Ante los graves incidentes en Sol y la falta de intervención de la Policía Nacional, Ayuso y Almeida deben iniciar el proceso para que Madrid tenga policía autonómica
Los madrileños no pueden tener menos capacidad de decisión sobre su seguridad que catalanes y vascos
(Imagen: RTVE)
Ante los graves incidentes en Sol y la falta de intervención de la Policía Nacional, Ayuso y Almeida deben iniciar el proceso para que Madrid tenga policía autonómica
Los madrileños no pueden tener menos capacidad de decisión sobre su seguridad que catalanes y vascos
(Imagen: RTVE)
No se cuestiona la preparación ni la profesionalidad de la Policía Nacional, que merece el máximo reconocimiento. El problema no son sus agentes, sino quién imparte las órdenes. En Madrid, las decisiones sobre orden público dependen del Gobierno central a través de la Delegación del Gobierno. Una policía autonómica permitiría que el gobierno elegido por los madrileños asumiera, dentro de la ley, la capacidad de actuar y la responsabilidad de hacerlo o no hacerlo.
Los acontecimientos de la Puerta del Sol han revelado una anomalía institucional que Madrid no puede seguir ignorando. Una acampada surgida tras las protestas por el desahucio de Maricarmen Abascal lleva días ocupando uno de los espacios públicos más importantes de España. Se ha dificultado el tránsito de los ciudadanos, se han denunciado incidentes con equipos periodísticos y se han proyectado sobre la fachada de la Real Casa de Correos imágenes y mensajes insultantes contra Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida.
El derecho a manifestarse debe respetarse. También cuando la protesta se dirige contra gobernantes elegidos por mayoría absoluta. La democracia protege a las minorías y no permite resolver los derechos fundamentales mediante una simple comparación de votos.
Pero manifestarse no significa apropiarse indefinidamente de una plaza, impedir su utilización normal o considerar que cualquier conducta queda amparada por el derecho de reunión. La protesta tiene límites y esos límites los marca la ley.
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(Imagen: María Navarro/ RTVE)
La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento consideran ilegal la ocupación y han solicitado que se recupere la normalidad. Sin embargo, ni la presidenta, ni el alcalde pueden ordenar la intervención de la Policía Nacional. La decisión corresponde a las autoridades estatales. Ante la falta de actuación, la Comunidad ha tenido que acudir a los tribunales para pedir la disolución de la acampada.
Aquí aparece el núcleo de la cuestión. Isabel Díaz Ayuso gobierna con mayoría absoluta después de haber recibido cerca de 1,6 millones de votos. Almeida también dispone de mayoría absoluta en el Ayuntamiento. Sin embargo, cuando ambos consideran necesario restablecer la legalidad en la plaza más representativa de Madrid, dependen de un Gobierno central de signo político diferente.
No se trata de afirmar que la mayoría permita desalojar arbitrariamente a quienes protestan. Ningún presidente autonómico puede utilizar a la policía contra sus adversarios. Cualquier intervención debe respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Se trata de algo distinto: que quien ha recibido la confianza de los madrileños pueda ejercer las competencias necesarias para gobernar y responda políticamente por sus decisiones.
Cataluña y el País Vasco cuentan con cuerpos policiales propios. Sus gobiernos autonómicos disponen de capacidad operativa en materia de seguridad ciudadana, manifestaciones y grandes concentraciones. La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad atribuye precisamente a las policías autonómicas la vigilancia de espacios públicos, la protección de manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas.
Cuando afirmamos que los madrileños no deben tener menos privilegios que catalanes y vascos, no estamos sosteniendo que sus policías sean mejores que la Policía Nacional. Probablemente no lo sean. Hablamos de un privilegio político e institucional: la capacidad de que las decisiones sobre la seguridad en sus calles sean adoptadas por el gobierno autonómico elegido directamente por esos ciudadanos.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. (Imagen: CAM)
Madrid gestiona la sanidad, la educación y los transportes de cerca de siete millones de personas. No resulta comprensible que carezca de una policía propia y continúe dependiendo del Gobierno central para afrontar una situación que se desarrolla ante la misma puerta de su sede institucional.
El Estatuto de Autonomía madrileño solo atribuye actualmente a la Comunidad la protección de sus edificios y la coordinación de las policías locales. Crear un cuerpo autonómico exigiría reformar el Estatuto, aprobar una ley orgánica y desarrollar posteriormente su estructura y sus funciones.
Es un proceso complejo y prolongado. Precisamente por eso debe comenzar ahora.
Ayuso y Almeida deberían impulsar conjuntamente este debate y solicitar formalmente las reformas necesarias. No para crear una policía contra quienes se manifiestan, sino para que Madrid disponga de los mismos instrumentos de autogobierno que otras comunidades.
La Puerta del Sol ha dejado una imagen difícil de aceptar: los gobernantes madrileños pueden denunciar lo que sucede, pedir una intervención y acudir a los tribunales, pero no pueden asumir directamente la responsabilidad de restablecer la normalidad.
Madrid no necesita más declaraciones. Necesita competencias. Y ha llegado el momento de reclamarlas.
