AI Act y Ómnibus Digital: el gran giro del Parlamento Europeo y lo que de verdad cambia para las empresas en la nueva arquitectura regulatoria europea

La votación del 26 de marzo activó la primera lectura de una reforma acotada, pero relevante, del marco europeo sobre inteligencia artificial. El pleno respaldó un ajuste que ordena plazos, reduce fricciones de cumplimiento, extiende apoyos a pequeñas sociedades de mediana capitalización y añade una prohibición específica frente a los llamados nudificadores. La batalla empieza ahora, porque el texto debe negociarse con el Consejo en esta fase.

Lo que ocurrió realmente en el hemiciclo

El expediente figuró en el orden del día como punto 7.16 y en la relación de votación nominal como apartado 7.30. La secuencia plenaria recoge dos intervenciones previas al voto de los ponentes, Arba Kokalari y Michael McNamara, y la petición posterior de devolución a comisión para abrir negociaciones interinstitucionales. El pleno aprobó ambas cosas.

La propuesta salió adelante por 569 votos a favor, 45 en contra y 23 abstenciones. El apoyo fue transversal. La lista oficial muestra síes mayoritarios en el PPE, en S&D, en Renew y en ECR, además de respaldo parcial en Patriots for Europe y ESN. El rechazo se concentró sobre todo en La Izquierda, en una parte de Verdes/ALE y en varios no inscritos. Ese reparto revela que la Eurocámara no leyó el expediente como un desmantelamiento del AI Act, sino como una corrección de calendario y de técnica regulatoria.

Ese matiz importa más de lo que parece. El Parlamento no cerró el expediente, sino que fijó el suelo político desde el que negociará con los Estados. Esa diferencia institucional separa una votación decisiva de una norma definitiva. Por eso conviene desconfiar de los titulares que han presentado la jornada como la aprobación final de un nuevo régimen jurídico.

Qué cambia de verdad en el calendario

La modificación con mayor efecto práctico afecta a los sistemas de alto riesgo. El reglamento vigente mantiene el 2 de agosto de 2026 como fecha general de aplicación. Sin embargo, el texto adoptado por el Parlamento retrasa determinadas obligaciones del capítulo de alto riesgo. Los sistemas clasificados como alto riesgo conforme al artículo 6.2 y al anexo III pasarían a quedar sujetos a esas obligaciones el 2 de diciembre de 2027. Los sistemas de alto riesgo integrados en productos regulados por la legislación sectorial del anexo I pasarían al 2 de agosto de 2028.

La Cámara asumió así la lógica del aplazamiento, pero corrigió el diseño de la Comisión Europea. Bruselas había propuesto en noviembre de 2025 un retraso condicionado a una futura decisión sobre la disponibilidad de normas armonizadas, especificaciones comunes y otras medidas de apoyo. El Parlamento descartó esa salida abierta y prefirió dos fechas cerradas. La demora en estándares, guías y autoridades competentes amenaza con disparar costes de implementación sin justificar el mantenimiento de la fecha inicial.

El pleno también retocó el régimen transitorio para sistemas ya comercializados que generan contenido sintético. Los proveedores que hubieran colocado esos sistemas en el mercado antes del 2 de agosto de 2026 deberán cumplir la obligación de marcado del artículo 50.2 antes del 2 de noviembre de 2026. Concede un margen adicional para adaptar trazabilidad y etiquetado sin provocar una interrupción abrupta.

(Imagen: Pablo Sáez)

Las simplificaciones pesan más que las rupturas

La filosofía dominante del ómnibus es simplificar, no desregular. La mejor prueba está en el tratamiento de las small mid-caps. El texto aprobado recuerda que el 99,8% de las compañías de la Unión son pymes y añade que las pequeñas empresas de mediana capitalización afrontan cargas muy parecidas cuando salen del perímetro estricto de la pyme. Por eso extiende a esas sociedades varias medidas de apoyo que el AI Act reservaba a operadores más pequeños.

La segunda palanca de simplificación es sectorial. El paquete busca que la aplicación del reglamento dialogue mejor con otros marcos europeos de seguridad y conformidad. Esa lógica se aprecia en la reordenación del anexo I y en la ampliación de la sección B con actos sectoriales adicionales. La idea es sencilla: cuando un producto ya soporta obligaciones intensas bajo otra legislación armonizada de la Unión, el AI Act debe aplicarse evitando duplicidades innecesarias. No hay exención general. Hay un ajuste de proporcionalidad.

El Parlamento corrigió dos piezas importantes de la propuesta inicial de la Comisión. Primero, rechazó que la activación de las obligaciones de alto riesgo quedara suspendida a una futura decisión ejecutiva. Segundo, no aceptó eliminar por completo la obligación de registro en la base de datos europea para los sistemas respecto de los que el proveedor invoque la exclusión del artículo 6.3. La votación separada optó por mantener la inscripción, aunque reduciendo los datos exigibles.

El veto a los nudificadores sí introduce una novedad material

La principal novedad sustantiva del mandato parlamentario es la prohibición específica de los nudificadores. El texto describe esos sistemas como herramientas que alteran, manipulan o generan imágenes o vídeos realistas para representar actividades sexualmente explícitas o partes íntimas de una persona identificable sin su consentimiento. La exposición de motivos vincula esa práctica al daño para la dignidad y la privacidad de las víctimas.

Conviene, sin embargo, leer la letra pequeña. El veto incorpora una excepción para proveedores o desplegadores que hayan implantado medidas de seguridad eficaces, técnicas y organizativas, orientadas a impedir la generación de esas representaciones y a evitar el uso continuado indebido del sistema. El Parlamento ha querido enviar una señal política rotunda sin convertir la categoría en un cajón expansivo.

Por qué el impacto empresarial se está exagerando

La lectura más rigurosa del 26 de marzo no invita al alarmismo. El Parlamento no ha vaciado el reglamento. El Parlamento tampoco ha suspendido su entrada en aplicación. Lo que ha hecho es retrasar partes concretas del régimen de alto riesgo, precisamente las que más dependen de estándares, especificaciones, autoridades y herramientas de cumplimiento todavía incompletas. El marco general sigue en pie. Las prohibiciones del artículo 5 siguen su curso.

Ese enfoque coincide, además, con la justificación institucional del paquete. La Comisión presentó en noviembre de 2025 su agenda de simplificación digital como una operación destinada a reducir fricción regulatoria y a ahorrar hasta 5.000 millones de euros en costes administrativos de aquí a 2029. El Consejo respaldó en marzo de 2026 la introducción de fechas fijas para el retraso y la recuperación de determinadas obligaciones de registro. Incluso BEUC, desde una posición crítica, aceptó la idea de simplificar siempre que esa simplificación no debilite derechos de consumidores y garantías fundamentales.

En términos prácticos, eso significa que la mayoría de empresas europeas no afrontan hoy un vuelco regulatorio, sino un escenario más previsible, con más tiempo para preparar clasificación, documentación técnica, gobernanza interna y evaluación de riesgos.

El trílogo decidirá la letra definitiva

La batalla regulatoria que ahora se abre no versa sobre si el calendario original era demasiado ambicioso. Ese diagnóstico ya lo comparten, con matices, Comisión, Parlamento y Consejo. La batalla versa sobre cuánto alivio administrativo cabe introducir sin erosionar supervisión, trazabilidad y protección material. Para las empresas europeas, esa es la lectura útil. El gran giro del Parlamento no consiste en desmontar el AI Act. El gran giro consiste en reconocer que una buena regulación también necesita fechas verosímiles, coherencia sectorial y operabilidad. Por eso la votación del 26 de marzo importa. Y por eso no decide la última palabra.