garantía para los justiciables.

He venido sosteniendo que el ejercicio de la Abogacía por quienes, Licenciados o Graduados en Derecho, no estén colegiados como ejercientes podía perseguirse por los interesados por vía civil y por los Colegios profesionales impetrando la protección de los órganos que protegen el consumo. La redacción, desafortunada a mi juicio y, en cualquier caso, incompleta, de los títulos que emite el Ministerio ha venido a complicar aún más las cosas.

CONCLUSIONES

1.- El título de Abogado que está otorgando el Ministerio de Justicia induce a error a sus recipiendarios y la Abogacía institucional debe esforzarse en obtener que se corrija su redacción incluyendo la necesidad de colegiarse para ejercer.

2.- Los docentes en los másteres de la Abogacía deben transmitir a los alumnos la importancia de los Colegios de Abogados y las ventajas que para el profesional implica su incorporación.

3.- Los esfuerzos de las instituciones colegiales para que los ciudadanos comprendan que están a su servicio de manera desinteresada deben reforzarse.

Julio, 2026


[1] Nótese que la obligatoriedad sólo se impone “para actuar ante los juzgados y tribunales”

[2] El Estatuto se aprobó antes de la modificación  de la L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial («B.O.E.» 26 diciembre) Libro VII introducido por el apartado ciento veinticinco del artículo único de la L.O. 19/2003, de 23 de diciembre.

[3] La STS de 10 de noviembre de 1990 contiene la siguiente definición Abogado, es aquella persona que, en posesión del título de Licenciado en Derecho, previa pasantía, o sin ella, previo curso en Escuela de Práctica Jurídica, o sin él, se incorpora a un Colegio de Abogados y, en despacho propio o compartido, efectúa, los actos propios de esa profesión, tales como consultas, consejos y asesoramiento, arbitrajes de equidad o de Derecho, conciliaciones, acuerdos y transacciones, elaboración de dictámenes, redacción de contratos y otros actos jurídicos en documentos privados, práctica de particiones de bienes, ejercicio de acciones de toda índole ante las diferentes ramas jurisdiccionales, y, en general, defensa de intereses ajenos, judicial o extrajudicialmente…”

 

[4] El texto original de esta disposición era” Los títulos profesionales regulados en esta ley serán expedidos por el Ministerio de Educación y Cienciafue declarado inconstitucional por Sentencia TC 170/2014, de 23 octubre, con los efectos previstos en el fundamento jurídico 10, y redactado en su actual versión por el apartado uno de la disposición final cuarta de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

[5] Contemplada en el artículo 572 del Código Penal de 1971 que castigaba al “… titulado o habilitado que ejerciere su profesión sin hallarse inscrito en el respectivo colegio, corporación o asociación oficial …”

[6] Afirmando, de paso, “El título es el documento que reconoce la suficiencia de una persona para ejercer una concreta profesión y disfrutar de los derechos que a la misma (sic) otorgan las disposiciones legales vigentes.”  Redacción casi idéntica a la contenida en el que otorga el Ministro de Justicia.

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