Crisis en Ceuta: el Gobierno anuncia reformas migratorias y activa la declaración de seguridad nacional

El Consejo de Ministros declaró en Ceuta la situación de interés para la seguridad nacional ante la crisis migratoria que afronta la ciudad autónoma. Se aprobaron dos anteproyectos de ley: una nueva ley de asilo y una reforma parcial de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. El objetivo es adaptar el ordenamiento jurídico español al Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. La declaración supone la creación de un «mando único» que concentrará la coordinación de todas las administraciones implicadas. Las reformas legislativas introducen un procedimiento de frontera de hasta doce semanas y la figura del triaje con un plazo de 72 horas, prorrogables únicamente por decisión judicial.

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La iniciativa se enmarca en la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, que regula este tipo de acciones. El Gobierno formula un marco jurídico excepcional que no debe confundirse con el estado de alarma ni con el estado de excepción. Su efecto principal es la creación de una autoridad funcional, el denominado «mando único», encabezada por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Para ello, contará con la asistencia de un comité especializado en el que estarán representadas la ciudad autónoma de Ceuta a través de su presidente, Juan Jesús Vivas, la Delegación del Gobierno en Ceuta, el Centro Nacional de Inteligencia, todos los ministerios implicados y el Departamento de Seguridad Nacional.

(Imagen: E&J)

Coordinación estatal

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, dijo que esta es «una medida que permite que las capacidades del Estado y de todas las administraciones trabajen de manera coordinada y eficaz». Desde una perspectiva competencial, la concentración funcional que supone este órgano plantea la cuestión de si implica una suspensión temporal de la distribución ordinaria de competencias entre el Estado y la ciudad autónoma, un extremo que Torres deberá aclarar en su comparecencia prevista para el próximo jueves ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso de los Diputados.

El núcleo normativo de la respuesta del Ejecutivo ante la crisis migratoria en Ceuta reside en los dos anteproyectos de ley elaborados. Estos buscan cumplir con el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea en 2024. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha justificado la necesidad de una ley de asilo «de nuevo cuño» para integrar de forma unitaria los preceptos dispersos en distintos reglamentos comunitarios. Indicó que se intenta dotar de mayor claridad y seguridad jurídica una materia hasta ahora fragmentada. Según ha explicado el titular de Interior, «se han elaborado dos anteproyectos de ley con un enfoque garantista, de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes que, a su vez, se conjuga con la necesaria gestión de las fronteras para garantizar la seguridad del país».

(Imagen: E&J)

Entre las novedades más relevantes de la futura ley de asilo figura la actualización y precisión de las definiciones de protección internacional, estatuto del refugiado y protección subsidiaria. Además, plantea la incorporación expresa de causales de persecución relacionadas con el género, la identidad o expresión de género y la discapacidad. Estas realidades ya eran relevantes en la práctica, pero ahora quedarán explícitamente tipificadas.

Nuevos procedimientos fronterizos

La norma distingue entre un procedimiento ordinario de examen y un procedimiento de examen acelerado que deberá resolverse en tres meses. No obstante, el aspecto que mayor tensión jurídica puede generar es la creación de un nuevo protocolo fronterizo. Como ha precisado Grande-Marlaska, la norma «fija un nuevo procedimiento de frontera de aplicación obligatoria en determinados supuestos, con un plazo máximo de resolución de doce semanas, durante las cuales el solicitante de protección internacional deberá permanecer a disposición de las autoridades españolas». Esta medida fue calificada por el ministro como una cautela que se aplica antes de autorizar la entrada formal en el país. Sin embargo, plantea interrogantes sobre su compatibilidad con el principio de no devolución (non-refoulement) del artículo 33 de la Convención de Ginebra de 1951 y con el derecho de acceso efectivo al procedimiento de asilo.

Grande-Marlaska subrayó que «nuestro objetivo no es otro que contar con un sistema de protección más ágil, eficaz, ordenado y garantista, que responda mejor a la nueva realidad del fenómeno migratorio sin reducir en modo alguno las garantías de las personas solicitantes y beneficiarias». Agregó que, en ese sentido, «se presta especial atención a las personas vulnerables, a los menores y por supuesto al mantenimiento de la unidad familiar». La nota de prensa oficial de La Moncloa precisa que los solicitantes cuya petición sea rechazada recibirán una notificación conjunta con la denegación de entrada y la obligación de abandonar el país, lo que facilitaría su retorno.

(Imagen: E&J)

Introducción de la figura del triaje

En lo que respecta a la reforma parcial de la Ley Orgánica 4/2000, el Ejecutivo opta por una modificación puntual, no integral, en aquellas materias que afectan a derechos fundamentales. Esto obligará a tramitar su ajuste con los requisitos propios de una ley orgánica. La principal novedad es la incorporación de la figura del triaje, entendido como el proceso de recogida de información de las personas extranjeras que cruzan las fronteras exteriores de la Unión sin haber sido sometidas a controles fronterizos. Este control incluye reconocimiento médico, examen de vulnerabilidad, identificación, toma de datos biométricos, inspección de seguridad y derivación al procedimiento adecuado.

Sobre el plazo de esta medida, Grande-Marlaska aclaró que «aunque el reglamento europeo permite que el procedimiento de triaje dure hasta siete días, en España seguirá siendo de 72 horas, prorrogables solo por decisión judicial. El objetivo es limitar al mínimo imprescindible el tiempo que la persona extranjera permanezca en las instalaciones policiales». Así, desde el punto de vista de las garantías procesales, la reducción del plazo respecto al máximo comunitario es un dato a favor del Ejecutivo, aunque queda implícita la cuestión de si esa permanencia en instalaciones policiales constituye una privación de libertad a efectos del artículo 17.1 de la Constitución Española. La reforma incorpora asimismo los preceptos del Pacto Europeo relativos al procedimiento fronterizo de retorno. Es decir, impide la entrada en territorio nacional de quienes llegan de manera irregular y carecen de derecho a protección internacional, con un plazo máximo de doce semanas para su resolución.

Ceuta después de la ola

El despliegue normativo responde a una situación de hecho que ha rebasado la capacidad ordinaria de gestión. Los días 30 y 31 de julio entraron en Ceuta más de 70.000 personas. En una primera fase, el Ejecutivo logró que más del 90% de ellas regresaran a Marruecos, pero la persistencia de la crisis ha obligado a activar una segunda fase de respuesta. El Gobierno ha aprobado una partida de 25 millones de euros para la atención de menores no acompañados, cuya repatriación queda sujeta al respeto del denominado «derecho superior del menor». Lo que exige el cumplimiento de una serie de condiciones antes de materializar cualquier devolución.

(Imagen: E&J)

Además, se han reforzado los efectivos de los ministerios de Interior, Justicia, Defensa, Exteriores y Política Territorial y se ha activado un plan de contingencia para proteger a las mujeres de la violencia sexual. Paralelamente, se ha iniciado una respuesta sanitaria asistencial y de vacunación y se ha previsto preparar el inicio del curso escolar en la ciudad autónoma. El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, se encuentra en Ceuta para reunirse con agentes sociales y económicos. Previamente abordó con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, la ampliación del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta. El ministro Ángel Víctor Torres, por su parte, mantendrá agenda en la ciudad durante los próximos días.

Tramitación en curso

Ambos anteproyectos serán ahora trasladados al conjunto de ministerios, instituciones y organismos competentes para que formulen sus observaciones antes de que el Consejo de Ministros los eleve a proyectos de ley y los remita a las Cortes Generales. Dado que la reforma de la Ley Orgánica de Extranjería incide en derechos fundamentales, su tramitación parlamentaria deberá superar no solo los trámites ordinarios, sino también el eventual escrutinio de inconstitucionalidad y la verificación de su conformidad con el Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

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