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Luz verde a 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales: Bolaños anuncia una ‘macroconvocatoria’

De los despidos a la violencia de género, el refuerzo busca acortar la espera, pero crear una plaza no es cubrirla

(Imagen: E&J)

Pablo Javier Deheza

Periodista y redactor E&J




Tiempo de lectura: 3 min

Publicado




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Luz verde a 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales: Bolaños anuncia una ‘macroconvocatoria’

De los despidos a la violencia de género, el refuerzo busca acortar la espera, pero crear una plaza no es cubrirla

(Imagen: E&J)

El Consejo de Ministros, reunido en sesión extraordinaria el 13 de noviembre, aprobó la creación de 500 plazas de jueces y magistrados y 200 de fiscales para 2027. Según el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la medida amplía casi un 8% la planta judicial y cerca de un 7% la de la carrera fiscal.

Las 700 plazas se suman a otras 700 que el Gobierno creó el pasado julio para 2026. En conjunto, Justicia contabiliza 1.000 plazas de jueces y 400 de fiscales en dos años, más de las 930 que se crearon en los quince años anteriores. El Ministerio lo presenta como un aumento sin precedentes y lo atribuye a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia (Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero).

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Cómo se reparten

De las 500 plazas judiciales, 351 son para jueces y juezas de los tribunales de instancia, que sustituyen a los antiguos juzgados unipersonales. Otras 119 corresponden a magistrados: 4 para la Audiencia Nacional, 19 para los tribunales superiores de justicia y 96 para las audiencias provinciales. Las 30 restantes son de adscripción territorial, es decir, jueces a quienes los presidentes de los tribunales superiores asignan funciones según la carga de trabajo.

Según Justicia, el reparto responde a criterios objetivos: carga de trabajo, litigiosidad y población. El departamento de Félix Bolaños añade que tuvo en cuenta las aportaciones del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con competencias transferidas y los tribunales superiores de justicia.

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Sala de vistas judicial vacía con estrados y bancos de madera iluminada por luz natural.

(Imagen: E&J)

El coste de cada plaza

El argumento económico es uno de los centrales del Gobierno. Bolaños explicó que, antes, crear un juzgado unipersonal obligaba a dotar no solo la plaza del juez, sino también la del letrado de la Administración de Justicia y la de los funcionarios que lo acompañaban. Eso costaba entre 500.000 y 600.000 euros. Ahora, al ser comunes los servicios para todos los jueces y magistrados, crear una plaza representa unos 100.000 euros.

Para el Ejecutivo, ese ahorro es lo que hace posible ampliar la planta.

Dónde irá el refuerzo

Bolaños puso en primer lugar a la jurisdicción social: 104 plazas para las secciones de lo social de los tribunales de instancia. Dijo que el objetivo es «agilizar estos procedimientos que tanto afectan a la vida de los trabajadores», porque son pleitos de despido, de reclamaciones de salario e incluso de prestaciones de la Seguridad Social. En las secciones de lo civil de los tribunales de instancia se incorporan 81 plazas.

Otras 18 plazas van a las secciones de violencia sobre la mujer y permitirán avanzar en la «comarcalización»: que esas secciones asuman procedimientos de municipios colindantes. El ministro sostuvo que se mantiene una «proximidad razonable» de las víctimas con el tribunal que juzgará su caso y que habrá una sección especializada con conocimiento técnico en la materia.

(Imagen: E&J)

Aprobar una plaza no sienta a un juez en la sala. Bolaños anunció que en las próximas semanas habrá una «macroconvocatoria» para cubrir las 700 plazas. Estará dirigida a quienes preparan la oposición y a quienes quieran acceder por el cuarto turno, es decir, juristas con una trayectoria dilatada y vocación de incorporarse a la carrera judicial. La información oficial difundida tras el Consejo de Ministros no precisa cuándo tomarán posesión los nuevos jueces y fiscales.

Quién espera al otro lado

Detrás de cada cifra hay un expediente. Un trabajador despedido que aguarda fecha de juicio. Otro que reclama salarios adeudados. Una víctima de violencia que necesita que su caso lo resuelva un tribunal cercano y especializado. Un opositor que lleva meses, o años, estudiando y que ahora ve una convocatoria a la vista.

Para ellos, 700 plazas son sobre todo una promesa de tiempo: menos espera y una respuesta judicial más rápida, que es lo que el Gobierno dice buscar. Lo que determinará si esa promesa se cumple no es el número que figura en el Consejo de Ministros, sino cuántas de esas plazas estén ocupadas, y cuándo.

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