Una comunidad de propietarios es obligada a instalar un videoportero para una vecina con sordera parcial

La Audiencia Provincial de Huelva ha confirmado que una comunidad de propietarios debe instalar un videoportero en el edificio, tal y como había solicitado una vecina que padece hipoacusia bilateral y una discapacidad reconocida del 33% y que necesita ver quién llama a la puerta porque no entiende con claridad lo que le dicen a través del portero electrónico tradicional.

La Sección Segunda aclara que, en lo que respecta al reparto del gasto de la instalación, la comunidad debe asumir hasta 1.200 euros —la cifra que equivale a 12 cuotas ordinarias de 100 euros al mes—, y lo que supere ese importe lo pagarán, a partes iguales, los propietarios que quieran tener monitor en su vivienda.

El caso: un portero averiado y tres presupuestos

Según consta en la sentencia (disponible en el botón ‘descargar resolución’), el conflicto comenzó cuando el portero electrónico que tenía el edificio se averió y había que sustituirlo. Aprovechando que había que hacer el cambio, la vecina que padece sordera parcial envió un burofax a la comunidad de propietarios pidiendo que el nuevo aparato que se instalase fuera un videoportero, con el fin de facilitar una comunicación segura con el exterior, ya que, según explicaba, era una persona con discapacidad, con hipoacusia bilateral, y vivía sola.

El día que la comunidad celebró una junta extraordinaria para debatir la nueva instalación acudieron cinco propietarios, entre ellos la vecina interesada en que se instalase un videoportero.

El presidente explicó que el videoportero encarecía la obra porque obligaba a cambiar todo el conjunto a un sistema digital y presentó tres presupuestos de una misma empresa: sustituir el portero por otro similar costaba 770 euros; instalar un videoportero con monitores a color en todas las viviendas, 2.250 euros; y una tercera opción, con un solo monitor en el piso de la vecina y teléfonos digitales en las otras cuatro viviendas, 1.860 euros, todo con IVA incluido.

La propuesta del videoportero obtuvo dos votos a favor, uno de ellos el de la afectada, y tres en contra.

(Imagen: E&J)

El acuerdo comunitario es nulo por ser contrario al artículo 10 LPH

La vecina impugnó el acuerdo en la vía judicial, pidiendo que se anulara el mismo y que se condenara a la comunidad de propietarios a aprobar un videoportero con monitores en los pisos de quienes lo solicitaran.

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Huelva estimó la demanda y declaró nulo el acuerdo por ser contrario al artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH). En consecuencia, obligó a la comunidad de propietarios a acordar la instalación del videoportero con un sistema de reparto de costes.

La sentencia fue recurrida en apelación por la comunidad, alegando varios motivos: que la vecina no estaba legitimada para demandar y que el Juzgado había aplicado mal el límite de gasto del artículo 10 LPH, así como que había valorado de forma errónea los estatutos y que no había analizado lo declarado por un testigo perito. También discutió la proporcionalidad de la medida, alegando que se habían vulnerado las reglas de la carga de la prueba y defendió que la obra debía tramitarse por el régimen de mayorías del artículo 17 LPH.

No obstante, la Audiencia Provincial de Huelva ha rechazado todos esos motivos y, por ende, ha desestimado el recurso de la comunidad y ha mantenido la nulidad del acuerdo vecinal que descartó la opción de instalar un videoportero y prefirió reponer el aparato por otro similar.

(Imagen: E&J)

Una obra de accesibilidad que no depende de la mayoría

La Audiencia Provincial recuerda que el artículo 10.1.b) de la Ley de Propiedad Horizontal considera obras obligatorias, sin necesidad de acuerdo de la junta, las que pidan los propietarios en cuya vivienda viva una persona con discapacidad, incluidos los dispositivos electrónicos que favorezcan su comunicación con el exterior, siempre que el coste anual repercutido no supere 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes.

Para el tribunal no hay duda de que el videoportero cumple esa función. Pues, la vecina tiene una pérdida auditiva bilateral moderada y esa limitación le impide percibir con nitidez lo que dice quien llama desde la calle, y la imagen le permite saber quién quiere entrar. Por ello, la Audiencia Provincial considera que la instalación del videoportero es una medida proporcionada a su situación.

Sobre la legitimación, el tribunal provincial señala que la propietaria demandante acudió a la junta y votó en contra de la mayoría, por lo que no tenía que salvar su voto, un requisito que según la doctrina del Supremo solo se exige a quien se abstiene.

En lo que respecta al tema económico, es decir, quién paga el videoportero, los magistrados avalan la fórmula del Juzgado: la comunidad deberá abonar hasta 1.200 euros y el exceso lo asumirán los vecinos que quieran el monitor. Si todos los vecinos se apuntan, pagarán entre todos los 2.250 euros; si solo lo quieren la propietaria demandante y el otro propietario que votó a favor, ambos abonarán lo que falte hasta los 1.860 euros.

La Audiencia Provincial subraya en la sentencia que la propia normativa dispone que la obra no deja de ser obligatoria porque quienes la piden asuman el coste que supere ese límite. Por eso, la comunidad deberá convocar una nueva junta, pero solo para saber cuántos propietarios quieren monitor en casa, no para decidir si se instala, ya que la instalación es obligatoria en cualquier caso.