España se queda de momento sin ley de IA: quién puede multar a tu empresa en 2026 y quién no
Los letrados Moisés Barrio y Samuel Parra exponen sus respectivos criterios sobre esta materia
(Imagen: E&J)
España se queda de momento sin ley de IA: quién puede multar a tu empresa en 2026 y quién no
Los letrados Moisés Barrio y Samuel Parra exponen sus respectivos criterios sobre esta materia
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Artículo de Samuel Parra
El Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial ha quedado caducado tras la disolución de las Cortes Generales acordada el pasado 5 de octubre. En este escenario, España se queda, al menos de momento, sin la norma que pretendía designar las autoridades nacionales de supervisión y el régimen sancionador del Reglamento europeo de Inteligencia Artificial. No obstante, las obligaciones europeas en la materia siguen siendo exigibles; por tanto, cabe preguntarse: ¿Qué autoridades pueden sancionar actualmente sus incumplimientos, especialmente en el caso de la AESIA?
Si bien el Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial se encuentra caducado, esto no afecta a la vigencia del Reglamento (UE) 2024/1689 en materia de inteligencia artificial (RIA).
Las obligaciones europeas siguen vigentes.
En efecto, desde el 2 de febrero de 2025 el artículo 5 del RIA relativo a las prácticas prohibidas es aplicable, junto con las obligaciones de alfabetización. Igualmente, desde el 2 de agosto de 2026 comenzaron a desplegar efectos las obligaciones de transparencia del artículo 50, entre otras obligaciones. En otras palabras, el hecho de que España no disponga de una norma interna que complemente el RIA no puede hacernos pensar que las obligaciones de este Reglamento Europeo no sean aplicables. De hecho, el artículo 99, que regula las sanciones nacionales, es aplicable desde el 2 de agosto de 2025, fecha en que los Estados miembros deben comunicar sus disposiciones sancionadoras a la Comisión. España no ha aprobado ese régimen.
¿Quién puede sancionar actualmente en España?
En primer lugar, debemos poner el foco en la Comisión Europea, a través de la Oficina Europea de Inteligencia Artificial, que supervisa a los proveedores de modelos de Inteligencia Artificial de uso general; y puede imponer multas de hasta 15 millones o el 3 % del volumen de negocios mundial anual, la cifra que sea mayor.
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Por otro lado, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) así como, en su ámbito, las autoridades de control autonómicas, también podrán desplegar sus potestades sancionadoras cuando la utilización de la IA implique infracciones del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
Por tanto, una empresa que utilice inteligencia artificial para tratar datos personales sin una base de legitimación, o incumpla sus obligaciones en materia de información, o incluso adopte decisiones automatizadas contrarias al artículo 22 del RGPD, podrá ser sancionada por la AEPD.
Pero debemos diferenciar entre sancionar una infracción del RIA y sancionar una conducta ilícita cometida utilizando inteligencia artificial. No es lo mismo.

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La AESIA y su potestad sancionadora.
La AESIA existe desde el año 2023. Su creación fue autorizada por la Ley 28/2022 y su Estatuto, aprobado por el Real Decreto 729/2023, le atribuye funciones de inspección, comprobación y sanción (artículo 4.1) y la supervisión y, en su caso, sanción de los sistemas de IA (artículo 10.1.k).
Sin embargo, su propio Estatuto remite a “la normativa reguladora de las infracciones y sanciones en el ámbito de la inteligencia artificial” en lo que se refiere a la emisión de resoluciones sancionadoras (artículo 27.2. c.6º). Es decir, hace referencia a un régimen sancionador que el propio Estatuto no contiene; como por otra parte no podría ser de otra manera, ya que la potestad sancionadora debe estar reconocida en una norma con rango de ley, y el Estatuto es de naturaleza reglamentaria.
Pero es que la Ley 28/2022 tampoco resuelve este problema, porque reconoce a la AESIA la potestad sancionadora que se le atribuya en aplicación de la norma nacional y europea correspondiente, pero hoy, a mi juicio, ninguna disposición vigente ha completado suficientemente la atribución a la AESIA de la competencia sancionadora. El RIA no designa autoridades nacionales y la ley española que debía hacerlo ha caducado. La remisión queda por tanto vacía: la AESIA tiene en abstracto reconocida una potestad sancionadora pero condicionada a una norma inexistente actualmente. De hecho, en el listado oficial de autoridades actualizado el 7 de septiembre de 2026, la Comisión Europea identifica a la AESIA como punto de contacto español, pero señala que su designación nacional sigue pendiente de adopción definitiva.
El artículo 99.1 del RIA indica que los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones y ese mismo artículo fija importes máximos de multas (hasta 35 millones de euros o hasta el 7% de su volumen de negocios mundial por prácticas prohibidas, o hasta 15 millones de euros o hasta el 3% por otros incumplimientos).
Pero la fijación de una cuantía máxima no basta, en mi opinión, por sí sola.

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¿Puede sancionarse sin ley española de desarrollo?
El artículo 25.1 de la Constitución reconoce el principio de legalidad sancionadora.
El Tribunal Constitucional, desde su sentencia 42/1987 exige que una norma con rango de ley habilite la potestad sancionadora y contenga una regulación mínima de los tipos y de las sanciones, incluidos sus límites máximos. A ello hay que sumar la exigencia de la certeza en la definición de las infracciones, que este mismo Tribunal aplicó, por ejemplo, en su sentencia 13/2021 respecto del régimen sancionador de la Ley de Seguridad Ciudadana.
La aplicación de estas garantías al RIA exige, no obstante, una precisión: estamos ante una norma europea de aplicación directa, que ya tipifica determinadas conductas infractoras y fija límites máximos de las multas. No sería, por tanto y en mi opinión, exigible una norma nacional que reprodujera esos mismos tipos. Pero como ya se indicó, el artículo 99.1 remite a los Estados miembros la fijación del régimen sancionador y el RIA no indica qué autoridad española debe imponer cada multa.
Por tanto, considero que, en la actualidad, la AESIA no puede imponer válidamente multas por infracción del RIA ni siquiera por prácticas prohibidas, que es el escenario más favorable a su potestad sancionadora.
El obstáculo, como ya se advierte, no es de tipicidad sino de atribución de potestad sancionadora. A diferencia de lo que sucede por ejemplo en el ámbito del RGPD, donde su artículo 58.2.i) atribuye directamente a las autoridades de control la facultad para imponer multas, el artículo 99 del RIA no confiere esa potestad a ninguna autoridad. Tampoco lo hace la Ley 28/2022 mientras ninguna norma con rango de ley designe a la AESIA (su Estatuto, como ya se indicó, no puede hacerlo).
Además, hay obstáculos prácticos. El RIA no clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves de modo que el régimen supletorio de la institución de la prescripción del artículo 30 de la Ley 40/2015 no puede aplicarse con seguridad. Esta clasificación sí la hacía el Proyecto ahora caducado.
Por tanto, y por poner un ejemplo para que este complejo escenario jurídico se pueda entender, si un chatbot oculta su naturaleza artificial, podría incumplir hoy el artículo 50 del RIA, pero ninguna autoridad española puede multar por ello con base en el propio RIA. Distinto sería el caso de que el chatbot lo hubiera desarrollado el mismo proveedor del modelo de IA de uso general en el que se basa, o una empresa de su grupo. En ese supuesto, el artículo 75 del RIA atribuye la competencia en exclusiva a la Oficina Europea de IA, y la Comisión sí podría imponer una multa. En cualquier caso, la misma conducta sí podrá dar lugar a una sanción si vulnera otra norma, por ejemplo, el RGPD.
Todo lo anterior no debe entenderse por ninguna empresa española como una especie de moratoria general de cumplimiento. Las empresas deben identificar los sistemas de IA que utilicen, determinar su clasificación jurídica y cumplir con el resto de exigencias del RIA.
Recordemos igualmente que esta situación de incertidumbre es parcial. La Comisión ya puede multar en su ámbito, la AEPD y otras autoridades de sectoriales también.
En definitiva, la caducidad del proyecto tiene como principal efecto dejar a España sin una autoridad capaz de sancionar el incumplimiento de buena parte de las obligaciones del RIA.

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Artículo de Moisés Barrio
El Reglamento europeo de inteligencia artificial (RIA o AI Act) establece un régimen sancionador mixto.
A nivel nacional, los Estados miembros deben establecer un régimen de sanciones y otras medidas de garantía del cumplimiento (multas administrativas, advertencias, medidas no pecuniarias) para las infracciones cometidas por los operadores, asegurando que sean efectivas, proporcionadas y disuasorias, y teniendo en cuenta las directrices de la Comisión Europea.
A nivel de la Unión Europea, la Oficina de IA tiene las competencias sancionadoras específicas respecto de los proveedores de modelos de IA de uso general y determinados sistemas de IA basados en modelos de uso general y sistemas integrados en plataformas en línea de muy gran tamaño o motores de búsqueda de muy gran tamaño. Y el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) ostenta las competencias sancionadoras respecto a las instituciones, órganos y organismos de la Unión que infrinjan el Reglamento.
Por lo demás, el régimen sancionador se integra en un sistema más amplio de vigilancia del mercado.
Los sistemas de IA vinculados a producto (art. 6.1 y anexo I) están sometidos a los procedimientos de vigilancia del mercado y medidas correctoras. Las autoridades de vigilancia del mercado: i) evalúan el sistema controvertido; ii) adoptan medidas correctoras (adaptación, retirada, recuperación) en plazo máximo de 15 días hábiles; e iii) informan a los organismos notificados y a la Comisión cuando el incumplimiento no se limita a su territorio.
Si el operador incumple, la autoridad adoptará medidas provisionales para prohibir o restringir la comercialización o puesta en servicio, retirar o recuperar el sistema, notificando a la Comisión y a otros Estados miembros.
Estas medidas pueden coexistir con las sanciones económicas, y su adopción será relevante en la graduación de las multas.

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Este diseño responde al principio de atribución y proporcionalidad del art. 5 TUE, que reserva a la Unión Europea la fijación de umbrales máximos armonizados y deja a los Estados miembros la concreción procedimental y la aplicación ordinaria frente a operadores establecidos en su territorio.
Por tanto, los Estados miembros tienen que aprobar una ley que tipifique las infracciones conforme a las categorías del art. 99 RIA, establezca el procedimiento sancionador, órganos competentes internos, recursos y ejecución, determinar el régimen sancionador aplicable a autoridades y organismos públicos (art. 99.8) y designar las autoridades nacionales competentes (en España, la principal es la AESIA y otras sectoriales) con funciones de vigilancia del mercado, investigación y sanción.
Tal era precisamente el objeto principal de la prevista Ley orgánica para el buen uso y la gobernanza de la IA, cuya tramitación ha decaído tras la convocatoria de elecciones generales. Por tanto, y mientras no se promulgue una ley en nuestro Derecho, en España no será posible imponer las sanciones por incumplimiento de las obligaciones del RIA.
¿Significa que los incumplimientos queden impunes? Rotundamente no.
Además de que la Oficina de IA se encarga de la supervisión y eventual sanción de los sistemas de IA más relevantes, la mayor parte de sistemas de IA utilizan datos personales, por lo que son aplicables las sanciones del RGPD y de la LOPDGDD. En cuanto a las ayudas y subvenciones ligadas a la IA, las Órdenes de bases reguladoras aprobadas (p.ej. Orden ETD/668/2021, Orden TDF/1213/2025) remiten al régimen sancionador de la Ley General de Subvenciones para infracciones en proyectos de IA financiados con fondos públicos.

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Por otra parte, el vigente Estatuto de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), aprobado por el Real Decreto 729/2023, de 22 de agosto, establece en su artículo 10 dos competencias muy relevantes para nuestra AESIA.
De una parte, la creación de un marco de certificación voluntario para entidades privadas, que permita ofrecer garantías sobre el diseño responsable de soluciones digitales y garantizar los estándares técnicos, evitando la sobrerregulación y permitiendo la innovación. De ahí que esta certificación sea un instrumento muy relevante para acreditar el compliance del RIA.
De otra, la supervisión de los sistemas de inteligencia artificial “para garantizar el cumplimiento de la normativa, tanto nacional como europea, sobre la inteligencia artificial que lleve aparejada el uso de esta tecnología, cuya competencia sea asumida por la Agencia. Más concretamente, le corresponderá la supervisión y, en su caso, sanción de acuerdo con lo estipulado en la normativa europea en lo que respecta a la supervisión de sistemas de Inteligencia Artificial”.
El RIA, además de sanciones, incluye la posibilidad de adoptar medidas cautelares en el marco de vigilancia del mercado que antes hemos señalado, para lo cual nuestra AESIA estaría ya habilitada.
Por lo demás, en mi experiencia como experto del sandbox español de IA y como consultor he comprobado el fuerte compromiso que tienen nuestras empresas, startups y administraciones públicas más innovadoras de cumplir con las reglas del RIA, por lo que podemos tener una gran confianza en la industria española de IA.


