El adelanto electoral amenaza la aprobación del reglamento de la pasarela al RETA
El plazo de tres meses establecido por Ley 2/2026 para aprobar el reglamento expira este mes
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Imagen: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)
El adelanto electoral amenaza la aprobación del reglamento de la pasarela al RETA
El plazo de tres meses establecido por Ley 2/2026 para aprobar el reglamento expira este mes
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Imagen: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)
El plazo de tres meses establecido por Ley 2/2026, de 29 de julio, de modificación de la Ley General de la Seguridad Social en relación con las mutualidades alternativas, para aprobar el reglamento de la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) expira este mismo mes de octubre de 2026, una fecha límite que ahora se encuentra bajo la amenaza de quedar paraliza —institucionalmente— debido al adelanto de las elecciones generales, fijadas para el próximo 29 de noviembre.
La normativa, que entró en vigor el pasado 1 de agosto, dispone que el Gobierno debe regular antes de que termine este mes de octubre los términos, condiciones y la fórmula de conversión de los derechos económicos acumulados en las mutualidades alternativas a períodos cotizados en el sistema público. Sin embargo, el adelanto electoral abre un escenario de incertidumbre sobre si el Ejecutivo en funciones culminará a tiempo este despliegue reglamentario que afecta a miles de profesionales.
Ante este riesgo de bloqueo, el Consejo de la Abogacía Catalana (Consell de l’Advocacia Catalana) ha alzado la voz para exigir que el proceso electoral no se convierta en un obstáculo para cumplir una ley plenamente vigente. Su presidente, Rogeli Montoliu, ha advertido que la convocatoria de los comicios no elimina las obligaciones del Gobierno español y que el colectivo damnificado “necesita certezas y plazos, no más incertidumbre”, instando a que se apruebe el reglamento de inmediato y sin dejar este compromiso social en suspenso.
