Un contrato indefinido y dos hermanos en España: por qué no bastaron para evitar el CIE
El auto de Zaragoza explica qué mira el tribunal además de la documentación aportada
(Imagen: E&J)
Un contrato indefinido y dos hermanos en España: por qué no bastaron para evitar el CIE
El auto de Zaragoza explica qué mira el tribunal además de la documentación aportada
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Un certificado de empadronamiento, una tarjeta sanitaria, un contrato de alquiler y un contrato de trabajo indefinido no bastan, por sí solos, para demostrar arraigo ante el juez que decide si un extranjero con una expulsión firme ingresa en un centro de internamiento. Así lo resuelve la Audiencia Provincial de Zaragoza en un auto (disponible en el botón ‘descargar resolución’) que confirma el internamiento en el CIE de Barcelona de un hombre que decía llevar tres años en España y tener dos hermanos residentes en Zaragoza.
La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza (plaza nº 4) autorizó el 14 de octubre el ingreso en el CIE por el tiempo mínimo imprescindible y con un máximo de 60 días, mientras se ejecuta la expulsión. La defensa recurrió en reforma, rechazada el 21 de octubre, y subsidiariamente en apelación. Pedía la libertad o, si se consideraba necesario asegurar su localización, comparecencias periódicas y fijación de domicilio. El Ministerio Fiscal se opuso. La Sección 3ª, con ponencia de José Ignacio Martínez Esteban, desestima el recurso, sin costas. El auto es firme.
Del recurso al CIE
El internamiento de extranjeros es una medida cautelar prevista en los artículos 61.1.e) y 62 de la Ley Orgánica 4/2000. Lo autoriza el juez de instrucción mediante auto motivado, tras oír al interesado y al Ministerio Fiscal, y debe atender al principio de proporcionalidad y al riesgo de incomparecencia: falta de domicilio o documentación, actuaciones para dificultar la expulsión, condenas o sanciones previas y procesos pendientes. Dura el tiempo imprescindible, con un tope de 60 días, y no cabe un nuevo internamiento por las mismas causas en un mismo expediente.
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La Sala recuerda que el internamiento es una privación de libertad y considera razonable aplicar la doctrina del Tribunal Constitucional sobre prisión provisional: fin legítimo, proporcionalidad y motivación explícita. El control judicial, añade, no se limita a ratificar la actuación administrativa, sino que exige una valoración individualizada. Precisa también lo que no examina: la legalidad de la expulsión, que corresponde a la vía contencioso-administrativa. Solo decide si había elementos para justificar el internamiento.
Tres domicilios, un alquiler vencido y un contrato condicionado
La defensa presentó empadronamiento, tarjeta sanitaria y contrato de arrendamiento. La Sala comprueba que el domicilio del padrón, el del inmueble alquilado y el asociado a la tarjeta sanitaria no coinciden entre sí. Esa divergencia, razona, impide saber cuál es su residencia real y dificulta localizarlo, de modo que los documentos que debían probar estabilidad terminan indicando lo contrario.
El alquiler tampoco ayuda. Se firmó por tres meses, del 28 de junio al 28 de septiembre de 2025, sin renovación automática. No consta que siga vigente ni que el recurrente continúe en esa vivienda, por lo que el documento acreditaría, en su caso, una ocupación temporal ya expirada.
El contrato de trabajo depende de un permiso que no tiene. Aunque es indefinido, incluye un periodo de prueba de dos meses sin constancia de que se superara y una cláusula que condiciona su formalización efectiva a que el trabajador obtenga las autorizaciones necesarias para trabajar en España. El recurrente está en situación irregular y es destinatario de una expulsión firme, y en las actuaciones no consta autorización de residencia y trabajo. Para la Sala, es una expectativa condicionada, no un empleo real y consolidado.
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Hermanos, antecedentes y un balance conjunto
Tampoco pesa lo suficiente la familia. No consta cónyuge, pareja estable ni hijos residentes legalmente en España. Los vínculos invocados son dos hermanos, un elemento que la Sala admite como factor de integración, pero de alcance «significativamente inferior» al de un núcleo familiar propio. El arraigo, añade, no se identifica con la mera aportación documental de datos administrativos aislados, sino que exige una acreditación efectiva y consistente de una situación estable.
La resolución recurrida pondera además una condena por un delito de violencia doméstica, cometido el 1 de agosto de 2025. La Sala aclara que los antecedentes no determinan automáticamente el internamiento, pero sí son valorables en el juicio global, que no descansa solo en ellos. Pesa también la expresa voluntad del interesado de permanecer en España pese a la orden de expulsión, que el tribunal interpreta como oposición a cumplir la medida y escasa disposición a colaborar.
Con todo, concluye que la firmeza de la expulsión, la ausencia de núcleo familiar propio, la falta de domicilio cierto, los datos residenciales inconsistentes, la ausencia de prueba concluyente de integración laboral, los antecedentes y el riesgo de que eluda la ejecución, valorados en conjunto, son base suficiente para el internamiento. Subraya además que cuanto más próxima y efectiva es la ejecución de la expulsión, mayor justificación tienen las medidas cautelares.
El auto marca así una pauta sobre la prueba del arraigo: la documentación pesa cuando es coherente entre sí, está vigente y permite comprobar una residencia estable. Aportada de forma aislada, o con datos que se contradicen, resta fuerza a la tesis de la defensa en este caso concreto.
