La Audiencia Nacional sienta en el banquillo al BBVA y a su expresidente Francisco González por el caso Villarejo
El banco se convierte en la primera gran empresa del Ibex 35 que afrontará un juicio por la presunta contratación de una red de espionaje, en un proceso que pondrá a prueba la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la eficacia de los programas de ‘compliance’
(Imagen: BBVA)
La Audiencia Nacional sienta en el banquillo al BBVA y a su expresidente Francisco González por el caso Villarejo
El banco se convierte en la primera gran empresa del Ibex 35 que afrontará un juicio por la presunta contratación de una red de espionaje, en un proceso que pondrá a prueba la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la eficacia de los programas de ‘compliance’
(Imagen: BBVA)
La Audiencia Nacional ha dado un nuevo paso en una de las causas penales más relevantes de los últimos años al dictar auto de apertura de juicio oral contra BBVA, su expresidente Francisco González y otros 14 acusados por los presuntos encargos realizados al entonces comisario en activo José Manuel Villarejo entre los años 2004 y 2016.
La resolución, dictada por el magistrado Antonio Piña, envía al banquillo a la entidad financiera como persona jurídica, a varios de sus antiguos directivos y al propio Villarejo dentro de la denominada pieza novena del ‘caso Tándem’, en la que se investigan supuestos trabajos de inteligencia y espionaje encargados para obtener información sobre empresarios, políticos y periodistas. Entre los delitos objeto de acusación figuran, principalmente, el cohecho y el descubrimiento y revelación de secretos.
Más allá del impacto mediático del procedimiento, la decisión posee una enorme trascendencia desde la perspectiva del Derecho penal económico. El proceso permitirá analizar hasta qué punto una gran entidad financiera puede responder penalmente por actuaciones presuntamente impulsadas desde su cúpula directiva y cuáles son los límites de la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando los hechos investigados se produjeron antes de la consolidación de los actuales sistemas de cumplimiento normativo.
(Imagen: BBVA)
Suscríbete a nuestra
NEWSLETTER
Precisamente, uno de los aspectos más relevantes del caso será el examen de los mecanismos de prevención de delitos existentes en la entidad durante los años investigados. Mientras otras compañías del Ibex 35 que también fueron investigadas por su relación con Villarejo quedaron finalmente fuera del procedimiento, la Audiencia Nacional ha considerado que existen indicios suficientes para que sea un tribunal quien determine, tras la práctica de la prueba, si concurre responsabilidad penal tanto del banco como de sus antiguos responsables.
La causa se remonta a los contratos suscritos entre BBVA y las sociedades vinculadas al excomisario Villarejo, a través de los cuales, según sostienen las acusaciones, se habrían llevado a cabo investigaciones y labores de obtención de información reservada durante más de una década. La Fiscalía considera que dichos encargos pudieron implicar el acceso ilícito a información protegida y la utilización de la condición de funcionario público que entonces ostentaba Villarejo.
El auto de apertura de juicio oral llega después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desestimara los recursos formulados contra el procesamiento y confirmara que existían indicios suficientes para celebrar el juicio. Asimismo, el magistrado ha fijado una fianza superior a 1,17 millones de euros para asegurar las eventuales responsabilidades civiles derivadas del procedimiento.
(Imagen: BBVA)
Desde una perspectiva jurídica, el procedimiento adquiere una dimensión que trasciende el propio caso Villarejo. La futura sentencia permitirá profundizar en cuestiones esenciales como la responsabilidad penal de las empresas, la eficacia real de los programas de compliance, el control de los órganos de administración sobre los servicios externos de inteligencia y los límites legales de la investigación privada cuando puede afectar a derechos fundamentales como la intimidad, el secreto de las comunicaciones o la protección de datos.
El juicio será, por tanto, uno de los procesos penales económicos más relevantes de los próximos meses y marcará un precedente de especial importancia para el gobierno corporativo, la responsabilidad de los administradores y la aplicación práctica del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas en España.
Prisión para un padre que se quedó con la indemnización concedida a su hijo tras el fallecimiento de la progenitora
Ver la noticia completa →
Nulo el despido de una trabajadora por ir a hacer la compra mientras se encontraba de baja médica por haber sufrido un infarto cerebral
Ver la noticia completa →
