El derecho al honor de Begoña Gómez
Notoriedad pública e inteligencia artificial: el alcance del derecho al honor en la confrontación política
(Imagen: RTVE)
El derecho al honor de Begoña Gómez
Notoriedad pública e inteligencia artificial: el alcance del derecho al honor en la confrontación política
(Imagen: RTVE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que su esposa, Begoña Gómez, ha interpuesto una denuncia contra el vídeo creado por el Partido Popular con IA por suplantación de imagen, publicado en la red social X el 21 de octubre último.
La denuncia se interpone contra la persona o personas responsables de la gestión y llevanza de los perfiles oficiales en redes sociales, es decir, el community manager del Partido Popular, y contra cualquier otra persona que, dentro de la estructura del Partido Popular, haya trasladado consignas, instrucciones u órdenes al community manager en relación con los hechos objeto de denuncia.
La defensa de Gómez considera que se ha utilizado la voz y la imagen simulada de su cliente con la única intención de humillarla, atentando contra la dignidad humana de la persona.
En el vídeo aparece Begoña Gómez junto con estrechos colaboradores de su marido, como José Luis Ábalos, José Luis Rodríguez Zapatero, Santos Cerdán y Montse Mínguez, todos ellos, a excepción de esta última, con procesos judiciales en marcha, como la misma Begoña Gómez. Además, se hace referencia a las conductas de Begoña Gómez por las que en la actualidad está investigada y se deberá someter a un juicio ante jurado popular.
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(Imagen: E&J)
La Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, ampara las caricaturas de las personas con notoriedad. En concreto, en el artículo 8 de la indicada ley se establece que el derecho a la propia imagen no impedirá la utilización de la caricatura cuando se refiera a personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública.
La defensa del Partido Popular tiene claro que la actividad profesional de Begoña Gómez ha tenido una gran proyección pública que no puede ser cuestionada.
Las infracciones contra el derecho al honor se pueden tramitar a través de la vía civil o penal. Normalmente, cuando la ofensa es grave, se suele canalizar por la vía penal. La vía civil es la más habitual para personas con relevancia pública y conflictos planteados en entornos digitales, como el caso que es objeto de esta pieza. La infracción del derecho al honor puede implicar penas de prisión de 6 meses a 2 años o multas económicas de 3 a 24 meses, dependiendo de la gravedad de la ofensa y si hay o no difusión pública.
