Dueño de papel, pero sin efectivo, gana el ingreso mínimo vital que le negó la Seguridad Social
El TSJ de Cantabria le reconoce la ayuda desde julio de 2024 tras acreditar que sus 15.700 acciones del Sabadell estaban embargadas
(Imagen: E&J)
Dueño de papel, pero sin efectivo, gana el ingreso mínimo vital que le negó la Seguridad Social
El TSJ de Cantabria le reconoce la ayuda desde julio de 2024 tras acreditar que sus 15.700 acciones del Sabadell estaban embargadas
(Imagen: E&J)
Casi 19.000 euros en acciones que no podía vender. Con ese patrimonio sobre el papel, la Seguridad Social le negó el ingreso mínimo vital a un hombre que no podía gastar ni una de ellas. Más de dos años después, un tribunal ha concluido que, en este caso, no puede contarse como patrimonio lo que su dueño no tiene a su disposición.
Eran 15.700 acciones del Banco Sabadell, retenidas por un embargo judicial desde 2018. En los datos de la Agencia Tributaria de 2023 figuraban como patrimonio por 18.965,03 euros. Sumadas al resto de sus bienes, bastaron para que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le negara el ingreso mínimo vital (IMV) por no estar en situación de vulnerabilidad. Casi 29 meses después de pedir la ayuda, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria le ha dado la razón.
La Sala de lo Social, en su sentencia (disponible en el botón ‘descargar resolución’), con Mercedes Sancha Saiz como ponente, revoca la resolución del tribunal de instancia de Santander y reconoce el IMV con efectos desde el 1 de julio de 2024. La sentencia no es firme: cabe recurso de casación para la unificación de doctrina.
Una denegación en dos frentes
El hombre solicitó la prestación el 12 de junio de 2024 como beneficiario individual. El INSS la denegó una semana después, el 19 de junio, porque superaba los límites de rentas y de patrimonio. Con datos de 2023, se le computaban 32.529,09 euros de patrimonio frente a un tope de 21.751,80: 18.965,03 euros en valores cotizados, 13.128,20 euros en inmuebles que no son vivienda habitual y 435,86 euros en cuentas bancarias. La Ley 19/2021 fija ese tope en tres veces la renta garantizada para una persona sola.
Suscríbete a nuestra
NEWSLETTER

(Imagen: E&J)
Sin las acciones, la suma de inmuebles y cuentas queda en 13.564,06 euros, muy por debajo del límite.
En rentas, el INSS le computaba 7.996,07 euros, por encima del límite anual de 7.250,60. Pero la Agencia Tributaria rectificó esa cifra a la baja, hasta 6.586,55 euros, y el solicitante dejó de superar ese umbral. Quedaba el patrimonio.
Dos años de reclamaciones
Presentó reclamación previa el 30 de julio de 2024 y el INSS la desestimó el 12 de mayo de 2025. El juzgado rechazó su demanda el 23 de abril de 2026: entendió que sus ingresos, rentas y patrimonio computable superaban el límite. Recurrió en suplicación.
Su argumento era que no se puede equiparar titularidad formal con capacidad económica efectiva. Las acciones estaban embargadas desde el 18 de julio de 2018 por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Santander. Ese dato no constaba en la información que la Agencia Tributaria facilita al INSS, y el solicitante lo acreditó con un certificado del banco. El 13 de octubre de 2025, además, el juzgado del embargo acordó pedir al banco que vendiera esas acciones.
Lo que decide la Sala
La Sala rechazó modificar los hechos probados, porque el número de acciones, la fecha del embargo y su valor ya figuraban en el relato. Pero estimó el recurso en el fondo. La ley manda atender al patrimonio neto, recuerda el tribunal, y la sentencia de instancia partió del valor de cotización sin considerar el embargo.

(Imagen: E&J)
No se trata de estimar rentas, explica la Sala, sino de valorar la capacidad de vender un patrimonio. Y no puede computarse el valor de unas acciones que no están a disposición de su titular. Sin ellas, concluye, el solicitante cumplía el requisito de vulnerabilidad económica.
Un alcance que conviene medir
La ley manda tomar como referencia los datos de la Agencia Tributaria del ejercicio anterior y valorar las cuentas y los activos financieros por su valor a 31 de diciembre. La distancia entre ser titular de iure y poder disponer de facto es lo que el caso deja a la vista.
Es una sentencia de un solo tribunal superior, no doctrina del Tribunal Supremo, y se refiere a un supuesto concreto: acciones embargadas judicialmente en el momento de la solicitud. La resolución no explica qué deuda motivó el embargo ni qué ocurrió después con la orden de venta de octubre de 2025.


