España evalúa 20 años de avances jurídicos en discapacidad

Donostia-San Sebastián es sede, desde ayer jueves y hoy viernes, de un encuentro que revisará dos décadas de transformación jurídica en materia de con desventajas físicas. Bajo el título «Inclusión, derechos y apoyos de las personas con discapacidad», el curso reunirá a fiscales, magistrados, académicos y representantes de entidades sociales. Se analizarán los avances y las tareas pendientes desde que Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

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El evento

La actividad se desarrollará dentro del Programa de Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Está organizada por la Unidad de Personas con Discapacidad y Mayores de la Fiscalía General del Estado y dirigido académicamente por David Mayor Fernández, fiscal de dicha unidad. Cuenta con la colaboración del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa. Además, participan de tres entidades con trayectoria en la defensa de personas con discapacidad intelectual y psicosocial en el territorio: la Fundación Hurkoa, Gertuan Fundazioa y Atzegi. El programa combina ponencias magistrales, mesas redondas y una dinámica participativa centrada en los primeros litigios que reclamaron la aplicación de la Convención para restituir derechos civiles. Entre ellos, el sufragio a personas previamente consideradas incapacitadas.

(Imagen E&J)

Qué es la Convención de Nueva York y por qué importa

Aprobada por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2006 y en vigor desde 2008, la Convención marcó un cambio de paradigma. Dejó atrás el enfoque asistencial o médico de la discapacidad para consagrar la plena inclusión en igualdad, con estándares jurídicos internacionales vinculantes. Para las niñas, adolescentes y mujeres supuso además una herramienta transformativa frente a la discriminación interseccional. Su implementación obligó a los Estados signatarios a reformas profundas.

En España se tradujo, entre otras normas, en la ley 8/2021 sobre apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica y la ley 6/2022 de accesibilidad universal. También en la ley 15/2022 de igualdad de trato y no discriminación, y la reforma del artículo 49 de la Constitución. El curso propone examinar de qué manera esas reformas se traducen, o no, en prácticas concretas en ámbitos como la banca, la protección de datos, la salud mental y la actuación de las administraciones públicas.

Principales disertantes

Entre las figuras centrales del programa destaca María José Segarra Crespo, actual fiscal de Sala de la Unidad de Discapacidad y Mayores de la Fiscalía General del Estado y quien fuera fiscal general entre 2018 y 2020. Su intervención inaugural abordará el papel del Ministerio Fiscal en la implementación de los mandatos de la Convención. También participará Maria Elósegui Ichaso, jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde 2018 y catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Zaragoza. Expondrá sobre discapacidad intelectual y salud mental en la jurisprudencia de ese tribunal. A ellas se suma José Luis Seoane Spiegelberg, magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo. Tratará la consideración de la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad en las medidas de apoyo.
El programa incluye además a Patricia Bárcena García, adjunta segunda del Defensor del Pueblo; Idoia Landa Reza, profesora de Derecho Civil en la UPV/EHU; Ana Rosa Bernal Dafauce, magistrada especializada en familia e infancia; y representantes de Hurkoa, Gertuan y Atzegi, junto a profesionales de la medicina forense, la psiquiatría y el sector bancario.

(Imagen E&J)

Información general

El curso, con código D17-26, se realizará en el Palacio Miramar, Paseo de Miraconcha 48, en Donostia-San Sebastián. Tiene una validez académica de 20 horas, se dicta en español y ofrece modalidad presencial y en línea. Está dirigido al público en general, alumnado universitario, profesorado, profesionales del ámbito social, jueces, fiscales, notarios, abogados, trabajadores sociales y entidades del área.

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