Javier Martín Fernández, socio de F&J Martín Abogados: «El contribuyente tiene derecho a saber, desde el primer momento, de qué se le acusa y con qué fundamento»
El catedrático de Derecho Financiero y Tributario analiza la STS 1032/2026, que impide a los tribunales sustituir el fundamento elegido por la Administración
(Imagen: E&J)
Javier Martín Fernández, socio de F&J Martín Abogados: «El contribuyente tiene derecho a saber, desde el primer momento, de qué se le acusa y con qué fundamento»
El catedrático de Derecho Financiero y Tributario analiza la STS 1032/2026, que impide a los tribunales sustituir el fundamento elegido por la Administración
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La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha fijado un límite claro a la forma en que los tribunales revisan las regularizaciones tributarias. La STS 1032/2026, de 22 de septiembre, anula una liquidación dictada al amparo de la potestad de calificación del artículo 13 de la Ley General Tributaria (LGT), que la Audiencia Nacional había confirmado apreciando una simulación que la Administración nunca declaró. La Abogacía del Estado se allanó en casación, pero el Alto Tribunal no se limitó a reproducir la jurisprudencia previa y decidió fijar un criterio específico. Su alcance importa a la Inspección, que debe elegir con precisión el instrumento con el que regulariza; a los tribunales, que controlan el acto sin poder completarlo; y a los contribuyentes, que ven reforzadas sus garantías de defensa y de seguridad jurídica.
Para analizarlo, Economist & Jurist (E&J) ha entrevistado a Javier Martín Fernández, doctor en Derecho, abogado y socio director de F&J Martín Abogados, especialista en Derecho financiero y tributario. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid, presidió el Consejo para la Defensa del Contribuyente del Ministerio de Hacienda entre 2016 y 2018 y ha formado parte de numerosas comisiones para la reforma de la normativa tributaria. Integra la Comisión Fiscal de la CEOE y preside la Comisión de Economía y Fiscalidad de CECO. Fue además gerente de Terrenos Liberados del Ferrocarril, que desarrolló el Plan Parcial RENFE de Córdoba, y preside el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas de Vinos y Vinagres de Montilla-Moriles.
En la conversación, Martín Fernández sostiene que el fundamento jurídico de una regularización forma parte del acto de liquidación y, por tanto, del objeto del proceso: el juez conserva la plenitud de su control y el principio iura novit curia, pero no puede cambiar la causa jurídica elegida por la Administración. Explica las diferencias entre calificación, conflicto en la aplicación de la norma y simulación, y expone las razones por las que no son intercambiables. Aborda las consecuencias de la doctrina para el proceso contencioso-administrativo, para el contenido del fallo y para el recurso de casación, así como sus efectos sobre la motivación de las liquidaciones y las garantías del contribuyente. Ofrece, además, criterios prácticos para el abogado que impugna una liquidación y advierte de que sería un error convertir la doctrina en un recurso puramente formal. Concluye con una reflexión sobre su impacto en el Derecho tributario, en un contexto marcado por la normativa europea contra las prácticas abusivas y por el uso de herramientas automatizadas en la comprobación de contribuyentes.

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Economist & Jurist (E&J).- ¿Cuál es la principal conclusión jurídica que extrae de la STS 1032/2026?
Javier Martín Fernández (J. M. F.).- La conclusión central es que el fundamento jurídico de una regularización forma parte del propio acto de liquidación y, por tanto, del objeto del proceso. Cuando la Inspección decide regularizar al amparo del artículo 13 de la Ley General Tributaria (LGT), esto es, mediante la potestad de calificación, esa elección no es un dato accesorio que pueda reemplazarse más adelante, sino la causa jurídica sobre la que descansa el acto. El órgano judicial controla la legalidad de esa liquidación tal como fue dictada. No puede confirmarla apreciando una simulación que la Administración no declaró.
E&J.– ¿Qué límites establece la sentencia al control judicial de las liquidaciones tributarias?
J. M. F.- Conviene precisar, ante todo, lo que la STS no dice. No limita la plenitud del control contencioso-administrativo ni impide al juez valorar libremente la prueba, calificar jurídicamente los hechos acreditados o razonar con argumentos propios dentro del fundamento que la Administración eligió. El principio iura novit curia sigue operando. Lo que el juez no puede hacer es cambiar la causa jurídica de la regularización.
E&J.- ¿Qué diferencias existen entre la calificación tributaria, el conflicto en la aplicación de la norma y la simulación?
J. M. F.- Las tres figuras comparten una finalidad genérica, que es ajustar la tributación a la realidad jurídica y económica de las operaciones, pero difieren en su presupuesto, en su procedimiento y en sus consecuencias.
La calificación del artículo 13 de la LGT es una operación de aplicación de la norma. La Administración atribuye a los hechos, actos o negocios realizados la naturaleza jurídica que verdaderamente tienen, con independencia de la forma o denominación que les hayan dado las partes.
El conflicto en la aplicación de la norma del artículo 15 opera sobre negocios reales y válidos, pero notoriamente artificiosos o impropios para la consecución del resultado obtenido, de cuya utilización no resultan efectos jurídicos o económicos relevantes distintos del ahorro fiscal.
Finalmente, la simulación del artículo 16 supone una divergencia entre la voluntad declarada y la real, de forma que el negocio aparente encubre otro distinto o ninguno.

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E&J.– ¿Por qué no puede el órgano judicial sustituir sin más el fundamento utilizado por la Administración tributaria?
J. M. F.- Por razones que se refuerzan entre sí. La primera es de Derecho positivo, ya que el artículo 16.2 de la LGT no se limita a permitir la declaración de simulación, sino que exige que sea declarada por la Administración en el acto de liquidación. El Tribunal Supremo la califica como una fórmula legal clara y taxativa que no admite interpretaciones correctoras en contra de los contribuyentes.
La segunda es de garantía. El derecho de defensa del artículo 24 de la Constitución y los derechos del obligado tributario del artículo 34 de la LGT se proyectan sobre todo el procedimiento, pues el acta, el trámite de alegaciones y la propuesta de liquidación se construyen en torno a una imputación concreta. Si esa imputación cambia en sede judicial, el contribuyente ha litigado durante años contra un acto y es juzgado por otro.
La tercera es probatoria. La calificación y la simulación tienen distinto objeto de prueba. En la primera se discute la naturaleza jurídica de unos negocios cuya realidad no se cuestiona. En la segunda, precisamente, esa realidad: la existencia de una causa falsa, la ocultación y el concierto entre las partes. Cambiar de figura supone cambiar los hechos que hay que acreditar y desvirtuar.
La cuarta es sistemática. Si la simulación pudiera apreciarse en cualquier momento y por cualquier órgano, la exigencia de declararla en la liquidación quedaría vacía. Y la Administración perdería el incentivo para elegir, con precisión, el instrumento adecuado, sabiendo que un eventual error podría corregirse después en vía de revisión o en sede judicial.
E&J.– ¿Qué consecuencias puede tener esta doctrina para los procedimientos contencioso-administrativos tributarios?
J. M. F.- La primera consecuencia es de delimitación del debate. El proceso queda anclado al fundamento del acto, y tanto la contestación a la demanda como la sentencia deben moverse dentro de ese perímetro. La defensa de la Administración no puede reformular, en sede judicial, la causa de la regularización, y el tribunal no puede hacerlo por ella. El mecanismo del artículo 33.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que permite someter a las partes motivos no planteados, sirve para ampliar el debate sobre la legalidad del acto, no para reconstruirlo sobre una base distinta.
La segunda afecta al contenido del fallo. Si la liquidación no se sostiene con el fundamento elegido, la consecuencia natural es su anulación, no su confirmación por otra vía. Y, al tratarse de un vicio de fondo, no de un defecto formal causante de indefensión, la retroacción de actuaciones no parece la respuesta adecuada. Que la Administración pueda o no dictar una nueva liquidación con otro fundamento dependerá de factores que deben analizarse caso por caso, como la prescripción, los efectos interruptivos de las actuaciones anuladas y la doctrina jurisprudencial sobre la reiteración de actos.
La tercera es de técnica casacional. Cuando el desplazamiento del fundamento se produce en la propia sentencia de instancia, el vicio nace con ella y puede invocarse, aunque no se hubiera planteado antes, porque el contribuyente no podía anticiparlo. Es previsible que el recurso de casación se utilice con más frecuencia frente a sentencias que mantengan liquidaciones mediante razonamientos ajenos al acto recurrido.
La doctrina tiene, además, una lectura en clave de revisión económico-administrativa. La STS afirma que el acto no puede ser mejorado, ni intentado serlo, por los órganos revisores de la propia Administración, y que los tribunales económico-administrativos tampoco pueden crear, en su fase revisora, una simulación no declarada. Pueden examinar todas las cuestiones que ofrezca el expediente, pero esa amplitud no les autoriza a sustituir la potestad ejercida por el órgano de aplicación de los tributos.
Hay, por último, un dato procesal que no conviene pasar por alto. La Abogacía del Estado se allanó en casación a la vista de la jurisprudencia precedente. La STS, sin embargo, no se limita a reproducir esa doctrina, al entender que el caso presentaba una singularidad en el ejercicio de la potestad jurisdiccional por la sala de instancia que justifica fijar un criterio específico. Esa decisión refuerza su valor como pauta para los tribunales de instancia.
E&J.– ¿Cómo afecta la sentencia a la motivación que debe contener una liquidación tributaria?
J. M. F.- La refuerza y, sobre todo, la dota de un contenido más preciso. El artículo 102.2.c) de la LGT exige que la liquidación exprese los hechos y elementos esenciales que la originan y sus fundamentos de derecho. A la luz de la STS, entre esos fundamentos se encuentra, como elemento indispensable, la identificación de la potestad que se ejerce. No basta con un relato de hechos del que pueda inferirse una simulación; es necesario que esta última se declare de forma expresa, con los hechos que la sustentan y la prueba que la acredita.

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E&J.– ¿Qué garantías ofrece esta interpretación a los contribuyentes?
J. M. F.- La primera es la certeza sobre el objeto de la controversia. El contribuyente conoce, desde el propio acto de liquidación, cuál es el fundamento de la regularización y sabe que ese fundamento no va a cambiar en el camino. Es una manifestación directa de la seguridad jurídica del artículo 9.3 de la Constitución.
La segunda es la efectividad del derecho de defensa. Defenderse frente a una calificación exige argumentar sobre la naturaleza jurídica de unos negocios y, frente a una simulación, acreditar la realidad y la causa de esos negocios.
La tercera, menos visible, es la preservación de los cauces procedimentales. Las garantías del conflicto, como el informe de la Comisión consultiva, o las de la simulación, como su declaración expresa en la liquidación, solo tienen sentido si no pueden eludirse mediante una recalificación posterior.
E&J.– ¿Qué riesgos jurídicos aparecen cuando la Administración emplea una figura tributaria distinta de la que realmente corresponde a los hechos?
J. M. F.- Para la Administración, el riesgo principal es la anulación de la regularización en su totalidad y no solo de alguno de sus elementos, con la consiguiente caída de la sanción. Para el contribuyente, el riesgo es el inverso. Cuando la calificación se utiliza para alcanzar resultados que solo podrían obtenerse mediante el conflicto o la simulación, se le priva de las garantías asociadas a esas figuras.
E&J.- ¿Qué debería revisar un abogado al impugnar una liquidación a la luz de esta doctrina?
J. M. F.- Propondría un examen ordenado en varios planos. En primer lugar, la identificación de la potestad ejercida, tal como resulta del acta, del informe ampliatorio y del acuerdo de liquidación, comprobando si existe coherencia entre ellos. En segundo lugar, si la simulación se declara de forma expresa o si solo se insinúa a través de expresiones como «apariencia», «interposición» o «realidad subyacente», que no equivalen a una declaración formal.
En tercer lugar, si la potestad invocada se corresponde con lo que la Administración hace realmente. Una calificación que desconoce negocios válidos o reconstruye la operación conforme a otro esquema contractual puede estar encubriendo un conflicto o una simulación. Y, si lo que se reprocha es la artificiosidad de la operación, conviene verificar si se ha seguido el procedimiento del artículo 15 de la LGT, con el informe de la Comisión consultiva.
En cuarto lugar, la prueba. Si la regularización descansa en presunciones, debe comprobarse que cumplen las exigencias del artículo 108.2 de la LGT y que se han valorado las explicaciones alternativas aportadas por el contribuyente.
En quinto lugar, la evolución del fundamento a lo largo de la revisión. Hay que examinar si el tribunal económico-administrativo o el órgano judicial de instancia ha desplazado la causa de la regularización. Si lo ha hecho, el vicio debe denunciarse de forma específica, incluso en casación, aunque no se hubiera planteado antes. Conviene analizar caso por caso, porque la frontera entre precisar un razonamiento y sustituirlo no siempre es nítida.
Por último, en cuanto a la motivación de la sanción, su conexión con el fundamento de la liquidación y, en su caso, la existencia de una interpretación razonable de la norma en los términos del artículo 179.2.d) de la LGT.

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E&J.- ¿Considera que esta resolución puede modificar la estrategia procesal de la Administración tributaria y de los contribuyentes?
J. M. F.- Creo que sí, aunque más por la vía de la prevención que por la del litigio. El allanamiento de la Abogacía del Estado en este asunto ya es un indicio de que la Administración asume la doctrina sobre la no intercambiabilidad de potestades. Para la Administración, la STS incentiva un mayor esmero en la elección del instrumento de regularización desde la fase inspectora. Si los hechos sugieren una simulación, deberá declararla y probarla. Si sugieren una operación artificiosa, ha de acudir al conflicto, con sus exigencias. Y la calificación debe reservarse para los supuestos que verdaderamente le corresponden. Es probable también que las propuestas de liquidación sean más explícitas en la identificación del fundamento jurídico.
Para los contribuyentes, la STS aconseja examinar con detalle la fundamentación del acto desde el primer momento y hacer explícita en la impugnación cualquier discrepancia entre la potestad invocada y la realmente ejercida. Pero sería un error convertir esta doctrina en un recurso puramente formal. La defensa debe seguir siendo completa, también sobre el fondo, porque la anulación de una liquidación no siempre cierra definitivamente la cuestión.
Para los órganos de revisión, administrativos y judiciales, la STS recuerda que su función es controlar el acto, no completarlo. Esa idea puede traducirse en resoluciones más ceñidas al fundamento de la liquidación y en un uso más cuidadoso de las facultades de revisión.
E&J.- ¿Qué aspectos de la sentencia considera más relevantes para la evolución futura del Derecho tributario?
J. M. F.- Destacaría tres. El primero, la consolidación de una dogmática de las potestades de recalificación como categorías autónomas, con presupuestos y garantías propios. Es una cuestión de especial interés en un contexto en el que la Directiva (UE) 2016/1164 incorporó al Derecho de la Unión Europea una norma general contra las prácticas abusivas. Cuanto más nítidas sean las fronteras entre calificación, conflicto y simulación, más fácil será articular de forma coherente el Derecho interno con esas exigencias.
El segundo, el refuerzo de la motivación como garantía, no como requisito formal. La liquidación debe explicar qué se regulariza, por qué y con qué fundamento, y esa explicación vincula a la Administración y define el objeto del control posterior. Esta idea adquiere una relevancia renovada en un momento en que la Administración tributaria incorpora herramientas automatizadas a la selección y a la comprobación de contribuyentes. Las decisiones deben poder explicarse y controlarse en sus propios términos.
El tercero, la delimitación de la función judicial. El juez contencioso-administrativo controla la legalidad del acto con plenitud, pero no lo sustituye. Esa diferencia, que puede parecer sutil, es la que permite que el sistema funcione con equilibrio entre la eficacia en la aplicación de los tributos y los derechos del contribuyente.
Cabe preguntarse si este criterio puede dejar sin regularizar algunas operaciones que lo merecían, lo cual es posible. Pero esa consecuencia es imputable a la elección de la Administración, no al contribuyente ni al juez. La seguridad jurídica exige que las reglas del procedimiento se apliquen con independencia del resultado al que conduzcan, y el contribuyente tiene derecho a saber, desde el primer momento, de qué se le acusa y con qué fundamento.


