El exdelegado del Gobierno en Ceuta es citado a declarar como investigado por la entrada masiva irregular de finales de julio
Miguel Ángel Pérez Triano tendrá que declarar ante la Audiencia Nacional el próximo 18 de noviembre
Miguel Ángel Pérez Triano presentó su dimisión dos meses después de que se produjera la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma el pasado mes de julio. (Imagen: RTVE)
El exdelegado del Gobierno en Ceuta es citado a declarar como investigado por la entrada masiva irregular de finales de julio
Miguel Ángel Pérez Triano tendrá que declarar ante la Audiencia Nacional el próximo 18 de noviembre
Miguel Ángel Pérez Triano presentó su dimisión dos meses después de que se produjera la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma el pasado mes de julio. (Imagen: RTVE)
La titular del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha acordado citar a declarar en calidad de investigado al exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, por la entrada masiva e irregular de personas desde Marruecos ocurrida a finales del pasado mes de julio. La comparecencia ha quedado fijada para el próximo 18 de noviembre.
La decisión se recoge en un auto en el que la magistrada acepta formalmente la competencia para asumir el caso, tras la inhibición de las diligencias que hasta ahora instruía la Plaza 6 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta.
La justicia pone la lupa sobre las comunicaciones policiales
De forma paralela a la imputación, Tardón ha puesto el foco en los fallos registrados en los sistemas de comunicación durante aquellos días críticos. Antes de pronunciarse sobre la batería de pruebas solicitada por la Fiscalía, la jueza ha ordenado dos requerimientos clave para verificar los hechos.
El primero a la Comisaría General de Información de la Policía. La titular del Juzgado le reclama un informe detallado sobre todas las incidencias, análisis o reportes de inteligencia registrados entre el 28 de julio y el 5 de agosto, con el objetivo determinar si las anomalías en las comunicaciones operativas son compatibles con “actuaciones coordinadas dirigidas a perturbar la capacidad de comunicación, coordinación o respuesta de los servicios públicos españoles”.
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El segundo requerimiento es a la Guardia Civil, concretamente solicita al Centro de Operaciones de Servicio (COS) de Ceuta las grabaciones íntegras de todas las llamadas recibidas durante las 48 horas críticas del 30 y 31 de julio de 2026.
(Imagen: RTVE)
¿Saturación o sabotaje?
La instructora de la causa subraya en su resolución que la eficacia de cualquier operativo de seguridad depende directamente del buen funcionamiento de sus redes de transmisión. Por ello, considera imprescindible aclarar si la “degradación grave y prolongada” de los sistemas de comunicación, coordinación y transmisión de información se debió a una simple saturación técnica de las redes “o, si por el contrario, pudo existir algún tipo de actuación deliberada dirigida a perturbar el normal funcionamiento de tales sistemas”.
Tardón recalca la gravedad del contexto en el que ocurrieron los hechos, que afectaron de lleno a los “intereses esenciales del Estado” como la seguridad fronteriza, el control de flujos migratorios y el mantenimiento del orden público.
No obstante, la magistrada llama a la prudencia y advierte en el auto de que, más allá del testimonio de un agente policial, por el momento “no existe elemento objetivo alguno” que permita confirmar un ciberataque, sabotaje digital, guerra electrónica o cualquier otra acción hostil. Precisamente por esta falta de indicios sólidos, opta por recabar primero los informes policiales y las grabaciones antes de decidir si abre formalmente una línea de investigación adicional sobre una posible injerencia tecnológica.
