Una cláusula de no competencia casi le cuesta 36.960 euros a un almacenero
Su antigua empresa le reclamó lo cobrado por el pacto de no competencia más un recargo del 20%
(Imagen: E&J)
Una cláusula de no competencia casi le cuesta 36.960 euros a un almacenero
Su antigua empresa le reclamó lo cobrado por el pacto de no competencia más un recargo del 20%
(Imagen: E&J)
Un responsable de almacén cobró durante más de seis años un complemento de 400 euros brutos al mes a cambio de una promesa: no hacer la competencia a su empresa cuando se marchara. Dejó el puesto el 29 de abril de 2023 y el 2 de mayo firmó contrato con otra compañía, para desempeñar las mismas funciones que antes. Su exempleadora le reclamó 36.960 euros, casi 14 mensualidades de su salario. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJ) ha confirmado la absolución del trabajador en su sentencia (disponible en el botón ‘descargar resolución’).
Delafruit, dedicada al procesado y conservación de frutas y hortalizas y sucesora de Go Fruselva, empresa que se escindió en 2021, contrató al trabajador en diciembre de 2016 como técnico de logística. Su contrato incluía una cláusula de no competencia que seguía vigente dos años después de extinguida la relación laboral. Le prohibía asociarse con empresas que ofrecieran productos similares o compitieran con la compañía, aceptar ofertas de sus clientes o proveedores si ello implicaba usar sus técnicas y contactar con los clientes o proveedores con los que hubiera tratado. A cambio, la empresa le abonaba 400 euros brutos mensuales, en doce pagos al año, con el epígrafe «pacto de no competencia» en la nómina. En total, 30.800 euros.
Mismo puesto, otra empresa del grupo
Tras su baja voluntaria, el trabajador entró en T.Q. Tecnol como responsable de almacén, encargado de descargas, almacén y producto. Tecnol fabrica y comercializa productos químicos para la construcción y la industria, mobiliario urbano, cosméticos, droguería y material sanitario. Forma parte del grupo Masergrup, que incluye también a Global Fruselva ETVE, dedicada a alimentación infantil en formato pouch. En la escisión de Go Fruselva se pactó que esta última tendría exclusividad en América y Delafruit en Europa, con dos años de no competencia desde marzo de 2021.
(Imagen: E&J)
Suscríbete a nuestra
NEWSLETTER
Delafruit sostuvo que Masergrup era su competidor y que el trabajador había vulnerado el pacto al incorporarse a una de sus empresas. Alegó también que otros empleados habían dejado Delafruit para pasar al grupo. Reclamó los 30.800 euros cobrados más un recargo del 20%. La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Reus desestimó la demanda en marzo de 2025 y la empresa recurrió en suplicación.
Competencia real, no teórica
El artículo 21.2 del Estatuto de los Trabajadores admite el pacto de no competencia postcontractual hasta dos años para los técnicos y seis meses para el resto, siempre que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial y pague una compensación económica adecuada. El TSJ examina primero el interés, porque si falta resulta innecesario analizar lo demás.
La Sala recuerda su doctrina: el incumplimiento exige una concurrencia desleal de hecho posterior al contrato, y no basta pasar a una empresa cuyo objeto social pueda ser parcialmente concurrente. Se necesita una competencia real y no teórica.
Aplicada al caso, esa doctrina conduce a la desestimación. El objeto social de Tecnol es totalmente distinto del de Delafruit, lo que impide afirmar que compitan. Ningún hecho probado vincula al trabajador con el resto de empresas del grupo y, en particular, con Global Fruselva. Que la cláusula prohíba «asociarse de algún otro modo» tampoco cambia nada, porque la asociación debe producirse con una empresa que ofrezca productos o servicios similares. Pertenecer a Masergrup no es relevante: no consta que las empresas del grupo actúen como una sola, cada sociedad mantiene su independencia y su objeto social es muy diverso. Que otros trabajadores se marcharan al grupo tampoco sirve de nada, porque el pacto y su posible incumplimiento son estrictamente individuales.
(Imagen: E&J)
Las pruebas que no entraron
Delafruit pidió como diligencia final que se aportara el contrato actual de una extrabajadora que, según la empresa, trabajaba de hecho para Global Fruselva. El tribunal de instancia lo denegó y el TSJ lo avala: las diligencias finales son una facultad del órgano de instancia, y quien considerara relevante ese contrato debió solicitarlo como prueba en el propio proceso.
Tampoco prosperó la petición de incorporar como hecho probado, a partir de la declaración de un testigo en otro procedimiento, que Masergrup es competidor directo de Delafruit: la prueba testifical no puede revisarse en suplicación y la redacción propuesta era valorativa.
Lo que queda
Delafruit pierde el depósito para recurrir y debe pagar 700 euros de costas. Entre la papeleta de conciliación, en febrero de 2024, y la sentencia del TSJ pasaron más de dos años y medio.
La resolución no es firme: cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo. Mientras tanto, el caso recuerda que, para reclamar lo pagado por un pacto de no competencia, hay que acreditar un interés real y una competencia efectiva con el nuevo empleador.
