El Reglamento europeo de IA y su aplicación sancionadora en España
Mientras no se promulgue una ley en nuestro Derecho, en España no será posible imponer las sanciones por incumplimiento de las obligaciones del RIA
(Imagen: E&J)
El Reglamento europeo de IA y su aplicación sancionadora en España
Mientras no se promulgue una ley en nuestro Derecho, en España no será posible imponer las sanciones por incumplimiento de las obligaciones del RIA
(Imagen: E&J)
El Reglamento europeo de inteligencia artificial (RIA o AI Act) establece un régimen sancionador mixto.
A nivel nacional, los Estados miembros deben establecer un régimen de sanciones y otras medidas de garantía del cumplimiento (multas administrativas, advertencias, medidas no pecuniarias) para las infracciones cometidas por los operadores, asegurando que sean efectivas, proporcionadas y disuasorias, y teniendo en cuenta las directrices de la Comisión Europea.
A nivel de la Unión Europea, la Oficina de IA tiene las competencias sancionadoras específicas respecto de los proveedores de modelos de IA de uso general y determinados sistemas de IA basados en modelos de uso general y sistemas integrados en plataformas en línea de muy gran tamaño o motores de búsqueda de muy gran tamaño. Y el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) ostenta las competencias sancionadoras respecto a las instituciones, órganos y organismos de la Unión que infrinjan el Reglamento.
Por lo demás, el régimen sancionador se integra en un sistema más amplio de vigilancia del mercado.
Suscríbete a nuestra
NEWSLETTER
Los sistemas de IA vinculados a producto (art. 6.1 y anexo I) están sometidos a los procedimientos de vigilancia del mercado y medidas correctoras. Las autoridades de vigilancia del mercado: i) evalúan el sistema controvertido; ii) adoptan medidas correctoras (adaptación, retirada, recuperación) en plazo máximo de 15 días hábiles; e iii) informan a los organismos notificados y a la Comisión cuando el incumplimiento no se limita a su territorio.
Si el operador incumple, la autoridad adoptará medidas provisionales para prohibir o restringir la comercialización o puesta en servicio, retirar o recuperar el sistema, notificando a la Comisión y a otros Estados miembros.
Estas medidas pueden coexistir con las sanciones económicas, y su adopción será relevante en la graduación de las multas.

(Imagen: E&J)
Este diseño responde al principio de atribución y proporcionalidad del art. 5 TUE, que reserva a la Unión Europea la fijación de umbrales máximos armonizados y deja a los Estados miembros la concreción procedimental y la aplicación ordinaria frente a operadores establecidos en su territorio.
Por tanto, los Estados miembros tienen que aprobar una ley que tipifique las infracciones conforme a las categorías del art. 99 RIA, establezca el procedimiento sancionador, órganos competentes internos, recursos y ejecución, determinar el régimen sancionador aplicable a autoridades y organismos públicos (art. 99.8) y designar las autoridades nacionales competentes (en España, la principal es la AESIA y otras sectoriales) con funciones de vigilancia del mercado, investigación y sanción.
Tal era precisamente el objeto principal de la prevista Ley orgánica para el buen uso y la gobernanza de la IA, cuya tramitación ha decaído tras la convocatoria de elecciones generales. Por tanto, y mientras no se promulgue una ley en nuestro Derecho, en España no será posible imponer las sanciones por incumplimiento de las obligaciones del RIA.
¿Significa que los incumplimientos queden impunes? Rotundamente no.
Además de que la Oficina de IA se encarga de la supervisión y eventual sanción de los sistemas de IA más relevantes, la mayor parte de sistemas de IA utilizan datos personales, por lo que son aplicables las sanciones del RGPD y de la LOPDGDD. En cuanto a las ayudas y subvenciones ligadas a la IA, las Órdenes de bases reguladoras aprobadas (p.ej. Orden ETD/668/2021, Orden TDF/1213/2025) remiten al régimen sancionador de la Ley General de Subvenciones para infracciones en proyectos de IA financiados con fondos públicos.

(Imagen: E&J)
Por otra parte, el vigente Estatuto de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), aprobado por el Real Decreto 729/2023, de 22 de agosto, establece en su artículo 10 dos competencias muy relevantes para nuestra AESIA.
De una parte, la creación de un marco de certificación voluntario para entidades privadas, que permita ofrecer garantías sobre el diseño responsable de soluciones digitales y garantizar los estándares técnicos, evitando la sobrerregulación y permitiendo la innovación. De ahí que esta certificación sea un instrumento muy relevante para acreditar el compliance del RIA.
De otra, la supervisión de los sistemas de inteligencia artificial “para garantizar el cumplimiento de la normativa, tanto nacional como europea, sobre la inteligencia artificial que lleve aparejada el uso de esta tecnología, cuya competencia sea asumida por la Agencia. Más concretamente, le corresponderá la supervisión y, en su caso, sanción de acuerdo con lo estipulado en la normativa europea en lo que respecta a la supervisión de sistemas de Inteligencia Artificial”.
El RIA, además de sanciones, incluye la posibilidad de adoptar medidas cautelares en el marco de vigilancia del mercado que antes hemos señalado, para lo cual nuestra AESIA estaría ya habilitada.
Por lo demás, en mi experiencia como experto del sandbox español de IA y como consultor he comprobado el fuerte compromiso que tienen nuestras empresas, startups y administraciones públicas más innovadoras de cumplir con las reglas del RIA, por lo que podemos tener una gran confianza en la industria española de IA.


