Con 120.000 vacantes tecnológicas, el Gobierno y la academia acuerdan prácticas en IA

El Gobierno une fuerzas con la enseñanza superior para el desarrollo de prácticas académicas externas en el área tecnológica. La iniciativa se da en un contexto de déficit crónico de perfiles tecnológicos en la Administración General del Estado y de fuerte inversión pública en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024. La formalización del acuerdo entre la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) y la Universidad de Valladolid (UVa) fue conocida públicamente este lunes a través del Boletín Oficial del Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

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El objeto del convenio, según consta en su cláusula primera, es «la realización de prácticas externas curriculares y extracurriculares (en adelante, prácticas externas) por el alumnado matriculado en la asignatura de prácticas académicas, de estudios oficiales de grado o máster que imparte la Universidad». Agrega la condición clave: «siempre que dichas prácticas guarden relación con las materias y competencias de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial». Con todo, el propósito declarado para con los alumnos es continuar «favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento».

(Imagen: E&J)

Vacantes tecnológicas

Según el informe de la Fundación Cotec publicado en marzo de este año, España ocupa la posición 17 de la Unión Europea en empleo tecnológico. Además, la plataforma de reclutamiento Taleva señaló que, a finales de 2025, el sector en España acumula más de 120.000 vacantes sin cubrir. En ese horizonte, el Consejo de Ministros aprobó en mayo la Oferta de Empleo Público 2026 para la Administración General del Estado, que incluye 27.232 plazas, de las cuales 1.700 corresponden a perfiles tecnológicos del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información, un 42 % más que en la convocatoria anterior. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López Águeda, calificó entonces la digitalización y el uso de la Inteligencia Artificial en la Administración Pública como de gran prioridad.

La Resolución de 14 de agosto de 2026, publicada con la referencia BOE-A-2026-18109, da cuenta del convenio suscrito el pasado 13 de junio. La SEDIA estuvo representada por su titular, María González Veracruz, y la UVa, por su vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, Cristina de la Rosa Cubo. El texto recoge en su exposición de motivos que la SEDIA, de conformidad con el Real Decreto 210/2024, «tiene por función el análisis y prospectiva con las que identificar y determinar los desafíos y tendencias en el ámbito de las tecnologías digitales y la transformación digital en su dimensión más estratégica».

Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial

El acuerdo se enmarca en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024, cuyo Eje 1 contempla «el impulso del talento especializado en Inteligencia Artificial en un contexto en el que existe una gran demanda de profesionales». El Ejecutivo ha anunciado una inversión de 160 millones de euros adicionales en becas, formación de profesionales y de docentes para cubrir la demanda de expertos en IA, ciencia de datos y ciberseguridad. El convenio publicado este lunes en el BOE no incluye pagos para los beneficiarios. Así lo establece taxativamente su cláusula quinta: «El estudiante no tendrá derecho a recibir remuneración alguna, al no tratarse de prácticas retribuidas con una bolsa o ayuda de estudios».

(Imagen: E&J)

Además, el texto precisa una consecuencia jurídica de calado para quienes aspiren a una carrera en la Administración. «En el ámbito de las Administraciones Públicas, Entidades de Derecho Público y demás Organismos Públicos, la realización en los mismos de las prácticas formativas aquí estipuladas no podrá tener la consideración de mérito para el acceso a la función pública ni será computada a efectos de antigüedad o reconocimiento de servicios previos». Es decir, la experiencia adquirida en la SEDIA no puntuará en futuros procesos selectivos ni acumulará derechos.

Remuneración y otras condiciones

Desde la perspectiva laboral y administrativa, el convenio deja claro que «el estudiante no tendrá, durante la realización de estas prácticas, ningún vínculo laboral con la SEDIA ni se integrará dentro de su estructura». La contingencia de accidentes queda cubierta por la Universidad a través de una póliza de seguros, salvo que la Seguridad Social asuma la cobertura. Las obligaciones en materia de Seguridad Social derivadas del convenio corresponderán a la Universidad de Valladolid.

(Imagen: E&J)

El acuerdo contempla tanto prácticas presenciales como en remoto. En este último caso, la cláusula tercera establece que «la SEDIA únicamente pondrá a disposición de los alumnos el acceso a la plataforma de videoconferencia necesario para el seguimiento de dichas actuaciones quedando excluida la obligación de realizar actuaciones». El texto no especifica el número de plazas convocadas, los proyectos concretos a los que se destinarán los estudiantes ni las titulaciones prioritarias. Estos últimos elementos son claves para evaluar el impacto real en la formación del talento especializado que reclama la estrategia gubernamental.

La vigencia del convenio será de cuatro años, prorrogables por otros cuatro mediante adenda. Según la cláusula undécima, el convenio «no conlleva obligaciones financieras o contraprestación económica entre las partes».

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