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Jurisprudencia

Le rompieron dos dientes de un puñetazo, pero la indemnización no se calcula como la de un accidente de tráfico

La Audiencia Provincial de Vizcaya mantiene las cantidades fijadas porque el baremo de circulación solo es orientativo en las agresiones y la discrepancia con el perito judicial no basta para aumentarlas

Informe daños dentales

(Imagen: E&J)

Rodrigo Corchero

Director ejecutivo de E&J School




Tiempo de lectura: 5 min

Publicado


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Jurisprudencia

Le rompieron dos dientes de un puñetazo, pero la indemnización no se calcula como la de un accidente de tráfico

La Audiencia Provincial de Vizcaya mantiene las cantidades fijadas porque el baremo de circulación solo es orientativo en las agresiones y la discrepancia con el perito judicial no basta para aumentarlas

Informe daños dentales

(Imagen: E&J)

Un puñetazo en la cara puede dejar una cicatriz para siempre, romper varias piezas dentales y obligar a la víctima a someterse durante años a tratamientos y sustituciones de coronas, pero la indemnización correspondiente no se calcula necesariamente aplicando de forma automática el baremo previsto para los accidentes de tráfico.

La Audiencia Provincial de Vizcaya acaba de recordarlo al resolver el recurso de un hombre que sufrió una agresión durante un evento celebrado en el estadio de San Mamés y consideraba insuficientes las cantidades reconocidas por el juzgado.

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El origen del caso

Los hechos ocurrieron alrededor de las dos de la madrugada del 29 de diciembre de 2024, durante el evento denominado «Mega Tardeo».

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La víctima mantuvo un intercambio de palabras con uno de los acusados en el interior de un baño y, cuando salió, recibió un puñetazo en la mejilla derecha. El golpe le produjo una herida de un centímetro que necesitó sutura y tardó entre ocho y diez días en estabilizarse, quedándole como secuela una cicatriz facial que el juzgado calificó como perjuicio estético ligero.

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Inmediatamente después, un segundo hombre golpeó a la víctima con fuerza en la boca y le rompió dos dientes, afectando también a una tercera pieza. El perjudicado tuvo que someterse a un tratamiento odontológico conservador que se prolongó hasta marzo de 2026 y por el que pagó 5.910 euros. Además, es previsible que con el paso del tiempo deba sustituir las coronas dentales, con el correspondiente coste económico.

El Juzgado de lo Penal condenó al autor del primer puñetazo a ocho meses de prisión y a indemnizar a la víctima con 2.833 euros. Al responsable de las lesiones dentales le impuso un año y dos meses de prisión, así como el pago de 7.010 euros, cantidad a la que debería añadirse otra que sería concretada durante la ejecución de la sentencia por los restantes perjuicios personales sufridos.

Cálculo de daños

(Imagen: E&J)

La reclamación de la víctima y los límites del baremo

La víctima no discutió las condenas penales, pero sí las indemnizaciones. Consideraba que las cantidades fijadas no reflejaban adecuadamente la gravedad de las lesiones y solicitó a la Audiencia que las aumentara.

Respecto de la cicatriz, sostuvo que no debía calificarse como un perjuicio estético ligero, sino moderado, especialmente por encontrarse en una parte visible del rostro. Aplicando el baremo utilizado en los accidentes de circulación, reclamó 12.500 euros. En relación con las piezas dentales, pidió una indemnización de 18.508,48 euros que comprendía el tratamiento ya realizado, 194 días de perjuicio personal, dos intervenciones, el dolor soportado y los gastos futuros derivados de la sustitución periódica de las coronas.

La pretensión resulta comprensible desde una perspectiva humana. Una cicatriz en el rostro no es únicamente una herida curada, del mismo modo que dos dientes reconstruidos no equivalen necesariamente a recuperar la situación anterior. La víctima puede tener que afrontar nuevas intervenciones, gastos periódicos y una alteración estética cuya repercusión personal no siempre queda reflejada en una factura.

Pero la realidad jurídica exige algo más que considerar insuficiente una cantidad. Para que una Audiencia Provincial modifique una indemnización fijada después de valorar directamente las pruebas, debe existir un error manifiesto, una decisión arbitraria, una desproporción evidente o una aplicación incorrecta del sistema elegido por el juzgado. La mera preferencia por la conclusión del propio perito no permite sustituir automáticamente la valoración judicial.

La Audiencia comienza recordando que el baremo de los accidentes de tráfico puede utilizarse para orientar el cálculo de las indemnizaciones derivadas de una agresión, pero no resulta obligatorio. El sistema fue creado para los daños causados por la circulación de vehículos y su aplicación estricta se circunscribe a ese ámbito.

Cuando las lesiones proceden de un delito doloso, como sucede con un puñetazo intencionado, los tribunales pueden tomarlo como referencia e incluso corregir sus cantidades al alza, pero conservan un margen de valoración mucho mayor.

La víctima

(Imagen: E&J)

La diferencia no es menor. Un accidente provocado por imprudencia y una agresión consciente pueden ocasionar físicamente el mismo daño, pero la causa y el reproche jurídico no son iguales. De ahí que el baremo constituya una herramienta útil para evitar indemnizaciones arbitrarias, aunque no pueda convertirse en una tabla de aplicación automática para cualquier lesión producida fuera del tráfico.

En este caso, el juzgado ni siquiera afirmó expresamente que estuviera aplicando el baremo. Utilizó criterios y cantidades que podían guardar cierta relación con él, pero valoró las lesiones, los gastos acreditados y los informes médicos de acuerdo con las circunstancias concretas. Por ello, la Audiencia no aprecia que exista una aplicación incorrecta que le permita rehacer los cálculos.

El obstáculo procesal para revisar la cicatriz

La cicatriz planteaba, además, una dificultad procesal determinante. La sentencia había declarado como hecho probado que constituía un perjuicio estético ligero. Para conceder los 12.500 euros solicitados habría sido necesario modificar ese relato y calificarla como moderada, pero semejante cambio dependía de la valoración de una prueba pericial practicada ante la jueza de instancia.

Los magistrados de apelación no habían presenciado aquella prueba ni podían apreciar con suficiente claridad la visibilidad y repercusión real de la cicatriz. El visionado de la grabación tampoco permitía comprobarla adecuadamente. En consecuencia, no podían sustituir la valoración de quien sí había escuchado a los peritos y observado directamente las pruebas.

La forma de plantear el recurso tuvo aquí una importancia fundamental. La víctima pidió principalmente que se revocara la sentencia y se incrementara la indemnización. La Audiencia señala que una petición de nulidad parcial correctamente articulada podría haber recibido otro tratamiento, pero no podía modificar directamente los hechos probados basándose en una prueba personal que no había practicado.

El criterio imparcial del médico forense

Algo semejante sucede con las lesiones dentales. El perito de la víctima calculaba que las coronas deberían sustituirse varias veces durante su vida y estimaba unos gastos futuros considerablemente mayores. La perito de la defensa ofrecía una previsión inferior. El juzgado aceptó la necesidad de indemnizar el tratamiento ya realizado y reconoció inicialmente 1.100 euros para una futura sustitución, pero decidió que un médico forense imparcial determinara durante la ejecución de la sentencia el periodo de curación y los restantes perjuicios personales.

El tribunal

(Imagen: E&J)

La Audiencia considera razonable esta solución. La existencia de dos valoraciones médicas radicalmente enfrentadas no obliga al tribunal a aceptar la más elevada, sino que justifica acudir a un profesional imparcial que pueda examinar la evolución completa del tratamiento y asesorarse, si fuera necesario, con especialistas en odontología.

El perjudicado cuestionó que el médico forense tuviera la preparación específica necesaria, pero la Sala rechaza esta objeción. Los forenses pueden recurrir a otras fuentes de conocimiento y solicitar el apoyo de especialistas cuando la naturaleza de la lesión lo exija. La mera falta de especialización odontológica no permite desacreditar anticipadamente su intervención.

Una lección sobre la prueba y el recurso

La Audiencia desestima así el recurso y mantiene las indemnizaciones de 2.833 y 7.010 euros, sin perjuicio de la cantidad adicional que se determine posteriormente para las lesiones dentales. La resolución todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo por infracción de ley.

El pronunciamiento (disponible en el apartado ‘descargar resolución’) deja una enseñanza práctica para víctimas y abogados: el baremo de tráfico puede ayudar a calcular una reclamación por lesiones intencionadas, pero no garantiza que el tribunal vaya a conceder exactamente sus cantidades.

También demuestra que para aumentar una indemnización en apelación no basta con presentar un informe más favorable o considerar escasa la valoración inicial. Es necesario identificar el error judicial concreto y escoger correctamente el remedio procesal.

Porque una cosa es que el daño resulte evidente y otra, muy distinta, que cualquier cantidad reclamada quede automáticamente demostrada. La justicia debe reparar íntegramente a la víctima, pero la indemnización no nace de una tabla ni de la cifra más elevada: nace de la prueba y de la manera jurídicamente correcta de hacerla valer.

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