El TSJ del País Vasco tumba el decreto de normalización del euskera por falta de un presupuesto real
La norma que afectaba a más de 40.000 empleados se cae por no calcular con rigurosidad cuánto iba a costar realmente
(Imagen: E&J)
El TSJ del País Vasco tumba el decreto de normalización del euskera por falta de un presupuesto real
La norma que afectaba a más de 40.000 empleados se cae por no calcular con rigurosidad cuánto iba a costar realmente
(Imagen: E&J)
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dictado la anulación íntegra del Decreto 19/2024, de 22 de febrero, que regulaba los criterios de normalización del uso del euskera en el sector público institucional vasco. La resolución judicial (disponible en el botón ‘descargar resolución’) concluye que la disposición reglamentaria adolece de un vicio invalidante insubsanable al carecer de una memoria económica rigurosa que cuantifique de forma objetiva y fundada los costes reales que la extensión del régimen lingüístico comportará a las diversas administraciones y organismos dependientes.
El pronunciamiento adquiere una especial relevancia jurídica porque refuerza la doctrina del Tribunal Supremo sobre los límites de la potestad reglamentaria y la exigencia sustancial del estudio económico en la elaboración de disposiciones generales. Frente a justificaciones meramente formales o remisiones genéricas a normativas previas, el tribunal subraya que la falta de previsión presupuestaria vulnera los principios de estabilidad presupuestaria, buena regulación y eficiencia en la gestión del gasto público, impidiendo conocer la verdadera viabilidad financiera de las medidas impuestas.
(Foto: E&J)
Deficiencias en la memoria y advertencias del control financiero
El núcleo de la argumentación que conduce a la declaración de nulidad radica en el análisis del preceptivo informe emitido por la Oficina de Control Económico autonómica. Dicho dictamen técnico, dotado de presunción de acierto e independencia funcional, puso de relieve que el proyecto normativo extendía la exigencia de perfiles lingüísticos y planes de euskaldunización a entidades como sociedades públicas, fundaciones, entes de derecho privado y consorcios sin haber calculado el coste de su implantación. La administración promotora se limitó a cuantificar el volumen potencial de empleados afectados —que alcanzaba hasta las 40.522 personas si se incluía el personal temporal de empresas públicas— sin precisar partidas concretas para formación, traducción, adaptación informática o modificaciones de plantillas.
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La Sala resalta que la memoria sucinta incorporada al expediente incurrió en notorias contradicciones internas, ya que la orden de inicio sostenía que la reforma no generaría impacto adicional, mientras que los informes sectoriales advertían de la necesidad ineludible de nuevos recursos económicos. Asimismo, el proyecto proyectaba duplicidades orgánicas y de registros administrativos sin justificar los créditos presupuestarios necesarios para su operatividad. La ausencia de un examen singularizado sobre el impacto financiero en las haciendas autonómica, forales y locales privó al reglamento de su soporte habilitante fundamental.
Desestimación de la impugnación constitucional genérica
Con carácter previo al análisis procedimental, la sentencia desestima las pretensiones de la formación política demandante relativas a una presunta infracción genérica de los principios constitucionales de igualdad y cooficialidad lingüística. La parte recurrente sostenía que el decreto relegaba por completo el uso del castellano en el funcionamiento interno y externo de la Administración, así como en los ámbitos de contratación y subvenciones públicas.
El tribunal califica estas alegaciones iniciales de difusas e imprecisas, recordando que los justiciables tienen la carga procesal de individualizar los vicios concretos e identificar los preceptos reglamentarios específicos que vulneran el ordenamiento. Al no haberse articulado una crítica detallada de cada artículo en este bloque material, la Sala rechaza configurar el recurso en sustitución de la parte y circunscribe la invalidación del texto reglamentario a las deficiencias esenciales observadas en la fase de elaboración económica.
Trámites sectoriales y alcance del fallo anulatorio
La resolución judicial examina igualmente otros trámites del procedimiento, aclarando que resultaba de aplicación la Ley autonómica 8/2003 de elaboración de disposiciones de carácter general por la fecha de incoación del expediente. Respecto al dictamen de la Comisión de Gobiernos Locales de Euskadi, el tribunal aprecia que, si bien se emitió fuera de plazo, su sentido favorable permite aplicar el principio de conservación de actos al haberse satisfecho materialmente la finalidad consultiva.
Sin embargo, la falta de una cobertura presupuestaria debidamente justificada determina la estimación del recurso contencioso-administrativo y la consecuente nulidad de pleno derecho de la disposición reglamentaria impugnada. La Sala resuelve no imponer condena en costas procesales atendiendo a la complejidad jurídica del asunto y deja expedita la vía del recurso de casación para las partes legitimadas.
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