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Noticias Jurídicas

La Inspección de Trabajo se apoyará en la IA para la detección del fraude en su estrategia para 2025-2027, que será más digital

Este colectivo de inspectores espera que la vicepresidenta Díaz mejore sus condiciones laborales, reclamadas desde hace años, y que todos los inspectores tengan nivel 27 de funcionario

Yolanda Díaz anuncia la nueva estrategia de la Inspección. (Imagen: Borja Puig de la Bellacasa/ Pool de Medios)

Luisja Sánchez

Periodista jurídico




Tiempo de lectura: 8 min

Publicado




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La Inspección de Trabajo se apoyará en la IA para la detección del fraude en su estrategia para 2025-2027, que será más digital

Este colectivo de inspectores espera que la vicepresidenta Díaz mejore sus condiciones laborales, reclamadas desde hace años, y que todos los inspectores tengan nivel 27 de funcionario

Yolanda Díaz anuncia la nueva estrategia de la Inspección. (Imagen: Borja Puig de la Bellacasa/ Pool de Medios)

El Gobierno aprobaba hace unos días, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social de la vicepresidenta Yolanda Díaz, la nueva Estrategia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2025-2027, que contempla un refuerzo de la plantilla de inspectores y subinspectores de 554 efectivos en dos años, así como del personal técnico y administrativo, además de una inversión de 28 millones en tecnología con la irrupción de la inteligencia artificial (IA) en la lucha contra el fraude.

En este sentido, se prevé la creación de un laboratorio de informática forense especializado en la obtención de evidencias digitales mediante la aplicación de técnicas de informática forense, que permiten examinar los sistemas informáticos. Asimismo, se crearán nuevas reglas algorítmicas para el control del fraude a través de la ‘Herramienta de Lucha contra el Fraude’ y se potenciarán las actuaciones informativas derivadas del cruce masivo de datos.



Con el objetivo de ofrecer un servicio público centrado en la persona trabajadora, el plan contiene 17 objetivos agrupados en dos ejes. El primero se centra en la actividad inspectora y define las líneas de actuación prioritaria en 10 objetivos que abarcan las relaciones laborales individuales y colectivas, seguridad y salud en el trabajo, igualdad y no discriminación, promoción y protección del empleo, seguridad social y lucha contra el trabajo no declarado.



El segundo eje identifica las medidas estructurales, organizativas y operativas que tienen por fin ofrecer un servicio público eficaz, cuya metodología es cada vez más solicitada por organismos similares de otros países a través de visitas y asesorías técnicas. Al mismo tiempo se observa un notable interés en la actividad de la Inspección, tras incrementarse el número de denuncias y comunicaciones en el buzón de la ITSS presentadas en los últimos años (un 43% entre 2021 y 2024), centradas en la estabilidad en el empleo, el tiempo de trabajo o las condiciones salariales.

La Inspección requiere más medios

Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de trabajo y Seguridad Social, confirma que en el mes de abril presentaron algunas sugerencias a dicha Estrategia que acaba de darse a conocer. “Son planes de carácter trianual donde se marcan las prioridades de la Inspección en función de lo que necesita el mercado de trabajo”, señala Ercoreca. “Se ha aprobado la relación de puestos de trabajo (RPT), esto es un paso adelante pero aún hay lagunas, hay compañeros que tienen nivel 26 cuando por sentencia firme todos podemos contar con el nivel 27 como funcionarios”.

También señala que “solo se retribuyen las guardias que se hacen en fin de semana, el resto, las de entre semana, no se abonan. Hay también que modificar el sistema de productividad, eso significaría una nueva reunión con la Dirección General de la Inspección. Se van a convocar más de 500 plazas de inspectores y subinspectores en dos daños. Otra cosa es que se vayan a cubrir. Para ello necesitamos que se mejoren las condiciones laborales del colectivo de inspectores y subinspectores para que así se cubran todas. Esperemos que este Plan estratégico se cumpla, el anterior nos costó que se cumpliera en la práctica”.

Ana Ercoreca, presidenta de FEDECA y del sindicato de la Inspección de Trabajo. (Imagen: E&J)

Para Ercoreca están bien definidas las 17 actividades en las que la Inspección de Trabajo interviene: “Ahora estamos pendiente de su publicación en el BOE para ver si nuestras apreciaciones han sido acogidas. Es evidente que las nuevas tecnologías nos van a ayudar mucho en nuestro trabajo, seremos más eficaces en la lucha contra el fraude, nosotros como sindicatos hemos sido críticos porque no pueden sustituir al inspector de Trabajo en su actividad de toma de decisiones. Con la herramienta de lucha contra el fraude podremos planificar mejor nuestra actividad y campañas que se pongan en marcha. Necesitamos mejorar nuestra informática, y la digitalización es clave”.

Al final lo que se pretende es huir del llamado papel cero: “Necesitamos un sistema informático muy potente para garantizar que no haya brechas de seguridad ni ciberataques, como ya paso en su día. Sería bueno también contar con una herramienta para nóminas, hay cosas que se siguen haciendo a mano. Todos los avances a nivel informático son necesarios. Lo que no estamos de acuerdo es que la IA actúe sola. Las sanciones las tiene que poner la Inspección de Trabajo de manera motivada, como hasta ahora”.

Curiosamente, este colectivo de inspectores y subinspectores con todo el trabajo que tienen aparece fuera de la reducción de jornada laboral que avala la vicepresidenta Díaz.

Los sindicatos apoyan a la Inspección

En el lado sindical, Fernando Luján, vicesecretario de política sindical de UGT, señala que “todo lo que sea dotar de más medios técnicos y personales a la Inspección de Trabajo va en la buena dirección, de hecho, es algo que venimos demandando en los últimos años tanto en la mesa del diálogo social como en conversaciones con el Ministerio de Trabajo. De nada nos sirven realizar unas magníficas normas laborales si los profesiones que componen la Inspección no tienen los medios adecuados para el cumplimiento de esa supervisión. Así lo manifestamos cuando se aprobó la última reforma laboral, por ejemplo”.

Para este dirigente sindical es una buena noticia que se vaya a incrementar la plantilla en más de 500 inspectores y subinspectores en los próximos dos años. No obstante señala que “esto debe ir acompañado de mejores condiciones laborales de las que tienen. Esperamos que en esta estrategia diseñada para el periodo 2025 a 2028 se haga un esfuerzo para esa mejora de dichas condiciones. Es fundamental que estos profesionales tengan los medios adecuados para poder realizar su trabajo, que es clave en estos momentos como todos sabemos. Con ello es previsible que el registro horario sea más eficaz que hasta ahora”.

Fernando Luján cree que la estrategia va en la buena dirección y espera que se mejoren las condiciones laborales de la Inspección. (Imagen: UGT)

Sobre la estrategia en sí, este jurista señala que “lo que hemos conocido, nos parece una buena noticia. El Ministerio no puede olvidarse de los profesionales que ya trabajan en la Inspección. Sabemos que es una oposición dura a la hora de poder aprobarla, pero es luego una profesión que a muchos de ellos les sirve de trampolín para acabar en la empresa privada con mejores condiciones. De todas formas, todos estos modelos de oposición memorística deberían cambiar para que realmente conociéramos las capacidades del candidato y no solo si tiene una gran memoria para recitar los temas de la misma”.

Lujan insiste en las tesis defendidas por UGT recientemente en la presentación de su informe sobre salarios y viviendas y que avalan que “los empresarios deben subir los salarios. Ganan más dinero que nunca, como indican distintos estudios, entre ellos el realizado por el Observatorio de Márgenes Empresariales”. Desde su punto de vista esas mejoras ahora serán supervisadas por la Inspección de Trabajo.

En ese escenario el papel de nuevo registro horario y su control, ahora digital e interoperable, será clave: “Ya viene en el Estatuto de los Trabajadores desde el año 2019, puede regularse por vía reglamentaria. Otra cosa son las sanciones nuevas que necesitarán una reforma de la LISOS. Por el momento seguirán siendo por empresa, si ésta no se modifica”.

Los abogados y las empresas

Para Carlos de la Torre, socio de laboral de Andersen y vicepresidente de la Asociación de Directores de Relaciones Laborales (Adúrela), “es un plan muy ambicioso esta hoja de ruta. El gran reto no es solo el incremento de efectivos, sino el relevo generacional, la plantilla actual tiene edad avanzada, se busca ya relevo, aunque la jubilación se pueda alargar hasta los 70 años, es una actividad que requiere actividad y cierta energía para ejecutar las tareas. Sobre el reto tecnológico habrá que ver cómo es el uso de la herramienta de lucha contra el fraude para identificar indicios de fraude. Habrá que ver cómo la IA se incorpora a esa herramienta y no genera sesgos”.

De la Torre, inspector de Trabajo en excedencia, recuerda que cada vez hay más actividades planificadas como se desprende de la memoria del 2023 de este colectivo: “Hay un 80% de actividades planificadas y un 20% que provienen de denuncias de sindicatos o trabajadores, algunas de ellas anónimas. El buzón anónimo está ayudando mucho a la gestión de algunas denuncias. Habrá que ver el papel del laboratorio que se quiere crear para la gestión de evidencias digitales y habrá que ver el recorrido que puede tener”.

Carlos de la Torre anuncia que Andersen creará una herramienta tecnológica para la gestión de la relación digital con la Inspección. (Imagen: E&J)

A juicio de este jurista “es bueno que inspecciones similares en las empresas tengan los mismos resultados. No siempre sucede por la amplia autonomía que tiene el inspector de Trabajo, sobre todo en liquidaciones a la Seguridad Social o en la liquidación de actas de sanciones e infracciones. La uniformidad es un reto al igual que la transparencia. Los criterios técnicos de los inspectores no son públicos y pocos se publican en la web del Organismo Autónomo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Hay criterios que no se publican”.

Desde su punto de vista “esta nueva estrategia de la Inspección volcada a la tecnología va a exigir más a las empresas. Supone un cambio en el modelo de relación, que era muy presencial hasta este momento, hacia otro digital. Ahora se utilizará la IA en la lucha contra el fraude. Esperemos que no tenga sesgos y se base en indicios de fraude. Nuestro despacho va a crear una herramienta digital que ayudará a las empresas en la gestión de su relación con la Inspección de Trabajo, tanto a nivel preventivo como reactivo para una mejor gestión de los riesgos empresariales”.

Las pymes preocupadas

Por su parte, José María Torres, presidente de CONPYMES, organización empresarial representativa en nuestro país de más de dos millones de pymes y autónomos, ve con preocupación la nueva estrategia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. “Lo que hemos conocido por los medios de comunicación no nos gusta” —señala Torres—, “se incrementa el control del empresario como si estuviéramos defraudando continuamente en nuestra actividad y ganásemos tanto dinero vulnerando los derechos de los trabajadores de forma continua”.

José María Torres denuncia el excesivo control al empresario ahora con estas herramientas tecnológicas tan intrusivas. (Imagen: CONPYMES)

Para este dirigente, “somos conscientes que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere como parte de esa estrategia de control crear un registro digital e interoperable de control de jornada. Es un registro con unos costes elevados para las pymes. No sabemos si tiene prevista alguna subvención para ese coste. Al mismo tiempo su instalación supone que la pyme realice evaluación de impacto de la herramienta al tratar datos sensibles. Tendrá que contar con asesores en protección de datos para evitar cualquier multa de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)”.

La preocupación del presidente del CONPYMES del nuevo registro de jornada, que previsiblemente se aprobará por vía reglamentaria, es notable: “En el momento que tengamos más datos lo analizaremos con nuestro equipo jurídico si es constitucional o no y qué implicaciones puede tener. Son nuevas obligaciones para las empresas que suponen otro coste económico, con lo cual es otro recorte a la productividad de las empresas. Demasiadas obligaciones para un tejido empresarial que el 90% son pymes y tienen pocos recursos económicos en su actividad empresarial. Ese registro es una intrusión en las empresas que no se puede tolerar”.

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