Logró la readmisión o 36.705 euros, pero pidió la nulidad de su despido: ¿por qué importa la diferencia?
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco confirma que el despido de una empleada del Colegio de la Abogacía de Bizkaia es improcedente
(Imagen: E&J)
Logró la readmisión o 36.705 euros, pero pidió la nulidad de su despido: ¿por qué importa la diferencia?
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco confirma que el despido de una empleada del Colegio de la Abogacía de Bizkaia es improcedente
(Imagen: E&J)
Cuando un despido es improcedente, la empresa elige entre readmitir al trabajador o indemnizarlo. Cuando es nulo, no hay elección: el Estatuto de los Trabajadores obliga a readmitirlo y a pagarle los salarios que dejó de cobrar. Una empleada del Colegio de la Abogacía de Bizkaia pedía lo segundo, y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha confirmado lo primero.
En enero de 2025, el gerente del Colegio recibió un WhatsApp sobre una empleada del departamento administrativo. Su autora, compañera de la afectada, decía que estaban intentando poner de su parte y que cambiarla de sitio no era viable porque «no la quieren en ninguna parte». Dos meses después, la afectada recibió su carta de despido.
La trabajadora tenía trece años de antigüedad, desde febrero de 2012, y compartía departamento con dos compañeras. Según los hechos probados, en 2024 ellas se quejaron a la representación de los trabajadores de que llegaba tarde, hacía pausas de café sin justificación y atendía en horario laboral asuntos de su pareja.
El 10 de enero de 2025, una de ellas le escribió al gerente por correo electrónico que la situación se estaba volviendo «insostenible»: la trabajadora apenas les hablaba y comunicaba por escrito y por WhatsApp incluso lo indispensable, como las vacaciones. Cinco días después llegó el mensaje del «no la quieren en ninguna parte».
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La carta de despido
El 21 de marzo de 2025, el Colegio la despidió de forma disciplinaria. La carta sostenía que se ausentaba de manera habitual de su puesto, eludía tareas y realizaba trabajos para su marido, abogado: redactaba escritos en el ordenador del Colegio y hacía gestiones profesionales de él por Internet, con la tarjeta ACA del marido puesta en el lector del equipo. Añadía que varios colegiados comentaban que parecía su secretaria, y calificaba la conducta de transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza, un incumplimiento grave y culpable según el artículo 54.2 d) del Estatuto.
La empleada demandó. La plaza número 9 del Tribunal de Instancia de Bilbao (sección de lo Social), en sentencia del 6 de febrero de 2026, estimó su pretensión subsidiaria y declaró el despido improcedente. El Colegio debía optar, en cinco días, entre readmitirla o indemnizarla con 36.704,85 euros. La nulidad, en cambio, quedó descartada.
Tres hechos que el tribunal no admitió
La trabajadora recurrió y la Sala de lo Social del mismo tribunal desestimó el recurso y así confirmó en su sentencia (disponible en el botón ‘descargar resolución’). Su objetivo era la nulidad, por vulneración de derechos fundamentales.
Para llegar ahí pedía añadir hechos al relato de instancia. El primero, el acoso laboral y la ansiedad que mencionaba un informe médico de marzo de 2025. La Sala responde que esas referencias son de la propia interesada, tal como indica el informe. El segundo, que había solicitado información sobre un permiso por enfermedad de su hija y sobre teletrabajo. La Sala responde que no son derechos de la trabajadora y que no se puede invocar su denegación como vulneración por parte de la empresa. El tercero, su opinión sobre la negociación del convenio colectivo, que el tribunal considera una muestra de su derecho a expresarse, pero nada más.

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Una nulidad sin base
Sobre la nulidad en sí, la sentencia es tajante: carece «por completo de fundamento fáctico». No ve base para hablar de vulneración del derecho a la indemnidad, de la intimidad, de la libertad de expresión ni del secreto de las comunicaciones. Tampoco entra en el argumento de que el despido fue nulo porque lo decidió el gerente y no la Junta de Gobierno: se planteó por primera vez en el recurso y no corresponde resolverlo en esa fase.
Improcedente no significa inventado
La Sala recuerda que la carta tenía carencias, constatadas por el juzgado y que llevaron a declarar la improcedencia. Pero precisa que los hechos imputados no eran ficticios: se referían a conductas por las que sus compañeras más cercanas se habían quejado de forma reiterada, y esas quejas se habían trasladado a la representación del personal.
Esa distinción permite dos lecturas prácticas, que son del caso y no doctrina de la Sala. Para el empleador, una conducta real no garantiza un despido procedente si la carta presenta carencias: el coste sigue siendo la readmisión o la indemnización. Para el trabajador, alegar acoso o represalia exige apoyarlo en hechos probados, y no basta con que un informe recoja lo que la persona cuenta.
No hubo condena en costas del recurso porque la trabajadora tiene reconocido el beneficio de justicia gratuita. La sentencia no es firme: cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, que debe prepararse en diez días hábiles. El texto tampoco aclara si el Colegio eligió readmitirla o pagarle la indemnización.


