La adscripción funcional no blinda la represalia: nulidad por degradación profesional tras años de reclamaciones frente a un ayuntamiento

El Juzgado de lo Social de Sevilla ha dictado una sentencia de especial relevancia en materia de tutela de derechos fundamentales en el empleo público laboral. La resolución declara la nulidad de la adscripción funcional de una trabajadora del Ayuntamiento de La Roda de Andalucía desde el departamento de Recursos Humanos al área de Subvenciones y Secretaría, al considerar que la medida constituía una modificación sustancial de condiciones de trabajo y vulneraba su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en su vertiente de garantía de indemnidad.

El fallo condena al Ayuntamiento a reponer a la trabajadora en sus anteriores condiciones y a abonarle una indemnización por daños morales de 7.501 euros.

Un conflicto que no nace de un episodio aislado, sino de años de reclamaciones

El caso no surge de una mera discrepancia organizativa ni de un desacuerdo puntual sobre funciones. La trabajadora venía litigando desde 2017 frente al Ayuntamiento por el reconocimiento de funciones superiores y las correspondientes diferencias salariales. Esa controversia desembocó en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía que estimó parcialmente su recurso y reconoció su derecho al abono de diferencias retributivas por haber desempeñado funciones superiores durante varios años.

No se trataba, por tanto, de una trabajadora indiferenciada dentro de la estructura municipal. Venía desarrollando en exclusiva las funciones nucleares del departamento de Recursos Humanos: nóminas, cotizaciones, IRPF, altas y bajas, contratación, bolsas de trabajo, expedientes médicos, decretos del área y otras actuaciones estructurales de personal, todo ello con plena autonomía funcional.

Sin embargo, a pesar de que la trabajadora, tras llevar años reclamando salarios y funciones, gana en el TSJ el derecho al abono por funciones superiores, se encuentra con que el Ayuntamiento no cumple la sentencia.

La ejecución de la sentencia y la solicitud de conciliación activan la secuencia

La trabajadora instó la ejecución de la sentencia favorable. En ese contexto, y tras una baja médica prolongada, se reincorporó a su puesto de trabajo y solicitó una medida de conciliación familiar. La respuesta municipal no fue contestar a esa petición ni restablecer plenamente sus derechos, sino articular en menos de 24 horas una adscripción funcional que la apartaba de Recursos Humanos y la desplazaba a otra área completamente distinta.

Esa cronología fue uno de los elementos centrales del procedimiento. Para la parte actora, no estábamos ante una reorganización neutra, sino ante una reacción inmediata frente a una trabajadora que acumulaba años de reclamaciones judiciales, había obtenido una sentencia favorable y, además, ejercitaba su derecho de conciliación en el momento de reincorporarse tras una incapacidad temporal.

Es decir, cuando la trabajadora se reincorpora tras una baja médica y solicita conciliación familiar, recibe en apenas 24 horas un cambio de funciones claramente lesivo.

(Imagen: E&J)

La adscripción formal no impide apreciar una modificación sustancial

La defensa municipal sostuvo que no existía alteración sustancial porque la resolución administrativa afirmaba expresamente que la adscripción no implicaba cambio de categoría, ni merma retributiva, ni modificación de condiciones esenciales de trabajo. Sin embargo, el Juzgado rechaza ese planteamiento y recuerda que la calificación jurídica no depende de la etiqueta formal del acto, sino de su realidad material.

Lo relevante no era cómo se denominaba la medida, sino lo que producía en la práctica. Y lo que producía era el apartamiento de una trabajadora que venía desempeñando en exclusiva funciones estructurales de Recursos Humanos para situarla en tareas distintas, ajenas a su trayectoria profesional y con un evidente impacto funcional y económico.

La sentencia entiende así que no nos encontrábamos ante un simple ejercicio del poder de organización, sino ante una verdadera modificación sustancial de condiciones de trabajo.

La clave jurídica: garantía de indemnidad y panorama indiciario sólido

El eje central del fallo se sitúa en la tutela de derechos fundamentales. La magistrada aplica la doctrina sobre inversión de la carga probatoria y concluye que la trabajadora aportó un panorama indiciario suficientemente sólido de que la medida estaba conectada con el ejercicio previo de sus derechos.

El Juzgado vincula esa conclusión a varios elementos concurrentes: los años de reclamaciones salariales y de categoría, la sentencia favorable obtenida en suplicación, la falta de cumplimiento por parte del Ayuntamiento, la reincorporación tras una baja médica prolongada y la solicitud de conciliación inmediatamente anterior al cambio funcional.

Frente a ese panorama, el Ayuntamiento no logró acreditar de forma convincente una causa objetiva, razonable y proporcionada que justificara la medida y la desvinculara de cualquier móvil lesivo.

La sentencia ha entendido que no podía analizarse este caso como una mera reorganización interna, porque lo que había detrás era una secuencia reveladora: reclamación judicial, ejecución de sentencia, reincorporación tras baja y petición de conciliación, seguida de un cambio funcional exprés.

Un procedimiento que partía de un escenario complejo

La relevancia del asunto aumenta porque la estrategia procesal partía de un contexto desfavorable que fue llevado por otra representación. El procedimiento venía precedido por una medida cautelar denegada y por un informe de la Inspección de Trabajo no favorable a la tesis de la trabajadora. Pese a ello, la defensa consiguió reconducir el debate hacia lo verdaderamente decisivo: la cronología, el contexto, los efectos reales de la medida y su conexión con el ejercicio de derechos fundamentales.

Como letrada defensora del asunto, partíamos de una cautelar denegada y de un informe inspector desfavorable por la anterior defensa, pero conseguimos convencer al Juzgado de que aquí lo decisivo no era la apariencia formal de la adscripción, sino su finalidad real, su contexto y sus efectos.

(Imagen: E&J)

La indemnización reconocida y el debate que se abrirá en suplicación

La sentencia reconoce una indemnización por daños morales de 7.501 euros. Sin embargo, el litigio no ha terminado. La trabajadora ha recurrido la resolución al entender que la reparación es insuficiente y que la lesión no se agota en la garantía de indemnidad.

La tesis de la parte actora es que concurren varios derechos fundamentales vulnerados: no solo la represalia por demandar y ejecutar una sentencia, sino también la lesión del derecho a la igualdad y a la no discriminación en conexión con la conciliación familiar y con el contexto especialmente sensible de reincorporación tras una baja médica.

En este caso, como letrada defensora, adelanto que vamos a solicitar una indemnización mayor, porque entendemos que no solo estamos ante una vulneración de la garantía de indemnidad, sino también ante una lesión del derecho a la igualdad en su vertiente antidiscriminatoria vinculada a la conciliación y al contexto de reincorporación tras baja médica.

El Ayuntamiento también ha anunciado recurso

El caso seguirá, por tanto, en sede de suplicación. El Ayuntamiento también ha anunciado recurso, lo que sitúa el foco jurídico en una doble discusión: por un lado, la defensa municipal intentará revertir la declaración de nulidad; por otro, la trabajadora sostendrá que la reparación reconocida en instancia debe ampliarse, tanto en la calificación jurídica de las vulneraciones como en la cuantía indemnizatoria.

Eso convierte el asunto en especialmente interesante desde una perspectiva jurídica, porque el debate ya no se limita a si hubo o no represalia, sino también al alcance de la tutela reparadora cuando la medida se produce en un contexto acumulado de reclamación judicial, falta de cumplimiento de sentencia, reincorporación tras incapacidad temporal y ejercicio del derecho de conciliación.

Un mensaje claro para las Administraciones empleadoras

La resolución deja una enseñanza de alcance general: cuando una Administración actúa como empleadora respecto de personal laboral, sus decisiones organizativas están sometidas al mismo control constitucional que las del sector privado. No basta con invocar necesidades del servicio ni con presentar como neutra una medida que, en la práctica, altera sustancialmente las funciones, degrada profesionalmente a la trabajadora y aparece conectada con el ejercicio de derechos previamente reclamados.

La sentencia recuerda, en definitiva, que la garantía de indemnidad no protege solo frente a represalias abiertas o groseras. También alcanza a aquellas decisiones aparentemente técnicas u organizativas que, examinadas en su contexto y en su secuencia temporal, revelan una reacción adversa frente a quien reclama salario, exige el cumplimiento de una sentencia, se reincorpora tras una baja médica y solicita conciliación.

En síntesis, el fallo lanza un mensaje nítido: la adscripción funcional no puede utilizarse como instrumento de degradación profesional ni como respuesta frente al ejercicio legítimo de derechos laborales. Y cuando eso ocurre, la respuesta del orden social no es la convalidación de la medida, sino su nulidad.