Estar investigado por un juez no te libra de Hacienda: Calama mantiene la inspección fiscal a Zapatero y su familia
El magistrado rechaza paralizar las comprobaciones de la Agencia Tributaria porque la coexistencia de una investigación penal y una inspección administrativa es la regla general; solo una indefensión real y efectiva permitiría detener esta última
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero defendió en el programa 'Mañaneros' su "inocencia absoluta" pero no aclaró el origen de las joyas. (Imagen: RTVE)
Estar investigado por un juez no te libra de Hacienda: Calama mantiene la inspección fiscal a Zapatero y su familia
El magistrado rechaza paralizar las comprobaciones de la Agencia Tributaria porque la coexistencia de una investigación penal y una inspección administrativa es la regla general; solo una indefensión real y efectiva permitiría detener esta última
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero defendió en el programa 'Mañaneros' su "inocencia absoluta" pero no aclaró el origen de las joyas. (Imagen: RTVE)
Estar sometido a una investigación judicial no concede una tregua frente a Hacienda. La existencia de un procedimiento penal tampoco obliga automáticamente a la Agencia Tributaria a guardar silencio, cerrar sus expedientes o esperar a que el juez concluya sus diligencias. La paralización de una inspección fiscal es excepcional. Su continuación constituye la regla general. Y esa regla se aplica a todos, incluido un expresidente del Gobierno.
El magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional e instructor del denominado caso Plus Ultra, ha rechazado suspender las actuaciones de comprobación e investigación abiertas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria respecto de José Luis Rodríguez Zapatero, su esposa, sus hijas, la empresa Whathefav, el empresario Julio M. M. y las sociedades vinculadas a este último.
La resolución sigue el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y rechaza las peticiones formuladas el 29 de junio de 2026 por las delegaciones de la AEAT de Madrid y Valencia. Paradójicamente, era la propia Administración tributaria la que solicitaba al juez que ordenara detener temporalmente sus inspecciones al entender que podían coincidir con los hechos examinados en la causa penal.
(Imagen: Agencia Tributaria)
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El auto tiene una importancia que trasciende ampliamente a sus protagonistas. El núcleo de la cuestión es sencillo de formular, aunque no siempre resulte sencillo resolverlo: ¿puede Hacienda continuar investigando a un contribuyente cuando un juzgado penal examina hechos relacionados con su patrimonio, sus sociedades o sus movimientos económicos?
La respuesta de Calama es contundente: sí, como principio general. La simple coexistencia de dos procedimientos no determina la suspensión de ninguno de ellos. Para paralizar la actuación administrativa no basta con invocar una coincidencia de personas, una posible relación económica o el riesgo abstracto de que ambos expedientes lleguen a rozarse. Es necesario demostrar una verdadera identidad entre los hechos investigados y una indefensión real y efectiva.
Hacienda sostenía que sus actuaciones inspectoras podían guardar relación directa con las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional y que, por ello, concurría una cuestión de prejudicialidad penal. A su juicio, la determinación de las obligaciones tributarias podía depender de los hechos que finalmente fueran acreditados en el procedimiento judicial.
Zapatero y sus hijas también informaron favorablemente a la paralización. Su posición se apoyaba en la supuesta coincidencia parcial de los hechos y en el riesgo de que la continuación de la inspección afectara a sus derechos fundamentales, a la prevalencia de la jurisdicción penal y al principio que impide que una persona sea sancionada dos veces por los mismos hechos, el conocido non bis in idem.
(Imagen: RTVE)
Cierto es que el ordenamiento debe evitar procedimientos duplicados que terminen castigando dos veces una misma conducta. Cierto es también que una inspección tributaria no puede convertirse en una vía indirecta para obligar a un investigado a colaborar activamente en la construcción de una acusación penal contra sí mismo. Pero la realidad jurídica es otra: ninguna de esas garantías determina que toda investigación penal deba arrastrar consigo la paralización automática de las comprobaciones de Hacienda.
La Fiscalía Anticorrupción se opuso “firmemente” a la suspensión por entender que existía una “ausencia absoluta” de correspondencia entre los objetos materiales y subjetivos de ambos procedimientos. Aunque algunas de las personas y sociedades afectadas coincidan, no se investigan necesariamente los mismos hechos ni se persiguen idénticas finalidades.
Una inspección tributaria tiene por objeto comprobar si el contribuyente ha cumplido correctamente sus obligaciones fiscales y, en su caso, determinar la deuda correspondiente. El procedimiento penal examina si existen hechos que puedan constituir delito y si cabe atribuirlos a una persona concreta. Coincidencia no significa identidad. Y sin identidad sustancial entre sujetos, hechos y fundamento jurídico, la invocación del non bis in idem pierde su presupuesto esencial.
El juez recuerda que la evolución de la legislación tributaria ha desplazado el antiguo automatismo favorable a la suspensión. El sistema actual prioriza la continuidad de la actuación administrativa, incluso cuando los conceptos inspeccionados puedan encontrarse vinculados a un eventual delito fiscal. La normativa contiene mecanismos destinados a evitar duplicidades sancionadoras y permite ajustar posteriormente la liquidación tributaria a lo que resulte definitivamente declarado en el proceso penal.
No es concebible que la mera apertura de unas diligencias judiciales se convierta en un escudo general frente a cualquier comprobación fiscal. De aceptarse esa tesis, bastaría con que una operación económica apareciera mencionada en una causa penal para inmovilizar durante años la actividad inspectora. La consecuencia alteraría la balanza de la justicia y otorgaría a quienes están sometidos a investigación una ventaja que no posee el resto de los contribuyentes.
(Imagen: E&J)
Calama aprecia, además, que el procedimiento penal del caso Plus Ultra no tiene actualmente por objeto —con una excepción concreta— la investigación de delitos contra la Hacienda Pública. La investigación judicial y las inspecciones tributarias discurren, por tanto, sobre terrenos distintos, aunque algunas personas físicas y jurídicas aparezcan en ambos expedientes.
La excepción afecta a la pieza separada seguida respecto de José Luis Rodríguez Zapatero y se refiere exclusivamente a la determinación del valor de unas piezas de joyería intervenidas en su oficina. Esos objetos podrían llegar a tener relevancia fiscal, pero tanto su valoración como sus eventuales consecuencias tributarias y penales se encuentran todavía pendientes de concreción.
Para el magistrado, ese dato no justifica suspender unas actuaciones inspectoras de alcance general correspondientes a los ejercicios 2022, 2023 y 2024. La existencia de varias posibilidades jurídicas todavía abiertas impide afirmar que la inspección deba quedar subordinada en su totalidad a la pieza penal relativa a las joyas.
La decisión no supone que Hacienda pueda ignorar cuanto suceda en la investigación judicial. El instructor ordena a la AEAT que, si durante sus comprobaciones encuentra indicios de un posible delito contra la Hacienda Pública, los ponga en conocimiento del juzgado “a los efectos valorativos oportunos”. Las vías administrativa y penal pueden coexistir, pero no deben caminar incomunicadas.
Una de las 103 joyas que la UDEF encontró en la caja fuerte de Zapatero. (Imagen: Policía)
El auto también aborda una de las cuestiones más delicadas de estos procedimientos: el derecho a no declarar contra uno mismo. Calama considera que la entrega a la Agencia Tributaria de documentación preexistente no vulnera el derecho a no autoincriminarse. Aportar contratos, facturas, extractos, libros contables o documentos que ya existían antes de la inspección no equivale a obligar al contribuyente a crear una prueba nueva ni a realizar una confesión.
La distinción es decisiva. El derecho a no autoincriminarse protege frente a la coacción para declarar culpabilidad o colaborar activamente en la elaboración de una acusación penal. No permite ocultar a la Administración documentos que el contribuyente está legalmente obligado a conservar y presentar. Lo contrario convertiría una garantía procesal esencial en una inmunidad tributaria inexistente.
Ahora bien, la continuidad de la inspección tampoco significa que los derechos del contribuyente desaparezcan. Si la actuación administrativa provocara una indefensión verdadera, concreta y demostrable, la suspensión podría llegar a plantearse. Pero no basta una posible incomodidad defensiva, una coincidencia nominal entre expedientes o el riesgo genérico de que una información tributaria resulte relevante para el proceso penal. La indefensión debe ser real y efectiva, nunca hipotética.
(Imagen: RTVE)
La resolución tampoco prejuzga la existencia de fraude fiscal, ni permite afirmar que Zapatero, su esposa, sus hijas, el empresario o las sociedades inspeccionadas hayan cometido infracción tributaria o delito alguno. Las actuaciones de comprobación pretenden precisamente determinar si las obligaciones fiscales fueron cumplidas. Mientras no exista una resolución sancionadora o penal, permanece intacta la presunción de inocencia.
Pero una cosa es preservar esa presunción y otra muy distinta impedir que Hacienda investigue. La presunción de inocencia no excluye la comprobación; exige que cualquier acusación o sanción se funde en pruebas suficientes y obtenidas con respeto a las garantías legales.
El auto de Calama, difundido por el Consejo General del Poder Judicial el 30 de julio de 2026, fija así una enseñanza práctica aplicable a cualquier inspección con derivaciones penales: la investigación judicial no paraliza por sí misma el procedimiento tributario; la coincidencia de personas no acredita la identidad de los hechos; la documentación preexistente debe aportarse y solo una indefensión real puede justificar una medida excepcional de suspensión.
En definitiva, el proceso penal y la inspección tributaria pueden avanzar al mismo tiempo porque no toda coincidencia implica duplicidad y no toda obligación de aportar documentos supone autoincriminación. La prudencia exige evitar que ambas vías produzcan una doble sanción, pero ni el Derecho, ni la igualdad tributaria, ni el más elemental sentido común permiten que estar investigado por un juez se convierta en un privilegio frente a Hacienda.
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