España niega a los autónomos la exención del IVA: ellos pagarán las multas europeas

Más de un millón de autónomos españoles siguen presentando cuatro declaraciones trimestrales de IVA mientras sus competidores franceses, italianos y alemanes están exentos. España es el único país de la Unión Europea (UE) que no ha transpuesto la Directiva de franquicia del IVA. Bruselas ha demandado al Estado solicitando multas de hasta 25 millones de euros. Esas multas se pagarán con fondos públicos. Es decir: con los impuestos de esos mismos autónomos a quienes el Gobierno negó el beneficio.

«El Estado decide no transponer una norma que beneficiaría a más de un millón de autónomos. La Comisión le sanciona. El Tribunal impone multas. Esas multas se pagan vía Presupuestos. Y los Presupuestos se financian con los impuestos de esos mismos autónomos perjudicados.»

Campeones de Europa en incumplimiento

El 11 de marzo de 2026, la Comisión Europea demandó a España ante el Tribunal de Justicia solicitando multas millonarias. El plazo de transposición venció en diciembre de 2024. Llevamos 15 meses de retraso.

Pero lo notable no es el retraso. Lo notable es que España es el único país de los 27 que no ha transpuesto nada. Cuando Bruselas envió la primera carta en enero de 2025, había ocho incumplidores. En julio quedaban cuatro. Hoy solo queda uno. Nosotros.

La Directiva es simple: los Estados pueden eximir del IVA a autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales. Francia lo hizo. Italia lo hizo. Alemania lo hizo. España decidió que no.

«María, diseñadora freelance de Barcelona, factura 35.000 euros al año y presenta cuatro declaraciones trimestrales pagando 900 euros de gestoría. Su competidora italiana factura lo mismo, presenta una declaración anual y no paga gestoría para el IVA. Misma actividad. Distinta nacionalidad.»

Competir con una mano atada

Mientras el Ministerio de Hacienda elabora comunicados explicando que el régimen simplificado ya es suficientemente cómodo, María sigue siendo un 21 por ciento más cara que su competidora italiana por el mismo servicio. Porque en servicios al consumidor final, el autónomo español debe cobrar 121 euros —100 de base más 21 de IVA— donde el francés cobra 100 sin IVA.

Y no es solo el precio. Es el tiempo dedicado a burocracia que el competidor europeo dedica a trabajar. Modelo 303 trimestral, cuatro veces al año. Libros registro. Gestorías que cobran entre 700 y 1.500 euros anuales. Horas que no se facturan.

(Imagen: Comisión Europea)

Más de un millón de autónomos facturan por debajo de 85.000 euros y se beneficiarían de la franquicia. El 47 por ciento la señala como su principal demanda fiscal. El Gobierno la ignora.

«Francia transpuso en diciembre de 2024 beneficiando a 2,4 millones de empresas. Italia en noviembre. Alemania reformó su ley del IVA. Portugal lo hizo en julio de 2025. España no tiene ni anteproyecto.»

Lo que hicieron los demás mientras España miraba

Francia transpuso la Directiva en diciembre de 2024, cumpliendo el plazo. Cuando el Gobierno intentó reducir el umbral en 2025, 200.000 afectados paralizaron la medida. Francia dio marcha atrás.

Italia lo hizo en noviembre. Umbral máximo de 85.000 euros integrado con su régimen forfettario. Aproximadamente 2,2 millones de personas físicas lo usan.

Alemania reformó su ley del IVA eliminando la obligación de declaración anual para pequeños empresarios. Portugal, que también llegó tarde, lo hizo en julio de 2025.

España no tiene anteproyecto de ley. Ni borrador. Ni calendario.

«El Ministerio de Hacienda publicó un proyecto de Orden cuya exposición de motivos declara textualmente que el régimen de franquicia es una opción que el legislador español no ha incorporado. Decisión política explícita, no incompetencia técnica.»

No es incompetencia: es decisión política

La posición del Gobierno no es de demora técnica. Es decisión política explícita. El Ministerio de Hacienda lo dice sin tapujos: el régimen de franquicia es una opción que el legislador español no ha incorporado.

Traducción: no queremos. Hacienda argumenta que la estructura recaudatoria del IVA no admite cambios. Pero la Comisión no acepta el argumento. Porque sin transposición, los autónomos españoles no pueden obtener el número de identificación necesario para acogerse a la franquicia en otros Estados. España bloquea el régimen transfronterizo que es obligatorio.

(Imagen: E&J)

ATA presentó denuncia formal ante Bruselas en diciembre de 2025. La Plataforma 30N convocó movilizaciones con 80.000 participantes. El PP registró una Proposición No de Ley. Respuesta del Gobierno: silencio.

«La Comisión solicita entre 7,5 y 25 millones de suma a tanto alzado más multas coercitivas de hasta 80.000 euros diarios. Precedente: España pagó 15 millones más 89.548 diarios por no transponer la Directiva de protección de datos. Y 90 millones acumulados en aguas residuales.»

El doble castigo perfecto

Y aquí está la paradoja que cierra el círculo. Las multas europeas no las paga el Ministerio de Hacienda. Las pagan todos los contribuyentes españoles. Entre esos contribuyentes están los autónomos a quienes el Estado negó la franquicia.

El mecanismo es implacable. El Estado decide no transponer una norma que beneficiaría a más de un millón de autónomos. La Comisión demanda. El Tribunal impone multas entre 7,5 y 25 millones. Esa cantidad se financia con los impuestos de esos mismos autónomos perjudicados.

Porque el Estado no tiene dinero propio. El dinero del Estado es el dinero de los contribuyentes. Y entre esos contribuyentes están María, la diseñadora de Barcelona que sigue siendo un 21 por ciento más cara que su competidora italiana. El transportista de Sevilla que sigue presentando cuatro modelos 303 al año mientras su homólogo alemán no presenta ninguno. El consultor que factura 45.000 euros y paga 1.200 de gestoría mientras su competidor francés paga cero.

España decide no dar a los autónomos la exención que les corresponde por ley europea. Y luego les hace pagar las multas por no habérsela dado.

El doble castigo perfecto. Con sello oficial. Y factura europea.

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