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Noticias Jurídicas

Expertos penalistas analizan en ‘E&J’ el delito de revelación de secretos por el que está siendo investigado García Ortiz

Destaca la anomalía que supone que García Ortiz sólo haya querido contestar a su subordinado y no al juez

Álvaro García Ortiz negó este miércoles ante el instructor del Tribunal Supremo haber filtrado el correo electrónico del novio de Ayuso. (Imagen: RTVE)

Álvaro García Ortiz negó este miércoles ante el instructor del Tribunal Supremo haber filtrado el correo electrónico del novio de Ayuso. (Imagen: RTVE)


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Expertos penalistas analizan en ‘E&J’ el delito de revelación de secretos por el que está siendo investigado García Ortiz

Destaca la anomalía que supone que García Ortiz sólo haya querido contestar a su subordinado y no al juez

Álvaro García Ortiz negó este miércoles ante el instructor del Tribunal Supremo haber filtrado el correo electrónico del novio de Ayuso. (Imagen: RTVE)

Álvaro García Ortiz negó este miércoles ante el instructor del Tribunal Supremo haber filtrado el correo electrónico del novio de Ayuso. (Imagen: RTVE)

Pena de prisión de uno a tres años, multa de 12 a 18 meses, e inhabilitación para cargos de empleo público por tiempo de tres a cinco años. Esas son las posibles consecuencias legales que han apuntado los expertos en Derecho Penal consultados por Economist & Jurist a las que se enfrenta el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, si fuese declarado autor del delito de revelación de secretos por el que actualmente está siendo investigado judicialmente.

Cabe recordar que esta semana el fiscal general del Estado acudió en calidad de investigado a prestar declaración ante el instructor del Tribunal Supremo Ángel Hurtado. Durante su declaración, García Ortiz negó haber filtrado el correo electrónico de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y señaló que nunca habría tratado de perjudicar al novio Isabel Díaz Ayuso.



Asimismo, el fiscal general del Estado se negó a contestar a las preguntas del juez y únicamente contestó a las formuladas por la Fiscalía —institución de la cual es el máximo responsable— y a su defensa, representado por el abogado del Estado.

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